Las externalidades derivadas de la invasión de Ucrania y la suspensión de las reglas fiscales para 2023 por cuarto año consecutivo, han servido de coartada para diseñar un plan presupuestario destinado a expandir el gasto público un año más y consolidar gasto estructural a pesar de las advertencias, cada vez más sonoras, de organismos e instituciones que piden cautela y prudencia para no profundizar en los desequilibrios de la economía española.

La anestesia que la inflación ha supuesto para el déficit público y sus efectos impulsando la recaudación hasta los 239.789 millones acumulados a cierre de noviembre (último mes publicado), se empiezan a agotar. Los ingresos tributarios en 2022 han crecido un 15,9%, unos 32.900 millones de euros, pero por primera vez en mucho tiempo, observamos una caída en la recaudación del IVA al comparar noviembre de 2022 con noviembre de 2021.

"La anestesia que la inflación ha supuesto para el déficit público y sus efectos impulsando la recaudación hasta los 239.789 millones"

La inflación incrementa los ingresos públicos en el corto plazo, pero en el medio y en largo destroza las economías familiares, que ven reducida su renta disponible y el consumo privado, además de frenar la inversión productiva de las empresas.

Los ingresos derivados del IVA se frenan en primer lugar y después, los derivados del IRPF. Ignorar esta regla básica y que la inflación subyacente afecta a nuestra competitividad y aumenta el riesgo de efectos de segunda ronda, ha sido una imprudencia por parte del gobierno.

Además, el contexto financiero favorable derivado de una política monetaria laxa por parte del Banco Central Europeo toca a su fin y la necesidad de controlar el proceso inflacionario en 2023 provocará en los próximos meses un encarecimiento de las hipotecas y de los costes empresariales. Hasta la fecha hemos percibido tan sólo los primeros efectos, será precisamente a partir de ahora cuando sus consecuencias se extiendan al conjunto de los agentes privados.

La sostenibilidad de la deuda española se ha beneficiado del alargamiento de la vida de la cartera y de los programas de compra de bonos del BCE, que han impedido tensiones en la prima de riesgo a pesar de alcanzar un volumen récord de 1,5 billones de euros.

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La modificación del marco de actuación del BCE y la reducción de su balance ya está suponiendo que el Tesoro tenga que financiar la emisión neta prevista para 2023, 75.000 millones de euros, mediante instrumentos a largo plazo asumiendo que cada punto de incremento en el coste de la deuda supondrá elevar el gasto en intereses en unos 1.700 millones de euros.

Para la confianza de los mercados, es mucho más importante la dinámica de la deuda que el dato concreto de porcentaje sobre el PIB. Lo que la trayectoria de la deuda en circulación muestra, es un incremento en más de 260.000 millones de euros desde diciembre de 2019 hasta hoy; más de 300.000 millones desde que gobierna Pedro Sánchez.

Nuestra gran vulnerabilidad en el largo plazo es la deuda pública, un riesgo que no supondrá inquietud si activamos políticas económicas capaces de incrementar nuestra competitividad, mejorar la productividad de los factores y se acompañan de una revisión rigurosa del gasto público que prime la eficiencia y se aproveche de la digitalización de la Administración.

Necesitamos gestores públicos responsables con el presente, pero sobre todo con el futuro, que entiendan que es imprescindible llevar a cabo reformas estructurales, a pesar de que no tengan retornos políticos inmediatos, pero que generen los fundamentos de un crecimiento económico sano a largo plazo y posibiliten reducir el déficit estructural y sostener en el tiempo una estrategia de consolidación fiscal destinada a recuperar el margen de actuación ante cualquier crisis imprevista.

Según el reciente informe de Competitividad Fiscal elaborado por el Instituto de Estudios Económicos, la presión fiscal prevista para 2023 ascenderá hasta el 42,3% mientras que el esfuerzo fiscal en nuestro país es un 52% superior al de la Unión Europea. El camino emprendido en esta legislatura está muy alejado de una reforma que diseñe un marco fiscal predecible, estable y competitivo, capaz de favorecer la creación de empleo y atraer inversión.

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Nuestro mercado laboral necesita resolver el problema de transparencia actual y clarificar cuál es la tasa de paro efectivo y cuántos son los españoles, que aun queriendo trabajar, no encuentran empleo; o por qué nuestro sistema educativo ha sacrificado la cultura del esfuerzo dificultando el ascensor social y no provee de personal cualificado a un sector industrial que se ve incapaz de cubrir vacantes o de retener talento.

"Un año electoral puede ser un año perdido si la deriva populista se adueña de las decisiones de política económica"

En definitiva, un año electoral puede ser un año perdido si la deriva populista se adueña de las decisiones de política económica y de la gestión propagandística de los fondos europeos o si la búsqueda de votos se cultiva con subvenciones y cheques carentes de sentido redistributivo e ineficaces para reducir una desigualdad que sólo se resuelve creando empleo estable.

Impulsar reformas que generen confianza, crecimiento y dinamismo económico, acompañadas de un replanteamiento de nuestro sistema impositivo orientado hacia la eficiencia y la neutralidad, pueden construir la senda óptima para incrementar las bases imponibles y la recaudación, que complementadas con un ajuste eficaz del gasto público proporcione la seguridad en la sostenibilidad de las cuentas públicas que reclaman inversores y la Unión Europea.

En absoluto son retos menores, es más, son objetivos que únicamente se alcanzarán con la firme determinación y el compromiso con el futuro del país de las personas que tomarán las riendas de las instituciones este año.

*** Santiago Sánchez López es economista.