Fotomontaje de parques eólicos, fotovoltaicos y redes eléctricas
Se acaba de conocer el informe que ha preparado el Ministerio de Transición Ecológica sobre el cero total energético del pasado 28 de abril.
Entre las muchas cosas que destaca el Informe (que describe un sistema lleno de debilidades) está una visión muy crítica de un sistema de despliegue de la renovables en los últimos 25 años que, concluye, ha generado muchos problemas en la red.
Esta es solo la punta del iceberg. El sistema de regulación de las renovables en España en los últimos 25 años ha sido la historia de un gran fracaso. Ha sido eficaz en términos de cantidad, pero extraordinariamente ineficiente en términos de coste.
Nuestra regulación ha “regalado” un recurso público escaso y caro que es el acceso a la red al que primero llegó.
Esta conclusión es poco discutible pero no se ha asumido suficientemente por los diferentes intereses del sector y, sin embargo, debería dar lugar a una reforma en profundidad del sistema de regulación del despliegue de las renovables.
Entre los años 2000 y el 2015 el sistema ha fracasado por un incentivo desproporcionado a las renovables (100.000 millones de euros) para construir plantas de bajísimo rendimiento (recordemos que el coste del rescate bancario fue de “solo” 66.000 millones). El coste económico de esta factura, que seguimos pagando los consumidores y la eficiencia de nuestra industria, nunca ha sido objeto de suficiente debate.
Entre 2015 y 2025 el sistema está plagado de problemas por un desorden y falta de planificación muy relevante, que ha permitido la especulación con los proyectos, resultando en un despliegue renovable que produce energía hasta la fecha cara, puntualmente sin remuneración, de precio inestable y que no permite una claridad en los precios a largo plazo para el inversor, ni a la Administración planificar.
Que haya sido exitosa en lo cuantitativo no puede ocultar que la regulación haya sido un fracaso.
En vez de regular un precio de energía vinculado al coste de la producción, hay un elemento extraordinariamente especulativo.
El problema regulatorio de fondo reside en que el derecho al desarrollo de los proyectos se ha basado en la mera solicitud (prior tempore potior iure) del derecho a la conexión energética, sin evaluación alguna de la calidad del proyecto, eficiencia para la red, complejidad de mantener la estabilidad del sistema en esa área geográfica, etc, pues en el momento en que se otorga ese derecho no hay en puridad proyecto alguno.
Ello ha generado un enorme mercado de especulación de proyectos que ha hecho que el desarrollo de plantas renovables haya sido mucho más caro (y desordenado e ineficiente técnicamente como reconoce ahora el Gobierno) de lo que debería haber sido.
¿Porqué? Porque nuestra regulación ha “regalado” un recurso público escaso y caro que es el acceso a la red al que primero llegó, sin concurso de ningún tipo, sin valoración de la calidad del proyecto, sin planificación previa alguna y generando una especulación y desorden sin parangón.
Esto no es nuevo, en 2018 y 2020 el Gobierno tuvo que aprobar medidas en forma de hitos de desarrollo de los proyectos para conseguir tener la información real de del despliegue de las renovables en España que no tenía. Hasta tal punto ha llegado el desorden.
Es urgente cambiar el modelo regulatorio hacia un sistema en el que el derecho al acceso a la red se licite al mejor postor.
En segundo lugar, nuestro sistema regulatorio de las renovables se ha basado en un sistema (después de abandonar el pago de primas) marginalista para fijar el precio de la energía producida.
Sin perjuicio de que esto en parte ha venido hasta 2024 condicionado por la regulación europea (desde junio de 2024 la limitación es mucho menor), el efecto práctico es que la financiación de los proyectos ha sido compleja y ha dependido de factores externos poco previsibles.
En vez de regular un precio de energía vinculado al coste de dicha producción, nuestro sistema tiene, para las renovables, un elemento extraordinariamente especulativo y que no les permite obtener por ello eficiencia alguna. El sistema marginalista tiene sentido para que los ciclos compitan en eficiencia con la nuclear o con las grandes presas pero no para el despliegue de las renovables.
Es urgente cambiar el modelo regulatorio hacia un sistema en el que el derecho al acceso a la red se licite al mejor postor (el que ofrezca la energía al sistema más barata) y que, a la vez, a este promotor se le garantice a largo plazo ese precio que ha ofertado.
Este cambio difícilmente va a remediar en el corto plazo los impactos negativos en el sistema que ahora el Gobierno en el informe sobre el Apagón detecta, pero al menos no empeoraremos la situación.
*** Juan Martínez Calvo es abogado del despacho Simmons&Simmons
