
Sede del Banco Sabadell
El proceso de concentración de la banca española se inició en los años 80, inicialmente como modelo de resolución de crisis bancarias: un banco saneado compraba otro en dificultades, evitando así su liquidación. Más adelante, el proceso ha continuado con fusiones entre bancos sin problemas, para alcanzar unos mayores tamaño, eficiencia y competitividad.
Ahora está sobre la mesa la opa “hostil” del BBVA al Sabadell, cuya última palabra la tiene el Gobierno. Su decisión debería basarse en las consecuencias de esta fusión para la economía y sociedad españolas. Así pues, los intereses de los accionistas -los mayoritarios del BBVA son fondos de inversión extranjeros - no deben ser los únicos a preservar: la economía no puede sostenerse sin el sistema bancario, y de ahí que sean recatados con dinero público cuando se produce una quiebra (según el Tribunal de Cuentas, el rescate público de las entidades quebradas tras la crisis de 2008, costó 71.833 millones de euros a los contribuyentes).
Por ello, no es extraño que la operación requiera tres informes -del BCE, de la CNMC y de la CNMV-, además de la aprobación final del Gobierno, para poder llevarse a cabo.
Al menos tres aspectos deberían considerarse para saber si la fusión entre BBVA y Sabadell beneficia o no al interés general: la estabilidad financiera, el empleo y la vertebración del territorio, y –de manera crucial—la competencia del sector, es decir la calidad de los productos y servicios bancarios a los ciudadanos y empresas.
En el caso de producirse esta fusión, el riesgo de que se produzcan futuras crisis financieras -esto es, el riesgo sistémico- aumentará, pues la entidad resultante será demasiado grande como para dejarla caer. Ya existen otros dos grandes bancos sistémicos -Caixabank y Santander- y queda por ver si se puede asumir un tercero.
En el caso de producirse esta fusión, el riesgo de que se produzcan futuras crisis financieras -esto es, el riesgo sistémico- aumentará, pues la entidad resultante será demasiado grande como para dejarla caer
En relación con el empleo, hay que tener en cuenta el punto de partida: el proceso de reconversión de la banca, no sólo debido a las fusiones sino también a la digitalización y los nuevos canales de distribución, ha supuesto pasar de más de 270.000 empleados en las instituciones bancarias en 2008 a poco más de 161.000 en 2023. Los sindicatos calculan que tras esta fusión podrían perderse hasta 10.500 empleos directos debido al cierre de entre 589 y 883 oficinas bancarias. BBVA en su respuesta a la CNMV ha asumido compromisos diferentes, la cuestión es si se mantienen en el largo plazo.
El principal escollo atañe sin duda a la competencia, ya que una eventual fusión incrementaría considerablemente la concentración del sector en torno a muy pocas entidades. Una excesiva concentración puede tener efectos lesivos para los clientes en términos de nivel y calidad de los productos y servicios bancarios. Más concentración implica menos competencia del mercado de bancos, lo que puede provocar restricciones de crédito y que los consumidores paguen más por las hipotecas y cobren menos por los depósitos.
El BCE mide la concentración que implica llevar a cabo esta fusión para el sector bancario español, a partir del llamado índice de Herfindahl. Un valor máximo de 10.000 implica monopolio, inferior a 1.000 supone baja concentración. Entre 1.000 y 1.800 concentración media, y por encima de 1.800 alta concentración. Con la fusión de BBVA y Sabadell, España alcanzaría un nivel de 1.600, cerca de la zona roja de concentración.
Por ello, el BCE dio luz verde a esta fusión. Al igual que la CNMC y la CNMV. Pero el sistema bancario en España está mucho más concentrado que en Europa. El porcentaje de activos en manos de los cinco bancos más grandes en nuestro país es el 70%, frente al 51% en Italia, el 47% en Francia y el 35% en Alemania. Desde julio de 2022 cuando el BCE empezó a subir los tipos de interés hasta llegar al 4,5%, los bancos de la eurozona trasladaron esas subidas a la remuneración de los depósitos, llegando a remunerarlos al 3,2%, mientras que en España el interés medio se situó en el 2,3%.
Nuestro país, además, es el más bancarizado de la UE, con un desarrollo menor del mercado de valores para financiar a las empresas. En el caso de llevarse a efecto la opa del BBVA al Sabadell, tanto los ciudadanos como las empresas van a tener menos opciones donde elegir, redundando también en situaciones de exclusión financiera ante la reducción del número de sucursales.
En el caso de llevarse a efecto la opa del BBVA al Sabadell, tanto los ciudadanos como las empresas van a tener menos opciones donde elegir, redundando también en situaciones de exclusión financiera ante la reducción del número de sucursales
En España, el número de sucursales ha pasado de 39.000 oficinas en 2000 a 17.379 en diciembre de 2024. Afectando sobre todo a las zonas rurales, donde además se concentra la población de mayor edad, con mayores dificultades de acceso a la banca digital o telefónica. Agudizando el problema de cohesión territorial y social de nuestro país, ya que en la llamada “España vaciada”, el 57% de los pueblos no tiene una sucursal física.
Bancos con implantación territorial como el Sabadell, presente en Catalunya y Comunidad Valenciana pero también en Galicia o Asturias, ayudan a retener una parte del ahorro regional que se invierte en proyectos del propio territorio, contribuyendo al desarrollo regional. Ese papel lo desempeñaban las desaparecidas Cajas de Ahorros, desde entonces la cohesión territorial en España se ha visto perjudicada.
No es descartable que, por el carácter hostil de esta opa, la dirección del Sabadell busque un "caballero blanco" -con Bankinter, Abanca, Unicaja e Ibercaja como posibles aspirantes- para llevar a cabo una operación alternativa entre bancos de menor tamaño fundamentada en la complementariedad geográfica.
En definitiva, las ganancias de competitividad deben conseguirse consolidando una competencia a nivel europeo en el sector bancario, y no promoviendo más campeones nacionales. Sobre todo, si perjudica al desarrollo económico, a los servicios financieros a ciudadanos y a la cohesión territorial. O si la operación pone en riesgo la estabilidad financiera, abocando a una socialización de las pérdidas cuando vienen mal dadas.