Mientras el Gobierno español se jacta de ser el alumno aventajado de la clase europea, la Unión Europea ha decidido darle un tirón de orejas que resuena hasta en los bolsillos más vacíos. La Comisión Europea ha congelado 1.126 millones de euros del quinto desembolso de los fondos, unos 24.137 millones que España esperaba como agua de mayo.
¿El motivo? Incumplimientos tan flagrantes que ya se veían venir: no subir el impuesto al diésel, retrasos en digitalizar ayuntamientos y una reforma de interinos que parece escrita en arena. Y, mientras el Gobierno saca pecho con cifras que anestesian a la galería, los ciudadanos y las pymes se preguntan: ¿dónde está el dinero que iba a transformar nuestra economía?
No se puede decir que España no haya hecho los deberes con los fondos europeos, al menos en parte. Con 37.000 millones recibidos y 600.000 proyectos financiados, hemos sido los primeros en la cola para recoger el cheque. Pero, como en una tragicomedia, cuando toca cumplir con Bruselas, el guion se desmorona.
La no implementación del impuesto al diésel, ese gran compromiso para la "transición verde", se quedó en un cajón, probablemente por miedo a enfadar a transportistas o agricultores, ya suficientemente vapuleados. La digitalización de ayuntamientos, que iba a llevarnos al siglo XXI, avanza a paso de tortuga, atrapada en la burocracia autonómica.
Y la reforma de los interinos, esa joya que ya estaba aprobada, ha sido revertida con la elegancia de un elefante en una cacharrería.
Y los ciudadanos, que vemos cómo la inflación se come el 15% de nuestro poder adquisitivo desde 2021
El resultado: 1.126 millones congelados, una cantidad que, aunque "solo" es el 4,7% del desembolso, duele como una bofetada. Porque no es solo dinero; es la señal de que la gestión de los fondos, ese supuesto milagro español, tiene más agujeros que un colador.
Y mientras el Gobierno culpa a las autonomías y las autonomías al Gobierno, los proyectos de digitalización, energías renovables y modernización se quedan en el limbo.
Si alguien esperaba que los Fondos NGEU fueran la varita mágica para sacar a España del atolladero, que se prepare para la decepción. Las pymes, que representan el 99,8% de las empresas españolas y sostienen el 65% del empleo, están asfixiadas por una presión fiscal que alcanzó el 38,7% del PIB en 2023, según la OCDE.
De acuerdo con el estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE), las empresas españolas aportan el 32,4% de la recaudación total, frente al 25,8% de la media UE. Todo eso se traduce en menos competitividad, menos innovación y más cierres en un país donde emprender ya es una carrera de obstáculos.
Y los ciudadanos, que vemos cómo la inflación se come el 15% de nuestro poder adquisitivo desde 2021, no tenemos mucho que celebrar. El Gobierno alardea de un crecimiento del 2,6% en 2025, pero en los bolsillos solo hay ecos.
La factura de la luz sube, los impuestos aprietan y los fondos europeos, que debían ser el salvavidas, se enredan en la burocracia
El desempleo, aunque, según datos oficiales bajó al 10,61% en el cuarto trimestre de 2024, en el primer trimestre de 2025 subió al 11,4%, según el INE. Y eso sin contar el "paro oculto": 1,1 millones de fijos discontinuos inactivos y otros demandantes de empleo no ocupados que no aparecen en las estadísticas oficiales.
Esto elevaría el paro real a unos 3,6 millones de personas en 2025, un 31% más que el dato oficial, de acuerdo con los cálculos del economista Daniel Lacalle.
Incluso las cifras oficiales siguen siendo de las más altas de Europa, y los empleos creados son tan estables como un castillo de naipes. Mientras, la factura de la luz sube, los impuestos aprietan y los fondos europeos, que debían ser el salvavidas, se enredan en la burocracia.
Si la congelación de fondos es un drama, la caída de la inversión extranjera directa (IED) es el clímax. En 2023, la IED se desplomó un 20%, pasando de 28.000 a 22.400 millones de euros, según el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque los inversores no son tontos.
El Instituto de Estudios Económicos advierte que la presión fiscal empresarial, un 24% superior a la media UE, y las regulaciones de control de IED, endurecidas en 2023, ahuyentan a los inversores.
En un país que debe reducir el déficit al 3% del PIB para 2027, según las reglas de la UE, menos fondos significan más impuestos o recortes
Desde septiembre de 2023, las autorizaciones de IED toman solo 3 meses, pero la burocracia y la incertidumbre regulatoria siguen siendo un freno. Sin IED robusta, la creación de empleo de calidad y la innovación tecnológica se estancan, dejando a España en desventaja frente a competidores europeos.
Los Fondos NGEU debían ser el imán para atraer capital, pero con incumplimientos como los actuales, Bruselas y los inversores empiezan a mirar con lupa.
La congelación de 1.126 millones no es el fin del mundo, pero es un aviso de que el tren de los fondos europeos puede descarrilar. Con plazos críticos en diciembre de 2025 para comprometer las ayudas y agosto de 2026 para cerrar el Mecanismo de Recuperación, cada error cuenta.
España aún tiene por delante hasta 163.000 millones de euros en fondos (de los cuales 37.000 millones ya se han recibido), pero si no se pone las pilas con las reformas, podría perder parte de ese maná.
Y en un país que debe reducir el déficit al 3% del PIB para 2027, según las reglas de la UE, menos fondos significan más impuestos o recortes. Adivinen quién pagará la cuenta.
A esto se suma el agujero negro de la corrupción, que la UE señala como un “alto riesgo” en contratos públicos. España ha caído 10 puestos en el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparencia Internacional, mientras el 40% de las empresas denuncian que la corrupción les impide ganar licitaciones.
La ausencia de una Estrategia Nacional Anticorrupción, retrasada desde 2024, y la lentitud en investigar casos de alto nivel erosionan la credibilidad del Gobierno. España no ha perdido aún los fondos, pero sí ha perdido el beneficio de la duda. Y eso, en Bruselas, cuesta muy caro.
