Obreros
Cada mañana en España, dos personas salen de casa rumbo al trabajo sin saber que no volverán. No lo saben ellas. Tampoco lo saben sus familias. Pero ese será su último trayecto. Y nadie les advirtió. Nadie les protegió. Nadie previó lo que era previsible.
Esas muertes no son accidentes. Son el precio que pagamos por mirar a otro lado. Por dejar que la salud laboral dependa del azar, de la suerte, del tamaño de la empresa o del interés que tenga el empleador en cumplir la ley. La siniestralidad laboral no es una fatalidad. Es una responsabilidad. Y no solo de quien firma nóminas, sino de todo un país.
En 2023, 796 trabajadores y trabajadoras murieron durante su jornada laboral. Un 10% más que el año anterior. Un millón de personas sufrieron accidentes en el trabajo, casi la mitad con baja médica. Esas cifras deberían hacernos temblar. Pero se repiten cada año como si fueran parte natural del paisaje productivo. Como si morir trabajando fuera un riesgo aceptable. No lo es.
Y mientras todo eso ocurre, seguimos con una ley de prevención de 1995. Una ley que nació en otro siglo, en otro mundo, y que ya no da respuesta a los riesgos de hoy. Ni protege frente a la ansiedad, ni previene el estrés crónico, ni reconoce que el trabajo puede romper por dentro tanto como por fuera. La salud mental ha dejado de ser una demanda futura: es una urgencia presente. Y solo tres de cada diez empresas actúan para prevenir los riesgos psicosociales que están arrasando a la clase trabajadora.
Nos enfrentamos a nuevos enemigos: la hiperconectividad que no deja descansar, el acoso digital que atraviesa pantallas, la fatiga tecnológica que no cesa. A todo eso se suma el clima que cambia, las DANAs que arrasan, las olas de calor que matan. El entorno laboral ya no es solo una oficina o una obra: es también un frente vulnerable ante catástrofes climáticas y crisis silenciosas. Y no hay norma que nos defienda.
En 2023, 796 trabajadores y trabajadoras murieron durante su jornada laboral. Un 10% más que el año anterior
Pero la prevención no es una tarea de especialistas. Ni un asunto técnico. Es un mandato colectivo. Exige una voluntad política decidida que dote de recursos a la Inspección de Trabajo, que invierta en prevención real y no en papeleo, que haga cumplir la ley sin distinción entre una gran multinacional y un pequeño taller. Exige empresarios que dejen de esconderse tras los balances y asuman que proteger a su plantilla no es un coste, sino una obligación.
Nos implica a todas. A las organizaciones sindicales, que no dejaremos de denunciar cada incumplimiento, cada negligencia, cada omisión mortal. A las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque garantizar la seguridad también significa proteger la vida en el tajo. A fiscales que investiguen la siniestralidad laboral como lo que es: una forma de violencia. Y a jueces que entiendan que detrás de cada accidente hay causas estructurales, contextos laborales hostiles, responsabilidades empresariales que no pueden quedar impunes.
No hay democracia plena si trabajar puede matarte. No hay justicia social si enfermar por culpa del empleo no tiene reparación. Y no hay futuro posible si el trabajo no garantiza bienestar, salud y dignidad.
Por eso, necesitamos una nueva ley. Una ley que sepa leer nuestro tiempo. Que incorpore la salud mental como eje central. Que actualice el listado de enfermedades profesionales. Que proteja con más fuerza a quienes más lo necesitan: jóvenes, mujeres, migrantes, personas precarias. Que refuerce la prevención en las pequeñas y medianas empresas, donde muere el 74% de quienes fallecen trabajando. Una ley que no se limite a enumerar obligaciones, sino que se proponga salvar vidas.
Porque prevenir no es simplemente cumplir un protocolo. Prevenir es cuidar. Es anticiparse. Es asumir que la vida de una persona trabajadora vale más que cualquier beneficio, que cualquier cuenta de resultados, que cualquier excusa contable.
Este 28 de abril no es una fecha en el calendario. Es una herida abierta. Un clamor que se repite cada año y que aún no ha sido escuchado como merece. Recordamos, sí, pero también exigimos. Porque no queremos seguir contando muertes, ni encogiéndonos ante cifras que desgarran. Queremos vivir el trabajo con dignidad, con salud, con derechos. Y no vamos a dejar de alzar la voz hasta que la prevención deje de ser una opción y se convierta, de una vez por todas, en una garantía real de vida.
Sin prevención, no hay país decente. Sin salud laboral, no hay justicia. Y sin justicia, no hay paz en el mundo del trabajo.
*** Patricia Ruiz Martínez es secretaria de Salud Laboral de UGT.