La mayoría del Pleno del CGPJ, con su beneplácito al informe, recordaba con el dictamen que el núcleo de la regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho de la vivienda corresponden a cada una de las comunidades autónomas.

No obstante, al tratarse de un documento preceptivo, pero no vinculante, el Gobierno ha mantenido su objetivo de presentar ayer el anteproyecto al Consejo de Ministros para su aprobación y posterior remisión a las Cortes. De hecho, según la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, el anteproyecto de ley respeta la Constitución y no invade las competencias de las comunidades autónomas.

El dictamen del CGPJ recordaba que las políticas de vivienda corresponden a las comunidades autónomas 

Con este movimiento, el Ejecutivo envía el mensaje de no tener en consideración el informe del CGPJ, aunque dentro de un tiempo la ley podría decaer por inconstitucional, teniendo en cuenta que algunos partidos de la oposición, como el PP, ya han anunciado que la llevarán ante el Tribunal Constitucional.

Además, el alcance de la aplicación de la ley podría ser limitado, ya que un número importante de comunidades autónomas (Andalucía, Madrid, Galicia, Castilla y León y Murcia, todas ellas con gobiernos del PP), ya han anunciado que no la van a poner en vigor en los territorios donde gobiernan con mayoría.

El CGPJ, a lo largo de las 60 páginas del informe, denuncia que el anteproyecto vulnera tanto la competencia de las autonomías respecto al artículo 47 de la Constitución referido al derecho a la vivienda, como el derecho fundamental de la propiedad que generan medidas como el recargo del IBI a las viviendas vacías. Además, define el texto aprobado del anteproyecto como “contradictorio”, “farragoso”, “incongruente”, “nocivo”, “innecesario” e “inoportuno”.

No obstante, la ley de vivienda también ha causado discrepancias en el seno del órgano de gobierno de los jueces. En un voto particular, que se enviará al Ejecutivo junto al respaldado por la mayoría, cinco de los seis vocales progresistas que rechazaron el informe contrario a la ley de vivienda sostienen que el dictamen que se votó el pasado 27 de enero supone una “extralimitación” del CGPJ y “distorsiona” el contenido del anteproyecto. A su entender, esta ley constituye “un instrumento normativo adecuado para la consagración” del derecho a la vivienda.

El voto particular indica que la ley constituye "un instrumento normativo adecuado para la consagración" del derecho de vivienda

Enfrentarse a la falta de seguridad jurídica que genera el hecho de no poder determinar qué norma ha de aplicarse, si la estatal o la autonómica, puede provocar que se contraiga la actividad inmobiliaria y, por tanto, la inversión y el empleo, en aquellas comunidades autónomas y ayuntamientos que decidan acogerse a estas medidas.

Así lo demuestra el parón en la inversión y reducción en la oferta de viviendas que se ha observado en Cataluña y otros países europeos con medidas similares. Para el sector es clara la necesidad de acortar la brecha con respecto a otros países europeos de vivienda en alquiler, pero no a través de un ataque a la propiedad privada, sino sacando más oferta al mercado.

Respecto a la compra de vivienda, desde la asociación hemos detectado que más de un millón de jóvenes tienen capacidad de pago, pero no de ahorro. Planteamos como solución un aval a través del ICO y entidades financieras para ampliar tanto la hipoteca como el desembolso del 20 % inicial.

A pesar de la subida del precio de la vivienda en 2021, el porcentaje de renta disponible de las familias para poder tener acceso a la vivienda en alquiler o en venta no sobrepasa el 32 %, lo que consideramos óptimo.

Sin embargo, tenemos un sistema de gestión de nuestra materia prima muy deficiente que hace que el precio del suelo se dispare y afecte al precio final de la vivienda. Los precios de los módulos de vivienda de protección oficial llevan sin subir desde 2008, lo que hace imposible edificar si no se recuperan las ayudas establecidas históricamente.

La promoción de vivienda ha sido uno de los sectores más resilientes a la crisis y está llamado a ser, si todos lo encauzamos adecuadamente, uno de los motores de la recuperación económica. Para ello, es necesaria una seguridad jurídica que proporcione las máximas garantías a los distintos actores sectoriales y no esta ley de la vivienda, que ya nace con claros visos de inconstitucionalidad.

Desde hace mucho tiempo desde la asociación abogamos por la necesidad de que el sector público facilite la actividad de la inversión privada, apostando por la colaboración público-privada que incentive la construcción de más vivienda social como parte de la solución para facilitar el acceso a la vivienda asequible.

*** Juan Antonio Gómez-Pintado es presidente de ASPRIMA