Yolanda Díaz, con sus defectos y virtudes, si de algo no justifica son méritos. Una persona con su historial de declaraciones no puede justificarse por más tiempo en el cargo que ocupa. Simplemente es inaceptable.

La ministra ha vuelto a la carga en su cruzada contra ese sistema capitalista y opresor en el que ubica a los bancos, pidiendo la intervención del mercado hipotecario mediante la congelación de las cuotas hipotecarias.

El trasfondo de su mensaje estriba en el hecho de que los malvados bancos han obtenido “beneficios importantes”, que en su lenguaje quizás hay que interpretar como “inmorales”. Las cifras publicadas recientemente por las entidades así lo deben de corroborar. Las seis mayores entidades obtuvieron en 2022 un beneficio conjunto ajustado que superó los 22.000 millones de euros, con un incremento anual del 28%.

Díaz, sin la inteligencia analítica que requiere acusar sin saber, seguramente desconoce que los bancos no generan íntegramente su beneficio de las hipotecas, sino que es una intermediación agregada por el total de préstamos que conceden a muchos otros agentes, entre ellos entidades públicas y gobiernos, y por los que asumen un elevado riesgo. Esto es así porque la financiación no se regala.

Además, obtienen comisiones de servicios y otros ingresos por asumir riesgos propios en su actividad. Por no olvidar que el negocio hipotecario es parte pero no el único. Hay gestión de activos, hay banca corporativa, hay venta de productos de terceros (tarjetas, seguros…), es decir, existe toda una actividad de distribución y comercialización además de la intermediación.

Romper las reglas de juego conlleva que los futuros demandantes quedarán excluidos contra su voluntad

Lo que quizás no sabe, o sí pero se le olvida, es que en 2022 los bancos declararon casi 11.000 millones de impuestos. La tasa fiscal media teórica es del 33%, rozando el máximo que marca el Impuesto de Sociedades. No es fácil encontrar un sector que esté en ese umbral.

En lo que no pierdo el tiempo es en el disparate que supone sugerir que el Gobierno tiene capacidad normativa para intervenir un contrato firmado entre dos partes de forma legítima, y que además soporta una elevadísima regulación y supervisión pública. Si un gobierno comete esa torpeza, hay un porcentaje de la población al que se le cierra de forma definitiva toda posibilidad de acceso a la vivienda por carecer de financiación bancaria. Romper las reglas de juego conlleva que los futuros demandantes quedarán excluidos contra su voluntad.

Si la tesis, como defiende Díaz, es que “quien más tiene, más tiene que aportar", parece evidente que los que más generaron han aportado y con creces. Es más, la única entidad con vínculo público -el Estado ostenta un 16% del capital de CaixaBank- fue la que menos impuestos devengó con una tasa impositiva teórica del 6%, si bien es cierto que es extraordinaria por créditos fiscales generados por la integración de Bankia. No olvidemos que temas impositivos al margen, la SEPI se beneficia del dividendo que reparte el banco y que le genera una nada desdeñable rentabilidad del 3% anual.

Es un tema que he desarrollado muchas veces. Demasiadas para un país supuestamente serio. Que la ministra de Trabajo no sabe de finanzas es un hecho. No sabe qué es la banca ni cómo funciona. Cómo genera su beneficio ni cómo soporta los riesgos. Pero sí sabe una cosa, es mejor encontrar cabezas de turco que reconocer las torpezas de la gestión. En eso es en lo que amerita su condición de ministra.