España oficialmente creció el 2,5% del PIB en 2023. Algo que anuncié ya en mayo de este año. Me la jugué contra la opinión de otros colegas. Ahora lo vuelvo a hacer. En 2024, España crecerá otra vez sobre esa cifra.

Ya he indicado varias veces, entre otras el viernes pasado, las razones para mi pronóstico, en este artículo pretendo anunciar las consecuencias de ese crecimiento.

La primera consecuencia será que el Gobierno sacará pecho. A pesar de que ese crecimiento no se debe a su gestión, sino a la potencia de una economía basada en el turismo, el talento de empresarios, emprendedores, investigadores, artistas y profesionales españoles, y el cambio de la situación geoeconómica en materia energética.

Tampoco ayuda un sistema educativo público alejado de la realidad del mercado laboral

La segunda consecuencia debería ser la creación de puestos de trabajo y el descenso del desempleo. Sin embargo, el paro descenderá muy poco, si lo hace.

Una razón para que no descienda el desempleo es la legislación española. Esa normativa favorece que los trabajadores acepten el paro como situación transitoria entre dos empleos, sin que haya incentivos para buscar trabajo.

No es culpa de la prestación de desempleo, ni del subsidio. El problema es que aunque los desempleados registrados en el SEPE reciban ofertas, no hay un sistema de reciclaje profesional adecuado, ni el rechazo de las mismas penaliza al parado. Además, el SEPE se ha demostrado poco eficaz para la recolocación.

Tampoco ayuda un sistema educativo público basado en la indoctrinación y alejado de la realidad del mercado laboral, tanto en formación profesional, como en bachillerato, universidad y los diferentes niveles educativos.

La LOMLOE (o ley Celáa, 2020) y la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario, 2023) están redactadas al margen de una realidad profesional cada vez más compleja. La LOSU, en particular, busca más el desarrollo de una carrera investigadora interna, que se resume en "publicaciones académicas", que en educar los futuros profesionales.

En consecuencia, un grupo de jóvenes privilegiados acaparará los "buenos puestos", mientras la mayoría se encontrará con el paro o salarios bajos y precarios.

Por otra parte, la renuncia a tener un presupuesto para 2024, por razones políticas, disminuye la capacidad inversora del Estado. En consecuencia, no se aprovecharán esas inversiones para crear puestos de trabajo.

La tercera consecuencia de ese crecimiento debería ser la disminución del porcentaje de deuda pública sobre el PIB. Pero será difícil que ocurra.

A pesar de que los ingresos por impuestos crecerán por el aumento del PIB, la enorme capacidad de dilapidar del Gobierno Sánchez hará que recurra a emisiones de deuda pública constantes.

También con ese crecimiento del 2,5% por segundo año consecutivo se debería reducir el déficit público. No ocurrirá. La razón: el aumento de gasto público en subvenciones, gastos públicos y transferencias monetarias no ligadas a la productividad.

La renuncia a tener un presupuesto para 2024, por razones políticas, disminuye la capacidad inversora del Estado

Con este panorama, la cuarta consecuencia de ese crecimiento será el aumento de las diferencias de rentas entre los españoles. Las rentas superiores se lucrarán de la alegría económica, mientras aumentará el porcentaje de rentas bajas, de grupos subvencionados y dependientes de transferencias de las instituciones públicas. Algo contrario a una política de izquierdas que dice practicar el Gobierno. Los ricos serán más ricos y los pobres aumentarán. De hecho, los informes sobre la pobreza indican
que con este Gobierno crece cada año (Caritas española).

La mayoría de jóvenes entrarán en el mileurismo o el paro, tendrán dificultades para emanciparse y encontrar una vivienda digna. La natalidad seguirá bajísima. Sólo los inmigrantes harán crecer la población. Los parados de larga duración se concentrarán en mayores de 50 años con prestaciones y subvenciones al borde de la pobreza.

A este aumento de las diferencias de rentas, contribuye una política fiscal que predica lo contrario. Extraer renta de los ciudadanos para dilapidarla en lo público es menos rentable y menos social que dejarlo en manos del ciudadano que invierte, consume y crea riqueza y puestos de trabajo.

Pero eso sí, el Sr. Sánchez volverá a alardear de su política económica. ¡Que le vamos a hacer! De momento, aguantar estoicamente. Peor sería que no creciéramos.

** J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.