El 31 de diciembre, en menos de veinte días, el fin de nuestro mandato marcará también la recta final de la legislatura europea. Ya tenemos las fechas marcadas en rojo en el calendario: en el mes de mayo se disolverá el Parlamento Europeo y se celebrarán unas nuevas elecciones en junio de 2024. En consecuencia, se espera que muchas de las iniciativas en tramitación sean aprobadas a principios del próximo mes de febrero, ya bajo la Presidencia belga del Consejo.

Esta misma semana, el Presidente Sánchez acudirá al Parlamento Europeo para hacer balance de nuestro semestre de mandato y podríamos asegurar que en su discurso hablará de los avances y acuerdos conseguidos durante este tiempo pero también de lo que queda por hacer antes de que se cierre el ciclo legislativo europeo.

Una de esas iniciativas pendientes de resolución -y que podemos definir, sin miedo a equivocarnos como “la piedra angular de la Comisión Von der Leyen”- es el Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050. Es cierto que la Presidencia española del Consejo ha acelerado el ritmo de las negociaciones estos últimos meses pero también lo es que el sprint final ha aglutinado en torno a 300 expedientes en negociación -de los que se han seleccionado unos 100 como prioritarios- y que su aprobación será clave para determinar el éxito o el fracaso de la Comisión actual.

Entre los expedientes en materia energética y de medioambiente, destacan el paquete del gas e hidrógeno, la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas (NZIA), la Ley de Materias Primas Fundamentales y la reforma del mercado eléctrico. A estas iniciativas que se están ultimando en las negociaciones interinstitucionales (los trílogos), hay que incluir una de las últimas propuestas de la Comisión: el paquete de energía eólica europea.

El Pacto Verde Europeo para alcanzar la neutralidad climática en el año 2050

Asimismo, la inclusión de las tecnologías de energía nuclear, la eliminación de la distinción a priori entre tecnologías estratégicas y no estratégicas, y la ampliación de las tecnologías relacionadas con el hidrógeno, son temas que están acaparando el debate.

Sin duda, los retos a los que se enfrenta la culminación del Pacto Verde Europeo son mayúsculos, especialmente si tenemos en cuenta que la adopción de los expedientes analizados en algunos casos es difícil de garantizar antes de marzo de 2024 debido al retraso en adoptar un posicionamiento claro por parte del propio Parlamento Europeo por ejemplo en materia del Plan Industrial de cero emisiones. 

Por su parte, en el balance de la Presidencia europea oiremos hablar de que los próximos meses serán cruciales en el ámbito de la regulación digital dadas las discusiones previstas sobre temas críticos como la identificación electrónica y los servicios de confianza (eIDAS2), o de la neutralidad de la red. Pero sin duda se presumirá de lo que se acaba de conseguir en materia de regulación digital. La Unión Europea aprobó el pasado fin de semana -tras 38 horas de locura en Bruselas y dos años largos de debates en las instituciones comunitarias- la que será la primera Ley en el mundo que regule la Inteligencia Artificial (IA).

Los retos a los que se enfrenta la culminación del Pacto Verde Europeo son mayúsculos

A este respecto, el optimismo en las instituciones comunitarias es público y notorio. Sin embargo, desde la industria de la computación y las comunicaciones rebajan esta euforia y critican que las ganas de ser los primeros en regular una cosa que ni siquiera tenemos en la Unión haya sacrificado lo que debería ser una legislación puntera y preparada para el futuro de la IA. Y es que el exceso de celo en regular imponiendo obligaciones estrictas como hace la recién nacida Ley europea podría ralentizar la innovación en Europa y provocar el éxodo de empresas y talento. Una Ley, por definición, carece de la visión y la ambición que tienen las empresas tecnológicas y, en este momento, podría terminar ahuyentando a los innovadores que se quiere potenciar. 

Es necesario y urgente encontrar el equilibrio. Si las instituciones no son capaces de entender que en este contexto juegan un doble rol como garantes de derechos, pero también como soporte indispensable para nuestra transformación digital la nueva Ley será papel mojado y tendrá un efecto paralizante. Si la UE ha sido capaz de desplegar modelos regulatorios de alta garantía debe ser capaz también de proporcionar las herramientas que permitan desplegar la investigación, la innovación y el emprendimiento. 

En definitiva, en este impulso final de la legislatura europea, la manera en la que se aborden todas estas regulaciones mencionadas, los desafíos que plantean y las oportunidades que generan marcarán el nuestro devenir económico y social. Sin duda, la oportunidad que se abre para las industrias y agentes económicos en la Unión Europea y en España, en particular, requiere de una sólida colaboración público privada que garantice el éxito común de nuestros proyectos. 

***María Muñoz es directora de asuntos públicos de KREAB Worldwide.