Imagen de una persona usando un cajero automático.

Imagen de una persona usando un cajero automático. Junta de Andalucía / EP

La tribuna

Colaboración público-privada para mejorar la inclusión financiera

13 noviembre, 2023 02:37

La necesaria reestructuración del sector bancario español que se ha acometido en los últimos años para corregir los desequilibrios acumulados en el pasado han obligado a ajustar la capacidad instalada para así ganar eficiencia. El ajuste se concreta en una intensa reducción del número de oficinas bancarias (ha caído un 62%, pasando de casi 46.000 en 2008 a las 17.517 que existen en la actualidad) que afecta negativamente a la accesibilidad física a los servicios bancarios.

En paralelo, en estos años ha avanzado con rapidez la digitalización, lo que para una parte significativa de la población contrarresta el impacto negativo del cierre de oficinas en la medida en la que la banca online permite acceder a los servicios bancarios las 24 horas del día los 365 días del año. De hecho, de 2008 a 2022 se ha cuadruplicado el porcentaje de la población que utiliza la banca por Internet, hasta situarse en el 69,6%, 10 puntos por encima de la UE-27.

En este contexto, y con el objetivo de que toda la población española, independientemente de donde viva, tenga acceso físico a los servicios bancarios, las patronales bancarias firmaron en octubre de 2022 una hoja de ruta para reforzar la inclusión financiera en las zonas rurales, que han sido las más afectadas por el cierre de oficinas.

El compromiso de llevar la banca física a todos los municipios distingue entre los de más y los de menos de 500 habitantes. En el primer caso, según el diagnóstico realizado por el Observatorio de Inclusión Financiera, a finales de 2021 había 243 municipios que no disponían de ningún acceso a los servicios bancarios, en los que residen 211.500 personas (0,45% del total).

La solución comprometida en la hoja de ruta en este tipo de municipios es habilitar oficinas bancarias, cajeros automáticos, oficinas móviles (ofibuses) o agentes financieros. En los de menos de 500 habitantes, a la lista anterior se añaden el cash-in-shop/cashback (para acceder al efectivo) y Correos Cash (mediante carteros rurales, gracias al acuerdo suscrito con Correos).

De hecho, de 2008 a 2022 se ha cuadruplicado el porcentaje de la población que utiliza la banca por Internet

Poniendo el foco en los municipios de más de 500 habitantes, con los informes trimestrales de seguimiento realizados para monitorizar los compromisos adquiridos, a fecha junio de 2023, de esa lista de 243 municipios habían desaparecido 115 en los que residen 99.278 personas. De esta forma, había caído un 47% tanto el número de municipios como la población excluida.

En los meses posteriores hasta la actualidad, se han instalado nuevos puntos de acceso en más municipios, aumentando a 158 municipios (el 65% del total) y a 137.000 las personas beneficiadas. A esta cifra habrá que sumar, en poco tiempo, 20 nuevos municipios en los que ya se están instalando cajeros, por lo que se habrá rescatado de la exclusión financiera al 70% de los municipios de más de 500 habitantes.

Si además tenemos en cuenta las licitaciones que hay en curso para instalar cajeros y las conversaciones también en curso con algunas AA.PP. para instalar cajeros en los próximos meses (afecta a 49 municipios), el número de municipios excluidos habrá caído un 93%, lo que beneficia a casi 200.000 personas.

Si aún queda un 7% de municipios sin cubrir en la hoja de ruta (16 municipios en los que viven 18.000 habitantes) es porque las AA.PP. han declinado el interés en estos puntos, habitualmente por encontrarse muy cercanos a localidades que ya tienen puntos de acceso a los servicios bancarios.

Aún queda un 7% de municipios sin cubrir en la hoja de ruta (16 municipios en los que viven 18.000 habitantes)

Esa importante mejora de la inclusión financiera en tan poco tiempo es gracias a la siempre necesaria colaboración público-privada, que, en el caso de la instalación de cajeros, se concreta en la puesta a disposición de un espacio físico adecuado, con las condiciones de seguridad necesarias, y de las conexiones a infraestructuras tecnológicas requeridas, como el acceso a Internet.

Con el objetivo de ejecutar este compromiso, las entidades bancarias y las asociaciones han sido muy activas en el establecimiento un diálogo estrecho con federaciones de municipios, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos.

Pero no sólo se han habilitado puntos de acceso en esos municipios de más de 500 habitantes, sino que también se ha dado respuesta en el resto de municipios más pequeños. Aunque no disponemos de información actualizada a fecha de hoy, sí disponemos de una comparativa de los cambios que han tenido lugar de finales de 2021 a finales de 2022.

En ese año que trascurre, hay un 11,7% menos de municipios de menos de 500 habitantes sin puntos de acceso a los servicios financieros, ya que ha pasado la cifra de 2.987 a 2.639 (348 menos).

No sólo se han habilitado puntos de acceso en esos municipios de más de 500 habitantes, sino que también se ha dado respuesta en el resto de municipios más pequeños.

En estos municipios más pequeños destaca el papel que han desempeñado los ofibuses, que han rescatado de la exclusión financiera a 370 municipios. Le sigue en importancia la instalación de cajeros donde no hay oficinas (214 municipios) y la red de agentes financieros (185). Las oficinas de Correos rescatan de la exclusión a 107 municipios, el cash back a 65 y la red de cajeros de terceros a 33.

En resumen, gracias a la colaboración público-privada y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por las patronales bancarias en su hoja de ruta, de 2021 a 2022 aumentó en casi 163.000 personas las que tienen acceso a los servicios bancarios en su municipio de residencial, por lo que el porcentaje de la población excluida es de solo el 1%, frente al 1,4% estimado en 2021.

Con las medidas ya implementadas en 2023, ha seguido aumentando la población que puede acceder presencialmente a los servicios bancarios en su municipio de residencia.

*** Joaquín Maudos es catedrático de economía de la Universidad de Valencia, director adjunto del Ivie y colaborador del CUNEF

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