La voluntad del Gobierno social comunista de exprimir a las familias y a las empresas con impuestos cada vez más altos para financiar el gasto público no tiene límite. Como los malos cazadores, Hacienda dispara a todo lo que se mueve sin tener en cuenta su impacto sobre la actividad económica y sobre el bienestar de los ciudadanos. En este marco se inserta la pretensión gubernamental de imponer un impuesto del 8% sobre las mutuas sanitarias privadas. Esto es, un tributo sobre la salud de los individuos. No se pretende mejorar la cobertura sanitaria de los ciudadanos, sino obtener, como sea, ingresos para las arcas estatales.
De momento, esa iniciativa ha sido paralizada por Junts que, al margen de la valoración de su posicionamiento en otras cuestiones, se está convirtiendo en un muro de contención frente a un buen número de medidas gubernamentales dirigidas contra las empresas y contra la propiedad privada con el objetivo de aumentar el control de la economía por el Estado. Y aunque la formación catalana guíe su actuación en función de los intereses del Principado, lo cierto es que, en el ámbito económico, produce externalidades positivas para el resto del Estado.
Como siempre, la justificación gubernamental para gravar a las mutuas de salud con un tributo se sustenta en una falacia: la idea según la cual esas entidades y, en general, la asistencia sanitaria en España es cosa de “ricos”. Esta tesis es falaz y carece de soporte empírico. Es un ejercicio de populismo para justificar la imperiosa necesidad gubernamental de incrementar la recaudación ante su negativa a recortar el gasto público y su compromiso con la Comisión Europea de reducir el binomio déficit-deuda pública.
En España, 12,4 millones de personas tienen un seguro sanitario privado, el 25,8% de la población. Considerar que ese volumen de ciudadanos es rico cuando sólo un 5,1% de los declarantes de IRPF, 1,2 millones, obtienen ingresos superiores a los 60.000 euros al año es cuanto menos una broma y bastante pesada. 11,4 millones de individuos titulares de primas de salud privadas tienen remuneraciones por debajo de los 60.000 euros/año y se ubican en los tramos de las rentas medias y medias bajas.
No se pretende mejorar la cobertura sanitaria de los ciudadanos, sino obtener, como sea, ingresos para las arcas estatales
En este contexto, un encarecimiento de las primas de un 8% penalizaría con especial intensidad a las personas que por razones de edad tienen pólizas más caras y, por supuesto, a aquellas con menores ingresos. El resultado sería el trasvase de una cantidad sustancial de individuos de la sanidad privada, que no podrían pagar, a la pública aumentando la presión de la demanda sobre ella, una parte muy importante de la cual es ahora cubierta por el sector privado. Por tanto, el gasto público asignado a financiar este programa del Estado del Bienestar crecerá. Pero las ahí no termina la historia.
Si se tiene en cuenta la inexorable tendencia al alza de los desembolsos del sector público en salud causado por el envejecimiento de la población, lo inteligente, lo racional no es acentuar esa trayectoria, sino aminorarla y para ello es imprescindible el concurso del sector privado. Pero conviene tener en cuenta algo básico. Más allá de las exigencias recaudatorias del Gobierno, el impuesto a las mutuas y a las compañías aseguradoras privadas persigue una meta clara a largo plazo: nacionalizar de facto el sistema de salud. Y eso sí produciría lo que la coalición gubernamental argumenta para legitimar esa medida: limitar el acceso de la sanidad privada a las rentas altas. En otras palabras, el impuesto tendría efectos redistributivos negativos.
Por otra parte, erosionar la capacidad de los individuos de acceder a seguros de salud privados es una restricción a su libertad. Las mutuas y las aseguradoras permiten a las personas acceder a la asistencia sanitaria cuando lo necesitan, sin tiempos de espera y, por lo general, con libre elección de médico y rapidez en las pruebas diagnósticas. Según los estudios disponibles, son estos los factores los determinantes fundamentales por los cuales las personas optan por suscribirlos.
La izquierda española confunde el garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los servicios sanitarios con su provisión monopolística por el Estado. Y existen mecanismos mucho más eficientes para proporcionar una buena sanidad y a menor coste. De entrada, es o, para ser precisos, sería negativo para todos encarecer el coste de los seguros de salud privados por las razones señalados a lo largo de estas líneas.
Hay fórmulas mejores para asegurar a todos los ciudadanos el derecho a una adecuada cobertura sanitaria. Una de ellas es el cheque sanitario. El Gobierno podría dar a las familias un cheque, cuyo importe sería equivalente el coste medio per cápita del gasto público destinado a la salud, y aquellas podrían cubrir su asistencia sanitaria bien en el sector público bien en el privado. Este sistema se introdujo, por ejemplo, en Suecia y ha tenido unos excelentes resultados. La libertad de elección y la competencia se han traducido en una mejor y mayor oferta sanitaria y en una reducción de costes.