El repliegue se hace con discreción. Poco después de que el Consejo de Ministros diera el visto bueno a la Ley de Vivienda, que ahora tiene que pasar el trámite parlamentario, el fondo decidió poner a la venta 3.100 propiedades de su socimi Albirana, con un importante porcentaje de inmuebles en Cataluña.

También, empezó a buscar comprador entre firmas aseguradoras para un paquete de viviendas que gestiona en Madrid a través de Testa. En este caso, la operación solo se cerrará si se logra una cifra de venta satisfactoria, según fuentes de mercado. La versión oficial de la firma es que la operación no se debe a la Ley de vivienda. Pero el fondo tampoco se plantea comprar más viviendas para alquilar por la combinación de dos factores: los bancos ya se deshicieron del grueso de sus activos inmobiliarios y alquilar a siete años supone un riesgo para el porfolio de este tipo de fondos.

Ley de vivienda, cuando los buitres son los políticos

Ada Colau y Unidas Podemos están de enhorabuena. Se empiezan a marchar los 'fondos buitre' y según el discurso que llevan años defendiendo, el problema del acceso a la vivienda estará ahora muy cerca de resolverse en España.

Manuela Carmena, que fue una alcaldesa con más sentido común, aprendió que no es así. Son las Administraciones públicas las que tienen que dar solución al acceso a la vivienda y sin inversión del sector privado, el problema empeora en lugar de mejorar.

Blackstone no se dedica a construir. Es un fondo que aterrizó en España en la crisis financiera y se convirtió en el primer casero del país a través de distintas sociedades. Sin embargo, su influencia en el mercado residencial ha sido más limitada de lo que algunos han querido hacer ver. Este fondo estadounidense, junto con Cerberus (que invirtió en pisos unos 3.000 millones), Lone Star (aproximadamente 1.500 millones) y el resto de actores de ese perfil no controlan juntos ni el 5% del mercado del alquiler en España.

Nadia Calviño, Manuela Carmena, Ada Colau, Raquel Sánchez, Claudio Boada, Ana Botella, Ione Belarra y José Luis Ábalos. EL ESPAÑOL

Y en el caso de la vivienda social, la presencia de Blackstone es menos que testimonial. Esta firma y Goldman Sachs cerraron polémicas operaciones en los años de la crisis. Por una de ellas, de 2013, Ana Botella tuvo que ir a declarar al juzgado hace pocas semanas. Pese al ruido que rodea este caso, en manos de los fondos, solo llegó a estar el 1% de los pisos de alquiler social que hay en España.

Desde los tiempos de Franco, en este país se ha construido mucha vivienda social, pero se ha vendido a los que ahora son propietarios en lugar de conservar la titularidad pública para el alquiler. Se estima que hay unos tres millones de viviendas arrendadas, y solo hay unas 300.000 en alquiler social.

Los bautizados como 'fondos buitre' llegaron a España tras la crisis de 2012 para comprar las grandes carteras de vivienda y de hipotecas con alto riesgo de impago o morosas que tenía la banca española en su balance.

Sin esos compradores, el problema de los bancos hubiera sido aún mayor y es muy posible que la salud de las entidades no hubiera sido la misma cuando llegó la pandemia. 

Estos fondos son "fondos", es decir, buscan la rentabilidad. Y de forma transparente explican que invierten en activos de alto riesgo para buscar retornos que rondan el 7%. Sí, en los años de la crisis financiera y de deuda europea éramos un país de alto riesgo. De ahí, el apodo de 'buitre' para quien vino a comprar la 'carroña' de la banca, explicado de forma algo tosca.

Colau y UP están de enhorabuena. Se empiezan a marchar los 'fondos buitre' y según su discurso, el problema del acceso a la vivienda estará cerca de resolverse

Una década después, esos inversores han hecho su trabajo, han incorporado esas viviendas al mercado y durante la pandemia, adoptaron medidas con vocación social como moratorias para sus inquilinos.

En noviembre de 2018, Boada preguntó a Nadia Calviño en público cuál era su opinión sobre la seguridad jurídica de los inversores con intereses en España.

Un mes después, con José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes y Agenda Urbana se cambiaron las reglas del juego para que los contratos de prórroga del alquiler pasaran a ser de tres años a siete en el caso de los inversores y a cinco en el de los particulares, como reclamaban los equipos liderados por Ione Belarra.

También presionada por Unidas Podemos -ya con Yolanda Díaz como vicepresidenta-, su sucesora en el cargo, Raquel Sánchez, ha tenido que dar una vuelta de tuerca más al mercado con un proyecto de Ley de Vivienda que, según se dice en el sector, ni el PSOE quiere aprobar en el Congreso.

Blackstone cuenta con inversiones por valor de 200.000 millones de euros en todo el mundo (dato que no solo incluye el sector inmobiliario). El 10% lo trajo a España. No dará un portazo, pero sí se ha replanteado su futuro. Seguirá apostando con fuerza por estar en hoteles y logística (donde hay seguridad jurídica) y se replegará en el alquiler. Lo iremos viendo.

¿Ayuda este repliegue a solucionar el problema del acceso a la vivienda en España? Algún rapaz de la política tratará de decir que sí para tapar la incapacidad de las Administraciones de arreglar un asunto para el que no hay soluciones mágicas. Así ha quedado demostrado en Barcelona, donde lejos de resolverse, se ha complicado aún más con el crecimiento de la okupación.

ATENTOS A...

Este martes concluye el plazo que se había dado por el Gobierno para alcanzar un acuerdo en el diálogo social sobre la reforma laboral. Tras el precedente de la subida de las cotizaciones pactada entre José Luis Escrivá y los sindicatos sin contar con el aval de la patronal, no se puede descartar que Yolanda Díaz intente repetir la jugada con una reforma que no cuente con el beneplácito de la patronal.

José Luis Escrivá y Antonio Garamendi. EL ESPAÑOL

Nadia Calviño es consciente de la importancia de incluir a Antonio Garamendi en la foto para dotar de credibilidad una reforma que debe contar con el visto bueno de la Comisión Europea que inspiró la reforma de 2012. En este contexto, ya se comenta que el Gobierno quiere quitar protagonismo ahora al papel que ha dado hasta ahora a los agentes sociales para desarrollar el Plan de Recuperación. El problema es que para eso, necesitaría pactar con la oposición.