España llegó a modificar la Constitución en 2011 para introducir el concepto de estabilidad presupuestaria, estableciendo que el pago de la deuda pública es lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado en los presupuestos generales. Después pudimos comprobar cómo las políticas de austeridad a ultranza en momentos recesivos no ayudan a reducir la deuda ni el déficit público.

La propia Comisión Europea ha aplicado otra política económica mucho más expansiva en la reciente crisis de la pandemia de la Covid-19. Y ahora, España y los países europeos más endeudados apuestan por un marco de reglas fiscales que se adecúe a las necesidades y a la realidad de cada país, con sendas de responsabilidad fiscal compatibles con las inversiones en las transiciones verde y digital para favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.

La dimensión del sector público medida a través de los ingresos públicos (impuestos y cotizaciones sociales) sobre el PIB alcanzó el 39,2% en España en 2021, mientras que en la media de la UE se situaba en el 41,7%. Cuando se mide mediante el gasto público sobre el PIB también es inferior en España respecto a la media de la UE -50,6% frente a 51,5% en 2021-.

Sin embargo, en un análisis más detallado de ese gasto público, el esfuerzo presupuestario en nuestro país se concentra en prestaciones sociales (un 44%), especialmente pensiones, mientras que el gasto en educación e inversión pública es inferior al de los vecinos europeos -véase gráfico adjunto-.

Gráfico. Porcentaje del gasto público por clasificación económica. Datos del año 2019 Fuente: Banco de España

Apostar por los servicios públicos -como la sanidad, la educación o los cuidados-, y por inversiones públicas en investigación, desarrollo e innovación, e infraestructuras, eleva el crecimiento potencial de las economías. Además, puede resultar eficiente en la lucha contra la desigualdad.

El sector público, a través de la provisión de los servicios públicos, debe combatir las desigualdades, potenciando un Estado del Bienestar sólido y un sistema fiscal justo que facilite una distribución equitativa de la renta y la riqueza. Pero, además, el sector público puede desarrollar un papel como gran inversor y creador de valor permitiendo acelerar transformaciones del modelo productivo y mejorando la productividad de la economía. Los fondos europeos Next Generation van en esa dirección.

Es momento de impulsar la innovación tecnológica y dinamice la economía, invirtiendo en intangibles como la formación y la innovación. En países, entre los que destacan los Estados Unidos o Alemania, muchas innovaciones han sido posibles porque el sector público ha asumido riesgos.

Existen ejemplos en sectores como los de las tecnologías de la información, el farmacéutico o el de las energías renovables. Así, detrás de la creación de grandes empresas hoy de la nueva economía, como Apple, Google o Facebook, hubo una gran inversión pública. Sin esa gran inversión del Estado probablemente estas empresas no existirían.

El Estado es algo más que un solucionador del mercado, que nos decían los clásicos como Adam Smith. Debe ser un creador de mercado, y para hacerlo ha de asumir enormes riesgos a largo plazo, ante la elevada probabilidad de fracaso.

Es momento de impulsar la innovación tecnológica y dinamice la economía, invirtiendo en intangibles como la formación y la innovación

Lo justo es que cuando haya empresas privadas que se beneficien de esa apuesta del sector público por invertir en innovaciones de alto riesgo, participe en la rentabilidad percibiendo una recompensa estatal. Ese retorno de la inversión pública puede ser vía impuestos o a través de algún de participación en los beneficios más directos como son las acciones -Finlandia financió a Nokia a través del organismo de financiación pública Sitra, y mantuvo acciones de la compañía-.

Naturalmente no todo vale: el esfuerzo impulsor del Estado debe enmarcarse dentro de una visión estratégica evaluada periódicamente. Y acompañarse de una senda razonable de contención de los desequilibrios presupuestarios. La mejora de la calidad del gasto público es una asignatura pendiente: la experiencia internacional muestra que avanzando en ese camino se liberaría un margen de maniobra para a la vez reducir el déficit e invertir en la transformación del modelo productivo.

España cerró el 2022 con una deuda y déficit público superiores a los de la eurozona –una deuda del 113,2 frente al 91,6% del PIB en la zona euro y un déficit del 4,8 frente a 3,6% del PIB en la eurozona-. Incumple los umbrales que marca el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y es preciso avanzar hacia una senda de equilibrio presupuestario, sobre todo en el contexto actual de subida de tipos de interés que encarecen nuestra deuda pública. Pero a la vez, la Comisión Europea, cuando redefina el nuevo marco fiscal para los próximos años, no debe olvidar el papel del sector público como emprendedor en las transiciones digital y verde de la economía.