Incendio forestal se acerca a Quiroga, a 17 de agosto de 2025, en Quiroga, Lugo, Galicia (España).
Cada verano España se quema y con ella se destruye no solo un patrimonio natural irremplazable, sino también una parte nada desdeñable de la riqueza nacional. Los incendios forestales se presentan siempre como un drama ambiental, pero rara vez se entienden como lo que son también: un problema económico de primer orden.
Según cálculos de la Comisión Europea, el coste acumulado de los incendios equivale a cerca del 4,5% del PIB español, más de 70.000 millones de euros, una cifra comparable al doble del presupuesto anual de Defensa.
La magnitud del problema queda clara en los registros oficiales. En 2023 ardieron más de 63.000 hectáreas en nuestro país y la administración pública destinó cerca de 2.700 millones de euros a tareas de extinción.
El coste medio de apagar una hectárea se aproxima a los 10.000 euros, a lo que se añade una factura posterior de reforestación que ronda entre 4.000 y 5.000 euros por hectárea.
Pero más allá de los costes directos, los incendios generan pérdidas económicas que se extienden durante años en la agricultura, el turismo, el transporte o la construcción.
El fuego cuesta decenas de miles de millones, pero la verdad más cruda es que esos millones se fragmentan en miles de dramas invisibles
Los estudios sobre el sur de Europa, donde España es uno de los países más vulnerables, concluyen que cada temporada de incendios reduce el crecimiento económico anual entre un 0,11% y un 0,18%. Eso significa que, cada verano, el fuego se lleva entre 13.000 y 21.000 millones de euros de nuestra riqueza.
En temporadas extremas, el impacto puede alcanzar el equivalente a una contracción del 5% del crecimiento regional. Son cifras que no aparecen en los balances oficiales, pero que marcan la diferencia entre prosperidad y estancamiento en muchas zonas rurales.
El daño tiene también un rostro humano. En Castilla y León, los incendios de este verano destruyeron unas tres mil colmenas, dejando a un centenar de apicultores sin sustento. La recuperación de esos enjambres puede tardar entre tres y ocho años, de manera que el incendio de un solo día se traduce en una condena económica que dura casi una década.
Y el caso de la apicultura es solo un ejemplo; en cada incendio se pierden olivares centenarios, viñedos que tardaron generaciones en cultivarse, pequeñas queserías artesanales que dependen del pasto de un valle concreto o huertos familiares que alimentan tanto como generan un ingreso extra.
El fuego cuesta decenas de miles de millones, pero la verdad más cruda es que esos millones se fragmentan en miles de dramas invisibles, en microexplotaciones agrícolas y ganaderas que nunca volverán a levantarse.
Bastan unos pocos incendios de gran magnitud para anular por completo el ahorro anual en emisiones de todas esas infraestructuras
El Barómetro de las Catástrofes elaborado por la Fundación AON estima que los desastres naturales, en su mayoría incendios, supusieron en un solo año más de 1.200 millones de pérdidas directas en empresas y más de 25.000 empleos destruidos.
Lo que no aparece en la estadística es que buena parte de esos empleos son precarios, temporales, ligados a explotaciones agrícolas familiares, a industrias de la madera que apenas sobreviven o a iniciativas turísticas rurales que mueren cuando el paisaje queda reducido a cenizas.
Y a todo ello se suma un impacto climático que multiplica la tragedia. Según un informe del European State of the Climate, en 2024 los incendios en Europa liberaron 23 megatoneladas de CO₂ a la atmósfera.
La comparación es asoladora ya que una sola hectárea quemada puede emitir tantas toneladas de carbono como las que un parque solar evitaría en varios años de funcionamiento. Una instalación eólica de tamaño medio evita entre 10.000 y 15.000 toneladas de CO₂ al año, una gran planta solar unas 40.000.
Bastan unos pocos incendios de gran magnitud para anular por completo el ahorro anual en emisiones de todas esas infraestructuras. Es la ley implacable de los números, por mucho esfuerzo que se haga en transformar la generación eléctrica, mientras cada verano el país arda, el balance climático seguirá en rojo.
Entre 2009 y 2022 la inversión pública española en prevención de incendios se redujo a la mitad, mientras los costes de extinción no han dejado de crecer
La paradoja es que conocemos la solución. Expertos y organismos internacionales coinciden en que por cada euro invertido en prevención se pueden ahorrar hasta cien en extinción. El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado que, a pesar de esta evidencia, los fondos europeos y nacionales se destinan de forma insuficiente y, en ocasiones, con criterios que no responden al riesgo real.
Entre 2009 y 2022 la inversión pública española en prevención de incendios se redujo a la mitad, mientras los costes de extinción no han dejado de crecer. A nivel europeo se calcula que una inversión sostenida de 1.000 millones de euros al año en medidas preventivas podría evitar daños futuros valorados en hasta 99.000 millones.
El resultado de esta falta de previsión es que España se empobrece silenciosamente. Cada hectárea quemada es riqueza que desaparece, cada incendio es una reducción del PIB y una pérdida de empleo, cada temporada estival es un nuevo retroceso económico.
El humo no solo oscurece el cielo, oscurece también nuestras cuentas, las perspectivas de desarrollo y el futuro de quienes dependen de un territorio que cada año se reduce a cenizas.