Las balanzas fiscales son instrumento de información económica que imputa territorialmente los ingresos y gastos del sector público en un periodo de tiempo y calcula el saldo fiscal resultante en cada territorio, en el caso español, en las autonomías. Ahora bien, esa aproximación es muy difícil de realizar porque existen dos metodologías diferentes con resultados muy distintos: el llamado enfoque del flujo monetario, que mide el efecto del gasto del sector público en el espacio territorial donde se efectúa, y el de carga-beneficio, que evalúa el impacto de aquel sobre el bienestar de los ciudadanos de una región determinada.

Conforme al primer método, la construcción de una autovía para conectar dos autonomías, pasando por otras, repartiría el gasto en función del coste de la carretera en cada una de ellas. De acuerdo con el segundo, se mediría el beneficio generado en las regiones ahora conectadas. Ambos planteamientos son válidos pero, como se ha señalado, los resultados de emplear uno y otro son dispares. Por otra parte, es muy complicado asignar territorialmente algunos desembolsos estatales. ¿Qué criterio es el más adecuado y justo para repartir la carga de los intereses de la deuda? ¿Qué se hace con un navío con base en Cartagena y que vela por la seguridad de las aguas marítimas patrias? ¿Lo pagan los cartageneros porque el barco opera desde su ciudad?

Con independencia del juicio sobre el sistema de financiación autonómica vigente en España, tiende a olvidarse algo fundamental: los impuestos son pagados por los individuos y por las empresas, no por los territorios. En cualquier caso, cabría esperar por coherencia con la filosofía redistributiva y colectivista abrazada por la coalición social-comunista su apoyo a la idea según la cual las autonomías más ricas aporten más de lo que reciben del Estado. Y esto, por definición implica que aquellas tengan un déficit fiscal, mientras en las que tienen menor renta ocurrirá lo contrario. Esta es la explicación elemental de los saldos fiscales negativos, de Madrid o de Cataluña, derivados del PIB per cápita disfrutado por ambas comunidades autónomas.

Eso sí es posible eliminar todos los mecanismos de redistribución entre las autonomías o, como ha hecho el Gobierno, dejar a Madrid y quizá a Baleares como únicos contribuyentes netos. Les ha concedido el “honor” de ser los financiadores en exclusiva de la solidaridad interregional, liberando a Cataluña de ese privilegio. Si a ello se suma la quita de deuda acordada en los pactos de investidura con Junts, 15.000 millones de euros, ello se traducirá en una transferencia neta de recursos al Principado a costa del resto de las comunidades autónomas. De esta manera se liquida de facto el sistema de financiación autonómica de régimen común existente en España. ¿Hubiese sucedido esto si la izquierda no hubiese perdido casi la totalidad de su poder autonómico en favor de la oposición de centro-derecha? No hace falta responder a esa pregunta.

El Gobierno ha dejado a Madrid y Baleares como únicos contribuyentes netos, esto es, los financiadores en exclusiva de la solidaridad interregional

Si, como parece, la revisión de las balanzas fiscales se materializa en la dirección descrita, se agravarán aún más pero de forma asimétrica las ya acusadas deficiencias del modelo de financiación de las regiones y, en especial, la fundamental: la ausencia de corresponsabilidad fiscal en el Estado autonómico español. Los gobiernos regionales toman decisiones de gasto sin verse obligados a subir los impuestos para financiarlos. Saben que pueden gastar lo que quieran porque, en última instancia, Papá Estado les socorrerá. De esta forma se ha configurado una estructura descentralizada caótica, ineficiente y desestabilizadora de las finanzas públicas.

La paradoja de esta situación es que, lejos de contribuir a corregir esas fallas, el Gobierno social-comunista va a restringir cada día más la magra autonomía fiscal de las autonomías situadas fuera del perímetro de sus aliados parlamentarios; esto es, de la mayoría. El Impuesto sobre las Grandes Fortunas, por ejemplo, es el primer paso para eliminar la escasa competencia fiscal dentro de España con un objetivo claro: impedir a las comunidades gobernadas por la derecha reducir los impuestos. Un modo artero de centralización en perjuicio de los ciudadanos de los territorios en los que la izquierda no gobierna y una manera de lastrar la posibilidad de poner en marcha políticas alternativas a las desplegadas por aquella. 

Por último, la supresión de la competencia fiscal junto a las modificaciones que se van a introducir en la Ley de Sociedades de Capital buscan hacer imposible o dificultar de manera extraordinaria que las empresas “voten con los pies” para huir de las políticas que no les gustan y se desplacen a parajes más hospitalarios para desarrollar su actividad. Neocentralismo para las autonomías gestionadas por la derecha y regalar un cortijo con coto cerrado a los socios independentistas del Gobierno.