Sin embargo, la mera existencia de las prestaciones no es condición suficiente, aunque sí necesaria, requiriéndose además un fácil acceso a las mismas cuando el ciudadano tiene derecho a recibirlas.

Tradicionalmente la principal barrera de acceso a estas prestaciones se encontraba, sobre todo, en el numeroso papeleo que muchas de estas prestaciones exigen. Un grave problema de excesiva burocracia –el mal endémico que padece nuestro país desde tiempo inmemorial- que ahora, en plena era de la digitalización, no sólo no se ha resuelto, sino que ha empeorado tras la pandemia de la Covid de 2019. Lo que fue una solución transitoria para descongestionar los servicios de atención ciudadana que sufrían un aluvión de peticiones, principalmente el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en aquel momento, se ha convertido en un calvario inadmisible, antijurídico y contrario a la Constitución.

Desde las Leyes aprobadas en 1978 los modelos administrativos deben responder a las necesidades de los ciudadanos y no al revés (Ley del Régimen Jurídico del Sector Público o la Ley del Procedimiento administrativo, por citar algunas).

Había algún resquicio de esperanza cuando supimos que la modernización de la Administración Pública era uno de los hitos (Componente 11) a cumplir del Plan de Recuperación y Resiliencia para los desembolsos de los fondos europeos Next Generation, pero la disolución de la Cortes por la convocatoria electoral del 23J hicieron decaer varias normas en ese sentido -el Proyecto de Ley de Medidas de Eficiencia Digital del Servicio Público de Justicia o el Proyecto de Ley de la Función Pública de la Administración del Estado son algunos ejemplos- con el consiguiente frenazo y paralización en esta materia que tendrá que volver a arrancar (iniciando el trámite parlamentario de nuevo) en cuanto se forme un nuevo Gobierno.

La mera existencia de las prestaciones no es condición suficiente

Las quejas de la ciudadanía se han llevado hasta los más altos cargos institucionales. El Defensor del Pueblo se pronunció sobre el asunto agosto de 2022 y nuevamente “ante la insuficiencia de medidas” en enero de 2023 exigiendo que “se superen las deficiencias apreciadas en los servicios de atención a la ciudadanía, situación que se aleja mucho de la necesaria prestación de un servicio público efectivo y de calidad, incompatible con el derecho de buena Administración”. También en el Congreso de los Diputados, con las herramientas a nuestro alcance, algunos interpelamos al propio ministro de la materia, José Luis Escrivá, hoy todavía en funciones, pero nada ha cambiado a mejor, porque para querer solucionar un problema lo primero es reconocerlo y, desgraciadamente de boca del ministro no ha salido otra cosa que desdeñar el problema denunciado y decir, alto y claro, “que con estas denuncias están ustedes difundiendo bulos y engañando a la población”.

Se nota que el señor Escrivá no ha tenido que madrugar de forma inmisericorde para hacer cola frente al INSS desde las seis de la mañana para que le reconozcan como pensionista, o no ha estado cinco horas en pleno mes de agosto al sol para obtener un simple certificado para trabajar en otro país. Cosas que conozco de primera mano porque han sucedido en mi familia. Es más, en el momento de escribir estas líneas me reafirmo: no hay forma humana de pedir cita previa en la Administración porque yo misma llevo esperando que puedan atenderme personalmente en el SEPE desde el pasado mes de julio.

No existen datos de cuántos ciudadanos sufren esta situación, porque no hay registro. Nadie queda reflejado en ningún sitio cuando llama ocho veces en diferentes horas durante varios días, nadie sabe cuántas veces ha ido un ciudadano a las seis de la mañana a la puerta de la oficina de la Seguridad Social y cuántas se ha vuelto por donde ha venido cansado de esperar. Nadie sabe nada, ni siquiera la propia Administración, ni siquiera el ministerio correspondiente, ni siquiera el ministro Escrivá. El cual, preguntado por ello en sede parlamentaria fue incapaz de responder cuántos ciudadanos pueden verse afectados por la ausencia de la Administración en estos momentos, tampoco lo hizo a la pregunta de si conocía, al menos, el tiempo de espera medio para lograr cita previa en la Seguridad Social.

¿Cómo se va a dar solución a un problema sobre el que ni siquiera la Administración es capaz de conocer su dimensión?

Una Administración ausente que muta en peor enemigo del administrado, el ciudadano, cuando este necesita ejercer sus derechos. Una pelea desagradable para quien tiene tiempo, una formación y conocimientos específicos para ella, pero un auténtico infierno para el que carece de ellos.

Imagina que quieres jubilarte y no puedes hacerlo porque no te permiten acudir a hacer el trámite. Imagina que estás de baja y no puedes hacer los trámites porque la Seguridad Social que te tiene que pagar el sueldo no te atiende. Imagina que te has quedado en situación de desempleo forzoso y no puedes gestionar el alta inicial en el SEPE para cobrar el desempleo porque no consigues cita. Esta dificultad se convierte ya en un caso de vida o muerte cuando hablamos de los trámites de extranjería. Las mafias copan las citas disponibles y las revenden por cientos de euros a personas cansadas de pasar un calvario burocrático para desarrolla su proyecto vital. Todo esto está ocurriendo hoy en España en pleno siglo XXI.

¿Por qué nadie se atreve a romper la maquinaria de la burocracia (hoy también burocracia digital) en un Estado para rehacerla por una más eficaz? Lo definió perfectamente Honoré de Balzac ya en el siglo XIX: "La burocracia es un poder gigantesco puesto en movimiento por pigmeos […] De este modo se establecía lentamente la mediocridad en la administración. La burocracia ponía un obstáculo a la prosperidad del país, guardaba siete años en sus carpetas un proyecto que hubiese estimulado la producción de una provincia […] perpetuaba la lentitud, eternizaba los abusos que la perpetuaban y la eternizaban a ella misma […] en suma, aniquilaba a los hombres de talento".

Urge poner fin a esta Administración sobredimensionada, ineficiente, costosa e inútil para que los ciudadanos españoles puedan ejercer sus derechos. Defendamos lo público, vale, pero defendámoslo bien. ¿De qué sirve un Estado del bienestar, social y de derecho si no lo puedo ejercer?