En los años 90 se hace más fuerte en Europa la corriente de pensamiento liberal cuyos principales postulados son la defensa a ultranza del mercado como mecanismo de asignación de los recursos, y en consecuencia el rechazo a cualquier participación del Estado en la actividad económica.

Es entonces cuando, en 1996, el Gobierno de Aznar, con el vicepresidente Rodrigo Rato a la cabeza, aprueba el llamado Programa de Modernización del Sector Público Empresarial, para programar privatizaciones con un carácter de globalidad y totalidad. Se justifica porque la liberalización es una condición del mercado único y de Europa.

España se convierte en alumno aventajado de los procesos de privatización, vendiendo todas las participaciones del Estado en hasta 52 empresas públicas de entonces, entre las que se encuentran las principales compañías de sectores de gran importancia en la economía española, como electricidad, gas, petróleo, transporte aéreo, marítimo y por carretera, telecomunicaciones, aeronáutica, siderurgia, etc. Se obtienen casi 30.000 millones de euros, de los que más de 22.000 millones corresponden a las operaciones de venta concretadas a través de OPV.

Aunque en Europa también se producen algunos procesos de privatización, Francia, Alemania e Italia mantienen sus empresas públicas en los sectores estratégicos –como son la energía, las telecomunicaciones o el financiero-; o al menos mantienen porcentajes de participación significativos que les permiten el control de la toma de decisiones en los consejos de administración.

A la vista de lo que viene sucediendo, la cuasi total desinversión del Estado de sectores clave aparece como un grave error estratégico.

Con la paradoja que se ha dado, además, en nuestro país, cuando algunas empresas privatizadas han sido adquiridas por empresas públicas de otros países, como en el caso del sector energético.

A la vista de lo que viene sucediendo, la cuasi total desinversión del Estado de sectores clave aparece como un grave error estratégico. El Estado no puede desinteresarse de empresas de estos sectores de interés general, que operan además como oligopolios.

La crisis financiera del 2008, la crisis energética más reciente y los retos de la digitalización y la inteligencia artificial requieren una participación pública, y no dejarlo todo al albur de los mercados. Sobre todo, teniendo en cuenta la importancia de actores públicos de otros países en algunos mercados clave para el desarrollo global.

Bien es cierto que, en su momento, el gobierno, consciente de la importancia estratégica de empresas como Telefónica, creó las golden shares (acciones de oro), lo que significa que, aunque el gobierno venda toda su participación pública en una empresa, se reserva el derecho a vetar sus decisiones futuras, que ya son privadas.

Pero, según el pensamiento dominante, en una economía de mercado las golden share encajan con dificultad. De hecho, la justicia europea las declaró ilegales en 2003. A partir de entonces, en España el Estado pierde el control total en las empresas estratégicas.

Con el agravante de que, como se ha mencionado, algunos de los nuevos propietarios internacionales, son, a su vez, empresas públicas de otros países (Italia, Alemania o, ahora, Arabia Saudí). Las telecomunicaciones y la información en la transición digital que se está produciendo en todos los sectores de actividad económica son extremadamente sensibles y estratégicos como para dejar sus decisiones en manos de otro Estado, por cierto, bastante ajeno y alejado de los principios y valores compartidos en el área económica europea.

Algunos de los nuevos propietarios internacionales, son, a su vez, empresas públicas de otros países (Italia, Alemania o, ahora, Arabia Saudí).

Es cierto que aún quedan algunos mecanismos de control por el Estado, relacionados con las leyes antimonopolio, o con razones de interés general. Incluso, en el caso actual de Telefónica con la compra del 9,9% de su capital por Arabia Saudí, a través de STC Group, para convertirse en el primer accionista de la operadora española.

Al tratarse de una operación que afecta a una empresa estratégica, esto es, a los intereses de Defensa, se debe registrar y autorizar por la dirección general de armamento y material del Ministerio de Defensa. Veremos si existen motivos para que la resolución que corresponde al Consejo de Ministros a propuesta de la ministra de Defensa y previo informe de la Junta de Inversiones Exteriores, rechace una compra que por otra parte parece que se ajusta a la legalidad.

En este momento, el grupo saudí manifiesta no buscar el control de Telefónica, ni cambiar el equipo directivo de la operadora. Pero, de facto, se convertirá en el primer accionista, con lo que conlleva de derechos políticos en las juntas de accionistas y representación en el consejo de administración.

Finalmente, nada es tan efectivo como estar sentado en el consejo de administración. Quizá, lo que ha ocurrido ahora nos haga repensar la necesidad de que el Estado mantenga el control de empresas en sectores estratégicos.

Determinadas "verdades establecidas", como que el liberalismo a ultranza es bueno para la economía, se convierten en "mentiras irresponsables" en sectores estratégicos.

La monarquía de Oriente Próximo llega además a Telefónica en medio del proceso de integración de las telecos en Europa. No es extraño que Bruselas, consciente de los riesgos geopolíticos, ya haya operado un giro ideológico hacia el concepto de "autonomía estratégica", y señale que la normativa de la UE para el control de la inversión extranjera directa permite vetar estas operaciones que directa o indirectamente supongan control por un Gobierno extranjero, si suponen amenazas a la seguridad o al orden público en la UE.

En el caso de Telefónica, esta inversión extranjera directa puede afectar a la seguridad o al orden público por su posible impacto en infraestructuras críticas como las comunicaciones.

En definitiva, determinadas "verdades establecidas", como que el liberalismo a ultranza es bueno para la economía, se convierten en "mentiras irresponsables" en sectores estratégicos, con graves perjuicios para la economía y los ciudadanos españoles.

*** Mónica Melle Hernández es consejera de la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid y Profesora de Economía de la UCM.