Y eso, que alcanzar el éxito en la gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia es una materia de radical importancia para que nuestras empresas sean más competitivas, corrijan un déficit de productividad secular y nuestro tejido industrial afronte una transformación de toda la cadena de valor que contribuya a reforzar nuestros sectores estratégicos y lograr la implantación de las industrias del futuro. Es, sin duda, el mayor reto que tenemos como país, con el mayor volumen de recursos puestos a nuestra disposición.

No caben más excusas, ni son admisibles más ejercicios de propaganda cuando lo que necesitan nuestras empresas es agilidad y eficacia a la hora de que los fondos puedan llegar a sus destinatarios finales. Son necesarios resultados.

En el último balance presentado por la Intervención General del Estado hasta el 31 de julio, la ejecución de los fondos presupuestados para el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia en 2022, más de 28.400 millones de euros, es desalentadora; con tan sólo un 15,8% de pagos realizados, 4.500 millones de euros.

De éstos, 3.000 millones se corresponden con transferencias a las comunidades autónomas y tendrán que movilizarse mediante futuras convocatorias, mientras unos 800 millones se corresponden con transferencias a organismos públicos como Adif o el SEPE.

Adif está viendo aliviados sus problemas de tesorería gracias al Gobierno y a los fondos europeos. El año pasado recibió 1.700 millones y hasta final de julio, ha recibido 367 millones de los 1.400 millones que tiene presupuestados para 2022. En el caso del SEPE, cierra julio con la recepción de 494 millones de los fondos europeos.

Adif está viendo aliviados sus problemas de tesorería gracias al Gobierno y a los fondos europeos

Cifras escasas a pesar de la convocatoria de 23 conferencias sectoriales a lo largo de julio, en un esfuerzo por territorializar fondos con celeridad, alarmados por una evolución en la ejecución similar a la de 2021.

Cifras escasas, por más que la vicepresidenta del Gobierno se esfuerce en sus comparecencias en hablar sobre créditos "autorizados" y "comprometidos" con la intención de revestir los datos de cierto lustre.

Las empresas no necesitan que les informen sobre la fase presupuestaria en la que se encuentran los fondos; lo que importa son los "pagos realizados" y si éstos llegan a sus beneficiarios finales. ¿Cómo es posible que desde el 31 de agosto de 2021 sigamos sin información sobre los fondos que han llegado a la economía real? ¿Es insolvencia o mala fe?

Los problemas de ejecución tienen su pecado original en el Real Decreto 36/2020, donde el Gobierno diseñó un sistema absolutamente inoperante y que, en una situación bochornosa, sigue atascado en su tramitación como Proyecto de Ley en el Congreso desde el 1 de enero de 2021 por la debilidad parlamentaria del gobierno. Este retraso inexplicable, ¿es insolvencia o mala fe?

[El Real Decreto 36/2020: un Decreto para la recuperación]

El déficit de transparencia, rendición de cuentas y puesta a disposición de los ciudadanos de la información del plan, debería contar ya con un reproche desde la Comisión Europea. ¿Cómo es posible que la plataforma que debería centralizar los datos (COFFEE) y estar en funcionamiento desde noviembre del año pasado, todavía no lo esté? ¿Es insolvencia o mala fe?

Los españoles necesitan conocer cuál es el desglose de los fondos, cuánto ha llegado a las empresas, si han aumentado las licitaciones desiertas (un 10% indicaba la AIReF), si se están destinando a finalidades realmente transformadoras, y sobre todo, ¿qué impacto están generando en el crecimiento y el empleo? Estas y no otras, son las preguntas que debería contestar el Gobierno porque son las que medirán el éxito o fracaso de los fondos europeos.

De nada sirven los fondos europeos si no incrementan la competitividad, si no impulsan la productividad de nuestras empresas, si las reformas que tiene que realizar España introducen más rigideces y más costes para las empresas, o si los fondos, tal y como están denunciando las comunidades autónomas, obligan a las Administraciones a realizar inversiones que generarán más gasto estructural y que tendrán que asumir con sus recursos.

De nada sirven los fondos europeos si no incrementan la competitividad, si no impulsan la productividad

No hay declaración gubernamental en la que no se insista en la "velocidad de crucero" de los fondos, en que fuimos el primer país en recibir el visto bueno del plan y los primeros en recibir los fondos.

Concretamente, las arcas públicas han recibido 31.000 millones de euros. 9.036 millones de la prefinanciación, 10.000 millones del primer desembolso y 12.000 millones del segundo desembolso.

¿Alguien tiene conocimiento del destino de estos fondos? ¿Conocen algún responsable del Ministerio de Hacienda que haya explicado en qué se han gastado? Yo al menos, y créanme que le dedico mucho tiempo, no sería capaz de responderlo.

Los PERTEs, los grandes proyectos tractores en sectores estratégicos para la economía española no terminan de arrancar. De los once aprobados, cuatro siguen sin publicar convocatorias.

El PERTE del vehículo eléctrico y conectado, es el más adelantado a pesar de tardar más de un año en ponerse en marcha. La resolución de su principal convocatoria, por importe de 2.975 millones de euros, adjudicó provisionalmente tan sólo el 25% de los fondos disponibles.

Recientemente hemos conocido como Ford, ha decidido renunciar a estas ayudas por sus plazos de inversión y condiciones, optando por adaptar sus capacidades productivas y tiempos de inversión a la realidad de una economía cambiante, incierta y con importantes incrementos en los costes de producción, como la española.

[Ford y el PP, los errores de Sánchez con los fondos europeos]

Es la prueba palpable de que las decisiones de política económica que adopta un país importan, que el marco fiscal y la seguridad jurídica afectan a la confianza de los inversores, y por tanto, resulta una ensoñación pensar que la inversión pública de los PERTES será capaz de movilizar 70.000 millones de euros de inversión privada.

La improvisación fiscal, los anuncios populistas sobre la intervención de precios en la alimentación o la limitación en los tipos variables de las hipotecas, los llamamientos a manifestarse ante la patronal, ¿se trata insolvencia o mala fe?

Estamos a las puertas de solicitar los 7.700 millones adicionales en ayudas que nos corresponden por nuestra negativa evolución económica y los 84.000 millones del tramo de préstamos, que requerirán nuevos hitos y objetivos.

Queda margen para lograr que se adapten a las necesidades de las comunidades autónomas y de los sectores empresariales, a tiempo de que las reuniones no sean escaparates fotográficos o monólogos gubernamentales, sino verdaderos instrumentos de trabajo y diálogo sincero. La responsabilidad es inmensa y no podemos permitirnos modular los tiempos por necesidades electorales.

*** Santiago Sánchez López es economista.