Punto de recarga
El Congreso de los Diputados ha aprobado al fin la Ley de Movilidad Sostenible, tras un largo proceso parlamentario que ha requerido meses de negociaciones.
El texto abre una nueva etapa para el desarrollo del transporte limpio en España. No se trata solo de una norma más, sino de un marco regulatorio que, si se implementa correctamente, puede transformar la manera en que planificamos la movilidad en las ciudades y en el conjunto del territorio.
Durante años, España ha intentado avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y descarbonizado, pero los avances han sido lentos.
Las trabas administrativas, la fragmentación normativa y la falta de coordinación entre administraciones han frenado el despliegue de infraestructuras esenciales, como las de recarga eléctrica.
Entre las novedades que incorpora, hay dos medidas que pueden tener un impacto real e inmediato sobre el ecosistema de la movilidad eléctrica.
La primera es la obligación para los ayuntamientos de establecer objetivos anuales mínimos de implantación de puntos de recarga en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE).
Por primera vez, la ley vincula directamente la planificación urbana con la infraestructura eléctrica necesaria para sostener la movilidad del futuro.
Esto permitirá anticiparse a la demanda y que la red de recarga se dimensione con una visión de conjunto. Además, sitúa la generación, transmisión y servicio de la energía en el centro del debate sobre las ciudades del mañana.
La segunda medida clave es la introducción de la declaración responsable como procedimiento para autorizar las obras de infraestructura de recarga, aplicable a todas las fases y tipos de suelo.
Este cambio puede suponer una reducción drástica de los plazos de tramitación, que hoy pueden superar los 18 meses solo esta fase, y facilitar la puesta en marcha de nuevas instalaciones.
En la práctica, esto descarga la administración y significa una gestión más ágil, capaz de acompañar el ritmo de un sector que evoluciona rápidamente y necesita certidumbre para invertir y crecer.
Ambas disposiciones responden a una visión compartida por buena parte del sector: para avanzar hacia la movilidad eléctrica no basta con voluntad política, hace falta una regulación eficaz que elimine barreras y cuellos de botella.
El reto de la descarbonización del transporte no es solo tecnológico, sino también administrativo. Cada semana de retraso en la conexión de un punto de recarga es una oportunidad perdida para acelerar la transición.
La aprobación de la ley supone también un reconocimiento implícito de que la movilidad sostenible no puede abordarse únicamente desde la óptica urbana.
El vehículo eléctrico y las energías renovables deben convertirse en herramientas de cohesión territorial. Los municipios rurales o de menor tamaño no pueden quedar al margen del despliegue de infraestructura. Llevar la recarga a estas zonas es una forma de impulsar la economía local, mejorar la conectividad y reducir las desigualdades.
Ahora bien, la aprobación es solo el primer paso. Su eficacia dependerá de cómo se desarrollen los reglamentos, de la coordinación entre administraciones y de la capacidad de las entidades locales para adaptarse a las nuevas obligaciones.
También será clave el apoyo financiero y técnico que reciban los municipios para cumplir con los objetivos de instalación de puntos de recarga. La ley traza el camino, pero recorrerlo requerirá compromiso, inversión y colaboración público-privada.
La Ley de Movilidad Sostenible llega, por tanto, en un momento decisivo. El parque automovilístico español avanza, aunque lentamente, hacia la electrificación, y el país cuenta con un enorme potencial en generación de energía renovable. Alinear ambas dimensiones -energía y transporte- es una oportunidad que España no puede desaprovechar.
Si algo demuestra este nuevo marco normativo es que la transición energética y la movilidad eléctrica ya no son conceptos de futuro: son una realidad que exige acción inmediata.
La ley recién aprobada puede ser el catalizador que necesitábamos para acelerar el cambio. El siguiente desafío será garantizar que cada artículo se traduzca en hechos, que los plazos se cumplan y que la movilidad sostenible llegue a todos los territorios. Solo así podremos hablar de un modelo verdaderamente eficiente, equitativo y preparado para el futuro.
***David Vallespín, coCEO de Eranovum