En los telediarios asistimos acostumbrados a las noticias sobre incendios forestales. Parece un país conformista y conformado. Salvo para los directos perjudicados, las noticias entran en la rutina diaria. Casi no hay declaraciones de los partidos y las fuerzas parlamentarias sobre el asunto y, si las hay, resultan chuscas.

Todo se escuda en las altas temperaturas y la dureza climática. Como si nadie hubiera esperado un verano con olas de calor.

La prevención de incendios no está en el debate nacional. Absurdo cuando las consecuencias son terribles.

Se calcula que las pérdidas directas superan los 2.000 millones de euros anuales. A lo que hay que añadir los efectos en el turismo; dificultad de recuperación del paisaje; destrucción de elementos productivos; mayor despoblación rural; pérdida de biodiversidad; erosión de la corteza vegetal; posible desertización; aceleración del cambio climático; destrucción de viviendas familiares; …

Las competencias sobre prevención, extinción de incendios forestales y recuperación socio-ambiental del territorio están distribuidas entre el estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos; incluyendo en algunos casos a las diputaciones provinciales o cabildos insulares.

Aunque todos los años se pierden miles hectáreas de bosque en España, no se ha visto un gran debate en el Congreso de los Diputados al respecto.

Precisamente por esa dispersión de competencias es necesario un plan general de prevención, extinción de incendios forestales y recuperación del territorio. Existe un Programa Nacional de Prevención de Incendios Forestales, con un Centro de Coordinación de la Información Nacional sobre Incendios Forestales (CCINIF) dentro del Ministerio de Transición Ecológica y el reto Demográfico (MITECO).

Sin embargo, aunque todos los años se pierden miles de hectáreas de bosque en España, no se ha visto un gran debate en el Congreso de los Diputados al respecto.

Quizás sea porque no es un debate ni simple, ni atractivo, para la política nacional. Estamos acostumbrados a debates de brocha gorda y demagogia barata.

Por eso los debates, que exigen estudios técnicos serios, análisis de datos y experiencias comparadas, no son atractivos para nuestros políticos.

Cabe la duda de que un gran número de los miembros de las Cortes, los parlamentos autonómicos o los consistorios municipales puedan mantener una discusión profunda sobre un tema tan complejo y, sobre todo, cabe la duda de que interese a los líderes. Además, es un tema difícil de entusiasmar a los tertulianos y difusores del debate político.

Las responsabilidades deberían medirse en función de una serie de metas y objetivos

Pero independientemente de lo “sexi” que resulte políticamente el tema de los incendios forestales, la falta de un debate profundo es un error claro de la política española.

En ese debate deberían marcarse claramente quienes tienen responsabilidades en la prevención, extinción de incendios forestales y recuperación del territorio.

Las responsabilidades deberían medirse en función de una serie de metas y objetivos.

Resulta sorprendente que en los incendios de Castilla-León de este año se pidan responsabilidades por la falta de presencia de responsables políticos.

Cuando la responsabilidad está en que no se produzcan y, si lo hacen, se extingan lo antes posible con una rápida recuperación del territorio.

Los incendios forestales se consideran algo que ocurre y es imposible de evitar y, por tanto, nadie es realmente responsable

La presencia de responsables políticos en una tragedia -y un incendio forestal lo es- es buena. Compadecer a los que sufren sus consecuencias es un deber político, ético y estético.

Pero más importante es la eficacia en la prevención, extinción de incendios forestales y recuperación del territorio. Y, como en los objetivos de cualquier organización, los responsables políticos y técnicos deben tener que responder sobre sus objetivos (KPY en jerga empresarial) y la evolución de los mismos.

Si no los hay, como ahora ocurre, no es posible exigir responsabilidades políticas y técnicas.

Por eso, en realidad, en estos momentos no responde nadie

Los incendios forestales se consideran algo que ocurre y es imposible de evitar y, por tanto, nadie es realmente responsable. Todo funciona como si se tratase de un fatalismo irreparable.

No es verdad. Nada de lo que ocurre es inevitable. Por eso, a lo largo de la jerarquía política, desde el presidente Sánchez hasta los responsables de todo tipo a nivel municipal, todos deberían responder en la medida de sus capacidades, responsabilidades y objetivos asignados.

Porque: ¿Quién responde políticamente de las improvisaciones, incumplimientos, incapacidades,… sobre prevención, extinción de incendios forestales y recuperación del territorio?

Si nadie tiene objetivos, nadie responde y las cosas seguirán siendo, como hasta ahora, fatalmente inevitables.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.