En este sentido, una parte no menor de la regulación aprobada en los últimos años ha ido encaminada a introducir estándares avanzados en materia de sanidad animal, limitar el crecimiento de la ganadería intensiva e incluso la prohibición de grandes explotaciones ganaderas, mal llamadas ‘macrogranjas’. Algunas de las medidas tomadas eran necesarias y están redundando en una mejora de las técnicas por ejemplo de gestión de los residuos ganaderos (el caso de los purines), el transporte de los animales vivos o la implantación de sistemas de economía circular.

Sin embargo, han convertido en categoría diversos casos conocidos en los últimos años de maltrato animal, contaminación de aguas subterráneas por nitratos, antibióticos u otras sustancias en la carne o sacrificios irregulares de cabezas de ganado como si fueran la norma, asociándolos a ‘macrogranjas’. De esta forma, fabrican la excusa para aprobar moratorias, prohibiciones y denegaciones de autorización de granjas de gran tamaño que cada autonomía define. Teniendo en cuenta que la mayoría de grandes explotaciones ganaderas corresponden a la cría de porcino, las granjas que reúnen hasta 6.250 cabezas apenas llegan al 2,4% según la estadística del Ministerio de Agricultura. Sumando con la segunda categoría que son las avícolas, son 3.785 ‘macrogranjas’.

Se trata, por tanto, de un ámbito muy concreto en el que es necesario diferenciar los problemas que se han producido y la extensión de fórmulas intensivas que en su gran mayoría son eficientes y cumplen con los estándares europeos exigidos. El crecimiento de la ganadería intensiva es consustancial al desarrollo humano de los últimos tres siglos para cubrir las necesidades alimentarias de una población que no ha parado de crecer. Los mismos detractores de la ganadería intensiva son los que abrazan las tesis decrecentistas y, por ende, resucitan la vieja trampa malthusiana, dos cosas que no tienen ningún sentido ni económico ni social.

Al mismo tiempo, celebran y se postulan como defensores de la ‘ganadería extensiva’ frente a la ‘ganadería intensiva’. Este tipo de pensamiento es una prueba más de que el discurso político, al igual que el papel, lo aguanta todo, hasta que tiene que ser contrastado con la evidencia empírica. Los dos modelos no se pueden contraponer, ya que optar por uno u otro depende de múltiples factores y no obedece a una decisión arbitraria o incluso ideológica susceptible de ser modificada vía BOE. En el caso de la ganadería extensiva, uno de los factores más limitantes es la disponibilidad de alimento para el ganado y, por tanto, de superficie suficiente de pasto de calidad con unas condiciones climáticas e hídricas determinadas.

Pero otro de los factores más limitantes es el económico-financiero, además del laboral. La ganadería extensiva es más costosa, más riesgosa (mayor dificultad de controlar todos los elementos que influyen en la cantidad y calidad de la producción), menos rentable y, por consiguiente, más necesitada de unas ayudas europeas que retroceden en su importancia con respecto a los presupuestos comunitarios. Un indicador de eficiencia muy claro es que para proporcionar los kilos de carne que suministra una cerda en un año en régimen intensivo hacen falta 100 ovejas o 10 vacas en régimen extensivo.

Por tanto, el debate no está en la contraposición de un ‘modelo extensivo’ frente a un ‘modelo intensivo’, sino en si somos capaces o no de producir suficientes alimentos de calidad a precios accesibles para todos los consumidores y que se generen economías agrarias sostenibles tanto económica como medioambientalmente gracias a sistemas de integración vertical y coordinación de mercado. Hoy por hoy estos son los rasgos característicos de la producción cárnica española, siendo uno de los rubros que más aportan al superávit comercial agroalimentario (8.400 millones de euros de valor exportado en 2020), el cual está por encima de los 18.600 millones de euros.

No sólo es un problema convertir la excepcionalidad en rasgo característico de un sector como es el agroalimentario. Lo es mucho más atacar una de las esencias de la fundación de la Unión Europea como es el Artículo 39 del TFUE. Atacar la ganadería intensiva (intentando desviar la atención al hablar de algo que no existe como categoría como son las ‘macrogranjas’) es asestar un duro golpe a la soberanía productiva agroalimentaria de España y Europa, entendida ésta como la capacidad de producir suficientes alimentos de calidad a precios asequibles que cubran el consumo interno y con capacidad de contribuir a la seguridad alimentaria del resto del mundo en un mercado abierto y competitivo.

Erosionar la soberanía productiva implica elevar las importaciones de países extracomunitarios, dado que no se produce una reducción proporcional de la demanda interna. En este momento la regulación europea, consciente de que las producciones extracomunitarias no cumplen con las mismas exigencias que las comunitarias, está tratando de igualar este esfuerzo tanto mediante acuerdos con los países en origen para que estos adopten políticas medioambientales y sanitarias similares, como estableciendo un arancel de carbono en frontera que frene, al menos, la competencia desleal de los terceros países. Por criticar sin fundamento la producción interna de carne de calidad, ¿estamos dispuestos a entregar nuestra capacidad productiva a terceros países de los que desconocemos cómo y de qué forma se produce la carne?

*** Javier Santacruz Cano es economista.