Carlos Cuerpo, ministro de Economía
La decisión del Consejo de Ministros de imponer condiciones a la opa de BBVA a Banco Sabadell supone limitar hasta prácticamente eliminar la principal razón de ser de la operación, que no es otra que obtener una estructura única integrada de todos sus negocios, empleados y sucursales.
Precisamente, la fórmula de la Oferta Pública de Adquisición (opa) es la que permite no sólo tomar el control de una compañía por parte de otra ofreciendo una prima interesante a sus accionistas sino también absorber todos los elementos orgánicos, estructurales y de negocio.
Todo ello para aprovechar las sinergias, limpiar todo aquello que estorbe y generar una entidad más grande, más capitalizada, con mayor musculatura financiera que dé estabilidad y profundidad al mercado financiero y, por consiguiente, más rentable para el accionista.
De todas las posibles combinaciones de medidas que podía tomar el Gobierno, la más inesperada es que optara directamente por prohibir la fusión en el más estricto sentido, impidiendo que afloren las sinergias operativas, recortar costes, desconsolidar algunos activos menos interesantes y, sobre todo, crear un “data” único para rediseñar su oferta de productos y servicios a la caza de nuevos clientes y mercados.
Impidiendo la plena absorción, BBVA queda en un lugar de difícil salida dado que de continuar la operación (y siempre y cuando consiga el porcentaje mínimo de aceptación de los accionistas de Sabadell) deberá aceptar postergar el beneficio de la fusión como mínimo 3 años mientras que corre con el coste explícito hoy de comprar las acciones de Sabadell.
¿Qué opinarán los accionistas del banco vasco? ¿Estarán dispuestos a asumir el coste presente a cambio de unos beneficios inciertos (aunque probables) futuros en los que el Gobierno se reserva una especie de ‘put’ que no se sabe muy bien hacia dónde podría ir?
Veremos cuál es la reacción de las dos entidades implicadas (BBVA y Sabadell), pero especialmente habrá que ver la opinión de los reguladores, ya que de llevarse a cabo la operación en los términos aprobados por el Gobierno, puede acarrear cuatro problemas principales:
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De competencia, dado que cualquier decisión, producto o campaña puede ser interpretada como abuso de posición de dominio en los segmentos donde ambos bancos tienen ventajas competitivas como la banca de empresas, los sistemas de pagos electrónicos o la gestión de activos, entre otros.
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Una ratio de eficiencia desbocada en su lectura como grupo debido a la duplicidad de estructuras, algo que va en contra de la tendencia que la banca española sigue muy bien con ratios de eficiencia en torno o por debajo del 50%.
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De regulación y supervisión macro y microprudencial con la alteración de las ratios de capital y solvencia, colchones anticíclicos…
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La política de retribución al accionista en un contexto en el que las entidades financieras han aprovechado para “abrir el grifo” vía recompra de acciones después de años de contención.
La cuestión jurídica tanto en los reguladores nacionales como los europeos no es menor. Será necesario recabar la opinión de los expertos en la materia.
Desde el lado económico-financiero, la conclusión más palpable es que el Gobierno español ha colocado la opa en “tierra de nadie”.
Si BBVA se retira, significará que ha fracasado su estrategia de crecimiento inorgánico en España, que intentaba seguir el camino emprendido años atrás por CaixaBank en su operación de fusión con Bankia.
En cambio, si no se retira, se enfrenta a un escenario en el que necesariamente tendrá que ofrecer un precio que, como mínimo, tiene que revertir la prima negativa actual (-4% al cierre del martes 24) y que para ser atractivo debería mejorarse en un 20%.
El Gobierno le ha dado una importancia extraordinaria dándole un sentido político, territorial y social muy superior al que realmente le corresponde
En definitiva, lo que aparentemente era una operación más con poco sentido financiero (en vez de optar por una fusión transnacional europea se decidió concentrar riesgo en España y con bases muy débiles al pagar en papel y con prima que se hizo enseguida negativa) el Gobierno le ha dado una importancia extraordinaria dándole un sentido político, territorial y social muy superior al que realmente le corresponde, corriendo con un coste elevado en términos de seguridad jurídica.
Cierto es que la intervención pública es inevitable (y en la mayor parte de los casos deseable) en el sector bancario, dado que a ninguno otro se le permite crear dinero y que a cambio de esto debe estar sujeto a una regulación estricta.
Pero una cosa es esto y otra muy distinta es desmontar una opa sin que lo parezca.
*** Javier Santacruz es economista.