Fondos Next Generation, Europa arrima el hombro
Bruselas da la espalda a la austeridad con la revisión de las reglas fiscales y la mutualización de la deuda para financiar los fondos Next Generation.
El fondo Next Generation sin duda representa un avance en el proyecto europeo, que no sólo es económico sino también social. Las crisis se han aprovechado como oportunidades para avanzar en la construcción de esa UE más unida, cohesionada y solidaria. En esta ocasión se ha dado un primer paso significativo en la unión fiscal que, junto con los avances hacia la unión bancaria y el Mecanismo Europeo de Estabilidad como prestamista de último recurso, completan su arquitectura tras los graves déficits que afloraron en mayor medida en la crisis de 2009.
Este fondo para la recuperación sienta el precedente del pilar que le falta a la zona euro para funcionar adecuadamente: el de la estabilización fiscal. Por primera vez se mutualizan los riesgos entre los Estados miembros y sus presupuestos van a ejercer una tarea de estabilización frente a una crisis asimétrica. El presupuesto europeo se ha visto revitalizado al duplicar el monto del plan de estímulo (en conjunto representan el 2% del PIB), lo que supone un cambio en el paradigma presupuestario.
El fondo de 750.000 millones de euros será financiado con deuda conjunta, mutualizando riesgos entre los 27 Estados miembros de la UE, garantizando un menor coste de financiación por el respaldo conjunto y solidario de todos ellos.
Los 27 se han endeudado a 30 años, pero la recuperación de primero la crisis sanitaria y después económica necesita recursos para llevar a cabo inversiones, y ahora esos recursos se van a conseguir a un menor coste. Es la primera vez que la Comisión Europea emite deuda por semejante volumen con el respaldo del presupuesto comunitario (Triple A en los mercados) para transferirlo a los Estados.
También por primera vez, se establece que la UE tenga recursos propios en forma de nuevos impuestos y tasas –carbono, plástico de un solo uso, digital...– para financiar el repago de esa deuda.
[Fondos Next Generation EU: ¿cómo conseguir un proyecto ganador?]
La financiación de la deuda es de carácter histórico, y da fe de la confianza depositada en el proyecto europeo por los Estados miembros, a pesar de que este principio de deuda común parecía impensable hace unos meses.
"Para España es un buen acuerdo, es uno de los países más beneficiados. Vamos a recibir 140.000 millones"
El fondo Next Generation, dotado de 750.000 millones de euros -de los que 390.000 millones serán ayudas directas y 360.000 millones préstamos-, garantiza que los países más afectados reciban mayores recursos para financiar sus planes nacionales de recuperación. Para España es un buen acuerdo, es uno de los países más beneficiados. Vamos a recibir 140.000 millones -de los que 72.700 millones serán ayudas directas-, que requieren un esfuerzo ímprobo de planificación y gestión en tiempo récord y bajo la atenta vigilancia de nuestros escépticos socios.
España tiene capacidad sobrada para aprovechar esta oportunidad única y realizar las inversiones (principalmente en la economía digital y verde) que necesitamos para un crecimiento más robusto y sostenible en el medio plazo. Requiere de la cogobernanza y cooperación leal de las distintas Administraciones públicas, siendo clave el papel de las comunidades y ciudades autónomas.
De hecho, el ritmo de ejecución de las inversiones resulta menos ágil en nuestro país debido fundamentalmente a nuestro modelo de Estado. Ello sumado a la incertidumbre del actual contexto geopolítico y del impacto de sus consecuencias económicas y financieras, especialmente la inflación y la escasez de materias primas y materiales de construcción, complica aún más la ejecución de los fondos.
"El ritmo de ejecución de las inversiones resulta menos ágil en nuestro país debido fundamentalmente a nuestro modelo de Estado"
Es previsible que la UE termine eliminando la rigidez de los plazos establecidos para la ejecución de los fondos Next Generation, cuestión que ha ocurrido anteriormente con otro tipo de fondos europeos. El plazo actualmente establecido para ejecutar las inversiones es hasta el 31 de diciembre de 2026, pero el problema está en que los fondos tienen que estar ya comprometidos a cierre de 2023. De ahí la necesidad de ampliar ese plazo.
Entre tanto España ha solicitado un tercer desembolso por valor de 6.000 millones de euros del fondo de recuperación europeo, vinculado al cumplimiento de 23 hitos y 6 objetivos, entre los que figuran la reforma de la Ley Concursal, la Ley relativa al Sistema Integral de Formación Profesional, el nuevo régimen de cotización de los trabajadores autónomos, la nueva ley de planes de pensiones de empleo o diversas modificaciones en el ámbito de la fiscalidad energética. De aprobarse, se sumaría a los 31.036 millones de euros ya recibidos.
La revisión de las reglas fiscales del Pacto de Estabilidad que ha propuesto la Comisión Europea, de materializarse, supondría igualmente un avance en la gobernanza económica de la Eurozona.
Aunque se mantienen los niveles máximos exigibles de déficit público (3% del PIB) y deuda pública (60% del PIB), la propuesta también innova incorporando un marco individualizado para cada país, en función de su trayectoria específica, sus necesidades y particularidades, en un plazo temporal de cuatro años que puede extenderse hasta siete para facilitar grandes inversiones y reformas. Este abandono de la "austeridad acelerada" evitará llevar a cabo grandes recortes fiscales que serían contraproducentes para las economías europeas ante el riesgo de recesión.
Además, la propuesta de plan individualizado también incluye incentivos: el plazo de corrección de los desequilibrios será más amplio si el país acomete reformas acordadas con Bruselas. Y también contempla una "regla de oro" para la inversión pública en transición energética.
Una flexibilidad que en definitiva resultará más eficaz y creíble para el cumplimiento de los objetivos de déficit y deuda pública que la exigencia de austeridad a ultranza que se marcó en las reglas de gasto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE en el marco de la crisis financiera de 2009 y que llevó a España a modificar el artículo 135 de la Constitución Española para incorporar en su articulado el concepto de déficit estructural.
Esta modificación, junto con las inversiones que gradualmente irán acometiéndose con la ejecución de los fondos Next Generation, ayudarán a España para mantener su compromiso de sostenibilidad de las finanzas públicas a medio plazo.
No olvidemos que, como contrapartida de los fondos acordados, se debe lograr una mayor integración fiscal, y el Consejo cobra más peso frente a las instituciones más comunitarias, como la Comisión y el Parlamento. Esta "condicionalidad" que exigen las reglas europeas puede verse como oportunidad para poner en marcha reformas estructurales. Entre las que más se echa en falta destaca la reforma fiscal, por el doble beneficio que supone a la vez aportar recursos para reducir el déficit e incentivar la transformación del modelo productivo.
*** Mónica Melle es economista.