
Las calles de Ciudad Real sin iluminación por la noche debido al apagón, a 28 de abril de 2025, en Ciudad Real, Castilla-La Mancha (España).
Un mes del apagón en España: ¿jaque a la agenda verde europea?
Un mes después del inédito cero energético que asoló a la Península Ibérica, la política energética comunitaria se sitúa en el punto de mira, con un debate incandescente sobre el protagonismo de las renovables y la verdadera resiliencia de la red y el sistema frente a shocks futuros en un contexto geopolítico sumamente volátil e incierto.
El pasado 28 de abril de 2025 pasará a los anales de la historia como la fecha del mayor apagón de la era eléctrica en España y el peor de la historia de la UE por número de afectados, al dejar sin luz durante horas a más de 60 millones de personas. Una situación tan anómala como enigmática, pues un mes después del incidente que puso en jaque el sistema de generación eléctrica en nuestro país, aún se desconoce la causa primaria que desencadenó el apagón ibérico.
Como comprender es aliviar, cuanto más se prolonga en el tiempo la incertidumbre (el primer informe concluyente del Gobierno no llegará hasta dentro de dos meses; seis en el caso de la investigación lanzada a nivel comunitario), más se avivan las especulaciones sobre la propia solidez del sistema y la composición del mix energético que lo abastece. En este contexto, son muchos los que han aprovechado la coyuntura para demonizar a las renovables y cuestionar la hoja de ruta europea sobre la transición energética y climática, que prevé un 45% de energía limpia para el consumo final en toda la UE en 2030. En el caso de España, el Plan Energético Nacional eleva esta cifra a más del 80% para el final de esta década.
Aunque la propia Comisión Europea se ha esforzado en desvincular el incidente del peso de las renovables y el Gobierno atribuye a la derecha parlamentaria y al lobbly pronuclear el descrédito al papel de las energías limpias, lo cierto es que hay valoraciones de actores técnicamente muy solventes que avalan la legitimidad del debate. En este sentido, hace unos días conocíamos que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), regulador independiente, y la propia Red Eléctrica, ya alertaron en un informe de 2023 sobre los riesgos de pérdida de suministro en un completo informe que mencionaba varios factores.
Factores que incluían la elevada penetración de renovables y el estancamiento de la demanda, unido a la disminución de otro tipo de energías (plantas térmicas de carbón y gas, hidroeléctricas o centrales nucleares), lo que provoca “niveles de tensión en la red por encima de lo admisible” que podrían comportar incidencias notables. Esto se debe a que, por su propia naturaleza, la energía solar y eólica, dependientes del sol y la fuerza del viento, son más inestables y, lo que es aún más determinante, presentan una baja inercia.
Esto es, débil resistencia para mantener el sistema estable ante oscilaciones abruptas de tensión, a diferencia de lo que ocurre con muchas fuentes de energía convencional, que permiten adaptar los niveles de frecuencia con más facilidad para hacer frente a episodios anómalos y evitar caídas de la red a gran escala.
La restricción del crédito bancario y la volatilidad en los precios eléctricos en el mercado mayorista
El razonamiento, que convence a muchos, no ha tardado en hacer estragos. De hecho, el apagón castiga ya el valor bursátil de los activos fotovoltaicos y complica a más de una decena de empresas y banca de inversión la venta de infraestructuras solares y turbinas eólicas. La realidad es que la apuesta por las renovables se ha frenado desde finales de 2023.
La restricción del crédito bancario y la volatilidad en los precios eléctricos en el mercado mayorista, junto con las dificultadas administrativas para llevar a cabo los proyectos o la incertidumbre regulatoria sobre cuestiones como el almacenamiento o el calendario nuclear han disminuido drásticamente el apetito de los inversores internacionales.
Es más, el Gobierno y la propia Red Eléctrica, ante la magnitud del incidente, que pone en el brete la reputación del quinto país líder mundial en renovables (el segundo en el caso de la UE, sólo por detrás de Alemania), han optado por la estrategia más conservadora y cautelosa (al menos las semanas posteriores al apagón): reducir la presencia de la eólica y la solar en el mix energético y conceder mayor protagonismo a los ciclos combinados de gas para una mayor robustez y estabilidad del sistema, lo que implica un importante desperdicio de energía verde y un mayor impacto medioambiental por el incremento de las emisiones.
Ahora bien, no nos hagamos trampas al solitario. La energía hidroeléctrica, que también forma parte del pull de las renovables, ostentó un papel crucial en la reactivación en tiempo récord del sistema eléctrico tras el apagón, mientras los reactores de las nucleares, que presentan una operativa de reactivación mucho más lenta, permanecían apagados.
Así las cosas, una y otra situación, evidencian la urgencia de aparcar la polarización y afrontar la situación con el rigor técnico, la responsabilidad y la madurez de la que muchos de nuestros mandatarios políticos adolecen: en plena transición energética, el dogmatismo climático no es una opción. Ni se puede fiar todo a las renovables hasta no contar con plenas garantías tecnológicas que las doten de mayor robustez y flexibilidad en términos de generación, ni tampoco se puede predicar un retroceso y vuelta nostálgica a los combustibles fósiles y la nuclear, desmereciendo el valor de la energía verde en términos de competitividad, innovación, creación de empleo y futuro, por su menor impacto medioambiental.
En España la capacidad de interconexión equivalía en 2023 al 4,4% de nuestra capacidad de producción, una cifra muy por debajo del 15% que la Unión Europea marcó como objetivo para 2030
Naturalmente esta situación no se puede volver a producir. Urge activar reformas esenciales pendientes desde hace años; mayor desarrollo de la capacidad de almacenamiento energético, redes más inteligentes que gestionen de forma activa la generación y la demanda y nuevas tecnologías que ayuden a paliar los efectos secundarios de la intermitencia de las renovables, sin olvidar la inversión masiva en interconexiones. En España la capacidad de interconexión equivalía en 2023 al 4,4% de nuestra capacidad de producción, una cifra muy por debajo del 15% que la Unión Europea marcó como objetivo para 2030.
Al margen del significativo impacto económico (superior a los 400 millones de euros), una repetición del fenómeno sólo heriría gravemente el Pacto Verde Europeo y alentaría las proclamas del negacionismo climático de Vox o el discurso de personajes como Trump, quien, bajo su lema “Drill, baby, drill”, mantiene su discurso más duro respecto a la regulación medioambiental y sigue reivindicando el pleno retorno a los combustibles fósiles. En las antípodas de la geopolítica medioambiental, el nuevo Papa, León XIV, ya ha llamado, en línea con su predecesor, a “no ejercer un dominio tiránico sobre la naturaleza”.
En palabras del mismo Sánchez, “No podemos elegir las crisis a las que nos enfrentamos, pero sí podemos elegir cómo respondemos a ellas”. Sea como fuere, la respuesta no puede ser en ningún caso la parálisis, la incompetencia o el ruido del fuego político cruzado. Mientras se dirime el epicentro del ya histórico apagón (si es que eso ocurre), hay acciones urgentes que adoptar para evitar réplicas futuras. Aplíquense el cuento, señorías.
***Alberto Cuena es periodista especializado en asuntos económicos y Unión Europea.