En esto tiene mucho que ver, aunque parezca paradójico, la transición ecológica, y no sólo la guerra en Ucrania. Es cierto que en el mix de producción hay, además de los ciclos combinados de gas natural, otras energías, fundamentalmente las renovables y la nuclear. Pero todas ellas tienen una característica común, los costes fijos son casi todo.

Construir una central nuclear tiene unos costes fijos elevadísimos, y una vez puesta en funcionamiento, el coste variable de producción es muy limitado. Y eso ocurre, también con las fuentes de energía renovables, fotovoltaica, termosolar, eólica y también hidroeléctrica.

Para tener una señal de precio, al final se depende del gas, como antes se hacía con el carbón. El problema es que el precio del gas se ha disparado. Ante eso, la solución ibérica, es decir española y portuguesa, que finalmente ha aceptado la Comisión, es poner un límite al precio del gas que entra en el 'pool'.

Posteriormente, hay que compensar a las centrales de ciclo combinado por la diferencia entre el precio de cotización del gas, y el precio máximo al que pueden ofertar. Esta diferencia se cobra a los consumidores que tienen la tarifa regulada, que está indiciada, precisamente, al precio del 'pool'. Una cuestión adicional importante es que no somos, no del todo, una isla energética. Esto quiere decir que parte de la energía, la que se exporta a Francia, si se produce con gas, también genera compensación, que corre a cargo de los consumidores españoles.

Un sistema como éste puede reducir el precio de la electricidad para el consumidor, pero en el límite podría aumentarlo. Para comprenderlo, nada mejor que poner unos cuantos escenarios extremos. Por ejemplo, si en una hora, toda la demanda, incluyendo la demanda francesa que se puede abastecer desde España, se genera con otras fuentes de energía, por ejemplo, nuclear, eólica y fotovoltaica e hidráulica, entonces el tope del gas no tiene ningún efecto.

En sentido contrario, si en otro momento, no hay otras fuentes disponibles, y todo se genera a partir de centrales de ciclo combinado, entonces el mecanismo aumenta el precio para el consumidor español.

En ese caso, toda la energía se pagaría al precio fijado para el tope del gas. Por supuesto, habría que compensar a las centrales de ciclo combinado. Si no hubiese exportación a Francia, en este caso el sistema sería neutro porque los productores de gas deberían cobrar lo mismo con tope como sin tope. Sin embargo, como la compensación a las centrales de ciclo combinado, que se dedican a exportar, la pagan los consumidores españoles, entonces el precio final que pagan sería mayor.

Aun así, lo normal sería, en situaciones normales, que el precio bajase. La razón es que los demás productores de energía suelen cobrar al precio de la energía más cara, que suele ser el gas. Ahora, estas instalaciones, en la que lo más relevante es el coste fijo, tendrán menos retribución, aunque los productores de gas tengan en teoría la misma. En realidad, el tope al gas es un tope o límite a la retribución de nucleares y energías renovables. Y esto, como todo, tiene ventajas e inconvenientes. 

El tope al gas es un tope o límite a la retribución de nucleares y energías renovables

Por una parte, hay una rebaja del precio de la electricidad, que sería mayor si no se subvencionase la exportación a Francia, que fue una imposición de la Comisión Europea. Por otra parte, una parte de la demanda que podría ser atendida con fuentes renovables se acaba adjudicando al gas porque su precio no es el de mercado.

Esto supone más emisiones de CO2 y mayor demanda de gas natural cuando se pretende reducirla, por razones medioambientales y, sobre todo, geoestratégicas por la dependencia europea del gas ruso. Por último, los productores renovables ganan menos dinero, y si eso se mantiene se irán reduciendo las inversiones en las tecnologías que deberían ir sustituyendo al gas natural.

La rebaja en el precio de la electricidad que genera este mecanismo depende fundamentalmente de dos factores. Por una parte, del precio del gas, cuanto más aumente, más compensación habrá que pagar a las centrales de ciclo combinado.

El segundo factor, y el más importante de todos, es cuánto gas hay que quemar para satisfacer la demanda eléctrica. Si sólo se quema gas, como hemos visto antes, no hay rebaja sino aumento de precio. Si no se quema gas, obviamente, no hay rebaja ninguna. Ahora bien, en situaciones intermedias, en las que el gas entre "en punta", por ejemplo, satisfaciendo un 10% de la demanda, entonces, hay una limitación al 90% a las retribuciones del 90% de la producción eléctrica, reduciendo el precio final para el consumidor.

El mecanismo es una solución de emergencia, con pros y contras, pero que tendrá un cierto efecto anti-inflacionista. Obviamente, no se pueden esperar milagros, ni tampoco dos países, España y Portugal, se pueden aislar de la coyuntura energética internacional.

¿Se puede hacer algo más? Tenemos otro agente inflacionista, al que quizás no le estamos prestando la debida atención: el coste de los derechos de emisión de CO2. La cotización de ayer de estos derechos era de 83 euros, cuando hace un año estaba a 50 euros y antes de la pandemia, su coste era ligeramente superior a 20 euros. Este precio aumenta el coste de producción eléctrica con gas natural y lo hace aún más cuando se recurre al carbón. Por otra parte, este coste también encarece el refino del petróleo, eso sí siempre que se haga en Europa.

Habría que replantearse, también, no sólo el precio de gas para producir electricidad, sino si los derechos de CO2 son suficientes.

Por ejemplo, hace unos días Alemania decidió recurrir al carbón para producir electricidad, dados los problemas de suministro del gas. Esto encarecerá la electricidad en Alemania, fundamentalmente porque se necesitan más derechos de CO2. Y si aumenta la demanda de derechos y estos se van reduciendo, entonces su precio se seguirá incrementando, lo que nos encarecerá a todos los europeos la producción eléctrica y el refino de petróleo.

Y estamos en una situación de emergencia, Alemania no debía haber cerrado sus centrales nucleares ni fiar su política energética a los gasoductos que provienen de Rusia, pero ahora está quemando carbón porque no tiene más opciones.

Por otra parte, en la medida en que no hay un ajuste fiscal en frontera con el CO2, algunas actividades se están deslocalizando. Por ejemplo, India está comprando crudo a Rusia, con importantes rebajas, pero a un precio muy superior al de antes de la guerra.

Sin embargo, no tiene tanta necesidad de carburantes. Lo que está haciendo es refinar ese crudo, y posteriormente enviarlo a Europa como gasolinas y gasóleos, que eso sí salen algo más caros por el transporte. Otro ejemplo más de que pretendiendo conseguir varios objetivos a la vez, luchar contra la inflación, impedir que Putin financie su guerra, y avanzar en la transición ecológica, al final no se consigue plenamente ninguno de ellos…

Nos guste o no, la transición ecológica es un proceso inflacionista, pero también imprescindible, que habría que adaptar a un ritmo que se pueda pagar, y a unas condiciones, como una guerra en Europa en el que el invasor es el principal suministrador de gas y petróleo. Por eso, el tope al gas no es la medida perfecta, pero es un avance necesario cuando el precio del gas está a tope, aunque la situación podría empeorar en otoño e invierno si la guerra en Ucrania continúa.

*** Francisco de la Torre Díaz es economista e inspector de Hacienda.