La tribuna

Los dilemas económicos del nuevo Gobierno de progreso

29 noviembre, 2023 02:46

Como el sorber y el soplar, el recién estrenado Gobierno de 'progreso' en España va a estar profundamente reñido con el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales aprobadas por la UE. La XV legislatura arranca con objetivos económicos bien definidos a la vez que contrapuestos: mantener el llamado "escudo social" para paliar los efectos de la inflación y satisfacer las exigencias de los socios que apoyaron la investidura de Sánchez, por un lado, y tener que cumplir el compromiso con Bruselas de mantener el déficit público en el nivel del 3% para 2024. Todo un reto de juegos malabares. 

Para ser fiel a la realidad, los últimos cuatro años han sido una auténtica montaña rusa en la economía mundial porque, tras la pandemia de la Covid-19 y la suspensión de las reglas fiscales en 2020, vino la sangrienta guerra de Putin contra Ucrania y, paralelamente, una crisis inflacionaria que es todavía muy patente. El legado de todo esto ya lo conocemos: abultados niveles de deuda pública y déficits fiscales estructurales por las nubes, muy superiores a los de 2019 en algunos estados miembros de la Unión Europea que ahora tendrán que ser conducidos de nuevo al Pacto de Estabilidad y Crecimiento marcado por el Ejecutivo Comunitario: los estados miembros tendrán como límites una deuda pública del 60 % y un déficit público del 3 %. 

¿Qué significa esto para España? Pues que, a partir de enero de 2024, vamos a tener que hacer los deberes que no hemos hecho en mucho tiempo. Como los malos estudiantes. Los últimos datos macroeconómicos publicados por la AIReF muestran la imagen de unas finanzas públicas que son un peligro para la sostenibilidad económica de cualquier país: España cerrará este 2023 con un déficit del 4 % y una tasa de deuda pública sobre PIB que rondará el 110 %. Para hacerse una idea de lo que ha supuesto la concatenación de las crisis a las que antes me refería (la pandemia, la guerra de Ucrania y la inflación), entre 2019 y 2023 la deuda sobre PIB ha pasado en España del 95,5 % al 113 % según datos publicados por el Banco de España. 

Los estados miembros tendrán como límites una deuda pública del 60 % y un déficit público del 3 %

Sin embrago, lo más preocupante de todo es que en este tiempo España no ha tenido una estrategia de consolidación fiscal a medio plazo, más bien al contrario. Sin ir más lejos que a la última legislatura (la que terminó el pasado mes de junio) se han incorporado a nuestras cuentas gastos que, lejos de ser temporales para una situación de emergencia, nacieron con vocación estructural y no han sido compensados con ahorros o aumentos de ingresos también estructurales.

Hablo, por ejemplo, de la reforma de las pensiones y su indexación al IPC, del aumento de personal y de salarios en la Administración Pública, de la implementación del Ingreso Mínimo Vital o de los compromisos de gasto en Defensa. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) advierte en su último Cuaderno de Información Económica que "la subida de las pensiones y el incremento del sueldo a los funcionarios exigirá en 2024 un desembolso adicional de 12.000 millones de euros". Cifra que "es de carácter estructural y que, además, se suma a los aproximadamente 25.000 millones de euros de aumento en 2023".

No podemos obviar la sorpresa que ha causado la nueva conformación del Gobierno de España en todos los organismos nacionales e internacionales -desde la AIReF a Bruselas pasando por el Fondo Monetario Internacional-, sorpresa de no se anunciara la retirada de las medidas extraordinarias de apoyo fiscal a la economía (al menos las más costosas y dirigidas al conjunto de la población) tal y como constaba en el Plan Presupuestario publicado el pasado mes de octubre por el Gobierno en funciones. Al contrario, Sánchez anunció el pasado día 15 de noviembre en su discurso de investidura que iba a prorrogar la rebaja del IVA en los alimentos hasta junio además de subvencionar el transporte público para todos los menores, los jóvenes y los desempleados.

No podemos obviar la sorpresa que ha causado la nueva conformación del Gobierno de España en todos los organismos nacionales e internacionales

Hay que recordar una obviedad: los recursos públicos no son infinitos y todo esto tiene un coste elevadísimo que pagaremos entre todos, bien porque mejore la recaudación - que nos suban los impuestos -, bien porque se recorte el gasto – empeoren los servicios públicos - o, lo más probable, que se haga lo uno y lo otro. En palabras del propio presidente Sánchez: "Los ricos, pues lo siento, tienen que pagar más impuestos de lo que pagan hasta ahora". Te recuerdo que para este Gobierno "los ricos" somos tú y yo, la clase media. 

Que de ahora en adelante se nos exigirán reformas e inversiones para evaluar el cumplimento de las reglas fiscales, lo saben hasta en Plutón. Hasta la propia presidenta del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió la semana pasada de que "España, Francia e Italia (los países más endeudados de la UE) tienen que abrocharse el cinturón ya y hacer ajustes, aunque sean medidas difíciles de tomar, porque no sabemos lo que se avecina. Hay que prepararse para una próxima crisis y no queda margen".

Con todo esto, el nuevo Gobierno de 'Progreso' debería tener encima de la mesa una ambicioso estrategia de consolidación fiscal. Porque 3% de déficit no puede ser tratado como un objetivo, sino como un límite, un tope, tal y como reconocen los tratados europeos. Porque todo esfuerzo que esté por debajo de este nivel nos pone en un gran peligro. 

Ser contundente e insistente en este debate de las reglas fiscales no supone negar el papel de la política fiscal activa. Es reconocer que cuanto mayor peso le demos a la política fiscal expansiva, más prudentes debemos ser en el manejo de las cuentas públicas. 

Todo ello es necesario, pero resulta imposible sorber y soplar a la vez. El Ejecutivo debe tomarse la disciplina fiscal en serio, pero para ello necesita voluntad política. Una voluntad que, en este momento, el nuevo Gobierno de ‘progreso’ no tiene.

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