Antes estos colapsos proliferaban en temporada alta, pero ahora ocurren durante todo el año. En lo que va de año no hay semana en la que no se publique una noticia sobre la escasez de oferta de taxis en aquellas ciudades y comunidades autónomas que han descollado en la aprobación de regulaciones restrictivas del servicio de taxi.

Los últimos cinco años han petrificado al sector del taxi y los taxistas, además de impedidos por la regulación para crecer y contratar conductores asalariados para duplicar turnos, en cierto modo apoltronados, han dejado de prestar masivamente servicios por las noches, entregándolas a las VTC. Además, en los aeropuertos y estaciones se multiplican los problemas para encontrar taxis a determinadas horas, mientras se elevan las dificultades de acceso a otro tipo de vehículos de transporte.

De momento solo Madrid y Andalucía, donde la regulación ha sido más procompetitiva, se ven menos afectados los servicios. Mientras la incorporación de vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) a la oferta de transportes, ha aliviado en parte esta falta de oferta de servicio de taxis que se produce, además de lo expuesto, por la congelación del número de taxis que operan desde los años ochenta, en el resto de los territorios se padece un constante y creciente maltrato a los usuarios de movilidad en este segmento de vehículos.

También es cierto que la organización del sistema público de transportes de viajeros por carretera, incluidos los taxistas, nunca ha estado orientada en beneficio de sus usuarios, sino más bien a la rentabilidad de los prestadores de servicios de transporte, quedando en un brindis al sol el mandato legal consistente en que la eficacia del sistema de transportes quede asegurada mediante la adecuada utilización de los recursos disponibles, posibilitando la obtención del máximo rendimiento de los mismos.

Los últimos cinco años han petrificado al sector del taxi y los taxistas

España ha cambiado mucho, pero el número de taxis se ha petrificado desde hace más de 40 años bajo un régimen de licencia municipal que ha promovido la especulación y el chantaje político. La excesiva regulación y la ausencia de unidad de mercado, cayendo en una alta fragmentación entre comunidades y municipios, resulta un grave obstáculo para que exista una adecuada oferta de estos servicios, sobre todo, cuando realmente se necesitan.

Los intereses del gremio son incompatibles con la competitividad, el emprendimiento y la inversión de capital. Luego, el escaso valor de los políticos de turno para implantar las necesarias reformas ha hecho el resto para impedir cualquier avance de calado mayor a la oportuna renovación de los vehículos vetustos por otros más modernos y poco contaminantes.

Todo este desaguisado se debe al cálculo político y al miedo al conflicto que tienen quienes no ocupan los cargos para resolver problemas ciudadanos sino para calentar silla y medrar en el escalafón. Pasando de puntillas, cuando directamente no se está claudicando de toda responsabilidad, siempre en perjuicio de los usuarios. Del resultado suelen dar cuenta los citados y abundantes titulares de los Medios cuando se hacen eco del desabastecimiento de servicio, largas colas y esperas para los usuarios. En definitiva, mal servicio público.

Además, se produce la paradoja de que aquellos gobiernos autonómicos y municipios en los que han gobernado formaciones o coaliciones políticas a los que se les llena la boca de palabras como “social” y “servicio público”, son precisamente los lugares donde el servicio de taxi más ha bajado de calidad, frecuencia, intensidad y tiempo de recogida, mientras que más ha subido en precio, retrasos, colas de espera y descansos forzosos de las flotas que reducen la oferta del servicio a niveles nunca antes vistos desde la desaparición del gasógeno.

La experiencia de varios años de mantenimiento de estas políticas de movilidad, fraccionamiento de la regulación y dar la espalda a los usuarios para mantener contentos a determinados dirigentes de las organizaciones gremiales de taxistas, son suficientes para que, hasta el más torpe de nuestros ediles o consejeros de transportes (por no hablar de ministros y demás cargos sectoriales) reflexione sobre el perjuicio a los usuarios, ciudadanos y turistas que requieren de este servicio público, que -en el colmo de la desfachatez- han llegado a nominar como de interés público.

España ha cambiado mucho, pero el número de taxis se ha petrificado desde hace más de 40 años

La Comisión Europea y las autoridades de Competencia se han dirigido en varias ocasiones a las autoridades de transporte españolas para que acometan las necesarias reformas, pero todo aquello que es recomendación, en vez de amenaza o coacción, se desoye por sistema y el que venga detrás que arreé, como dicen los castizos. Los Tribunales se han visto forzados a legislar por vía de derogación, lo cual no es su función; y tampoco ha servido de nada pues cierta diarrea legislativa ha colonizado tanto las cámaras autonómicas como al Parlamento y los gobiernos autonómicos y central con múltiples decretos-leyes que han venido a completar el desaguisado regulatorio de este sector. Parche tras parche, tenemos una legislación de remiendos, que no se adecúa ni a los intereses de la economía nacional, ni a los de los usuarios, y mucho menos a las necesidades del mercado laboral.

Ni por un momento los “responsables” políticos de estos territorios y municipios se han planteado que las necesidades de movilidad ciudadana no pueden abastecerse con el mismo número de vehículos que hace cuatro décadas y aún con menos conductores por taxi de los que había en aquel entonces ¡Qué decir ya de otras alternativas!

Sería conveniente que, ante los cambios producidos en muchas comunidades y ayuntamientos en las pasadas elecciones, los nuevos responsables políticos de movilidad reflexionen sobre que, ante un problema de falta de oferta como el actual, o bien se pone a la flota existente a prestar servicio durante más horas o inevitablemente se han de otorgar más licencias de taxi para prestar el servicio, o se recurre a incrementar las VTC, y actúen en consecuencia.

En modo alguno se escucha a los usuarios, sino que se les maltrata y se les castiga, como en tantos otros servicios públicos, mientras se les exprime con más impuestos y tasas a cambio de menos de lo que antes tenían.

Todas las quejas se resuelven por el expediente populista de señalar la precariedad de aquellos que tendrían que trabajar para ganarse la vida, porque la vida del rentista es más cómoda. El político extrae más rentas al usuario y el licenciatario obtiene mayores rentas sin aumentar ni mejorar su servicio. El usuario paga más por menos. Descaradamente a eso lo denominan progresismo. ¿Será la esperanza lo último que pierde el usuario maltratado?

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado, experto en movilidad y transportes.