Los retrasos en la ejecución de las inversiones, problemas técnicos en la aplicación informática CoFFEE, la insuficiencia de recursos administrativos tal y como advirtió el Comisario Gentiloni... La necesidad de integrar los fondos de la Adenda, la solicitud del cuarto pago en “stop” hasta resolver el hito incumplido por el área de Yolanda Díaz y la evaluación intermedia de los planes nacionales encargada por la Comisión Europea a empresas auditoras externas, representan las tremendas dificultades que enfrenta el gobierno y singularmente este departamento del Ministerio de Hacienda.

La inestabilidad en esta posición de la cadena de gestión, con tres cambios de liderazgo en apenas quince meses, es reflejo de la incapacidad para adaptar los recursos de la Administración a la magnitud de la tarea de distribuir eficientemente el mayor volumen de fondos del que ha dispuesto España para la transformación y modernización de nuestro tejido productivo.

También representa la confirmación de los interrogantes existentes sobre la adecuación de los hitos y reformas, a los objetivos recogidos en el Reglamento Europeo del MRR, la validación de los mismos o el escaso avance en las inversiones que España debe acreditar para acceder a los próximos desembolsos.

Si atendemos a las funciones que tiene encomendadas esta Dirección General, podemos concluir que se trata de la piedra angular en la gestión de los fondos europeos, quien tiene encomendada la responsabilidad crítica de que se cumplan los objetivos de transformación y recuperación económica y que los recursos financieros facilitados por Europa se utilicen de manera eficaz, eficiente y conforme a los objetivos establecidos por la Comisión.

También representa la confirmación de los interrogantes existentes sobre la adecuación de los hitos y reformas

Su rol es esencial, no solo en la elaboración de informes, las declaraciones de gestión o las solicitudes de pago, sino también en la definición de indicadores clave para la evaluación de los avances en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con Bruselas y la supervisión de los gastos financiados por el MRR, incluidas las medidas contra el conflicto de interés, el fraude o la doble financiación.

Su primera titular, Rocío Frutos, se mantuvo algo más de año y medio en el cargo (hasta el 18 de octubre de 2022) sin que fuera posible poner en marcha la plataforma CoFFEE, a pesar de que se diera por validado el hito. La Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, presidida por Monica Holhmeier, no pudo contrastar las deficiencias detectadas en esta área con su experiencia al frente de la Dirección General, algo muy conveniente para el Gobierno.

A quien sí pudo entrevistar fue a Jorge Fabra, a pesar de llevar tan solo tres meses en el cargo y las conclusiones fueron preocupantes. Falta de información sobre el impacto de los fondos, ausencia de información sobre los recursos que habían llegado a la economía real, problemas de cogobernanza con las CCAA y una aplicación informática puesta en marcha con urgencia y con una operabilidad primitiva, subrayan las carencias detectadas en la infraestructura de gestión necesaria para asegurar la efectividad de los fondos europeos.

Lamentablemente, una vez superado el ecuador de la ejecución del Next Generation y con un nuevo responsable al frente de la Dirección General, las incógnitas sobre el cumplimiento del Reglamento obligan a plantear a los responsables de velar por el control de los fondos, varias cuestiones cruciales a mi parecer:

¿Se está financiando gasto corriente con los fondos del Mecanismo de Recuperación?

Falta de información sobre el impacto de los fondos

A tenor lo expresado por el propio Gobierno en el Plan Presupuestario 2024, donde reconoce que el gato corriente a cargo del MRR asciende a más de 9.000 millones de euros, parece evidente que sí. Del mismo modo, si se revisan las aplicaciones de los fondos del MRR en los informes de la Intervención General de la Administración del Estado, la respuesta solo puede ser afirmativa, y velar por que no produjera esta situación, era una de las funciones de los responsables del ministerio.

¿Se está cumpliendo el principio de adicionalidad?

Estos fondos debían complementar, pero no sustituir, al gasto público de los Estados Miembro.

Encontrar convocatorias para suministros de licencias de software, encuestas sobre estrategias de internacionalización de los servicios (Industria), ayudas para la participación de películas españolas en festivales (ya existían convocatorias en 2018, 2019 y 2020), ayudas para la organización de festivales y certámenes cinematográficos en España (ya existían en 2020), entre muchas otras, no parecen mostrar el máximo rigor en la aplicación de un principio básico, lo que pone en peligro la esencia misma de este mecanismo financiero.

De manera inminente conoceremos la evaluación intermedia de los fondos del MRR encargada por la Comisión Europea a auditoras externas y el informe del Tribunal de Cuentas Europeo.

Salvo sorpresa mayúscula, las instituciones europeas no serán duras en el escrutinio de la ejecución del gobierno de Sánchez por la necesidad de que este programa sea un éxito en España (segundo mayor receptor de fondos) y contribuya a consolidar un instrumento futuro que fomente la inversión en Europa, basado en el cumplimiento de hitos y reformas negociadas con los países miembro y replicando el modelo del Next Generation.

Las dimisiones en los órganos de responsabilidad del Ministerio de Hacienda, la falta de respuestas a preguntas clave o las dudas sobre cómo y qué se está financiando con estos fondos europeos, no hacen más que confirmar que desaprovecharemos una oportunidad extraordinaria para cerrar la brecha en renta per cápita, productividad, inversión o capacitación de capital humano, con nuestros vecinos europeos.

Solo a través de un compromiso con la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas, podremos avanzar en términos de prosperidad para los españoles. Nadie vendrá a hacer nuestro trabajo, la petición de responsabilidad será nuestra.

*** Santiago Sánchez López es economista.