María Jesús Montero, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda. Foto: Nono Rico / EP
A medida que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se va acercando al salario medio, se reducen los argumentos para mantenerlo exento.
Con cada subida del SMI no puede seguir aumentándose el mínimo exento del IRPF, como se hizo el año pasado, y se pide se haga este año por parte de SUMAR, Podemos, Partido Popular y otras formaciones políticas.
El mejor modelo social es ir hacia la tribulación universal que integre la tributación negativa (por ejemplo, las ayudas como el Ingreso Mínimo Vital).
Esto agilizaría la recepción de tales ayudas y, en muchos casos, la posibilidad de recibirlas al evitar el papeleo. Este modelo permitiría mayor justicia fiscal y a la vez, aflorar economía sumergida.
En este sentido, el mínimo exento debería desaparecer. Otra cosa es lo que deban tributar las rentas bajas, pero la generalización de la tributación del IRPF es necesaria.
Hay que hacerlo para que esas rentas reciban también las desgravaciones que les corresponden.
La política redistributiva hay que hacerla a través de un sistema fiscal integrado con las prestaciones, porque la redistribución ha de tener en cuenta la heterogeneidad de ingresos de las unidades fiscales y sus distintas necesidades por hijos, dependientes, etc. y no política a política.
La política redistributiva hay que hacerla a través de un sistema fiscal integrado con las prestaciones
Necesitamos equidad vertical y horizontal, y subir el mínimo exento va justo en el sentido contrario de eso.
Es importante que se visualice que todos los niveles de renta tienen que contribuir a los necesarios ingresos fiscales para garantizar los servicios públicos que todos queremos de calidad (sanidad, educación, pensiones, dependencia, seguridad,..).
Tal vez, desde el punto de vista de político, habría que haber empezado por las rentas altas, aumentando la progresividad y no al revés, como se ha hecho.
*** Mónica Melle Hernández es profesora de Economía de la UCM.