El primero, y más evidente, es el coste para las arcas públicas derivado de la reducción del IVA. Aquí, el problema es que también tenemos un problema, y no precisamente menor, de déficit público. Por esa razón, está previsto que la reducción del IVA sólo dure hasta fin de año. Pero ¿qué ocurrirá si el precio de la luz sigue disparado a fin de año?

El principal problema es que la subida del precio de la energía eléctrica no parece coyuntural sino estructural. Por ejemplo, la subida de la luz derivada de la borrasca Filomena fue coyuntural: aumentó de forma extraordinaria la demanda de energía eléctrica (para calefacción), mientras que la producción renovable estaba en mínimos.

Pero, las causas de la actual escalada no son coyunturales. Por una parte, tenemos el incremento de los precios del gas natural, cuya demanda se ha incrementado con la recuperación económica. Pero, además, las centrales que queman gas para producir energía eléctrica tienen que comprar unos derechos de emisión de CO2 que cada vez son, y serán, más caros. Ésta es una decisión de política energética de la Unión Europea que no es coyuntural.

En la práctica, el coste de emisión del CO2, en la medida en que se hace un pago obligatorio al Estado por algo que antes no se hacía, viene a funcionar como un impuesto.

Las subastas de CO2 suponen cada vez mayores ingresos para los Estados de la Unión Europea. Pero, tienen dos claros inconvenientes de cara a la transición energética. En primer lugar, no afectan a todos los sectores. En segundo lugar, dada la estructura del mercado eléctrico tienen un efecto 'cascada' que hace que el consumidor final de electricidad no sólo pague por el CO2 emitido sino también por el que no se emite.

Toda la energía eléctrica se paga al precio de la energía más cara necesaria para cubrir la demanda. Esto supone que casi todas las veces es el gas, que se utiliza en las centrales de ciclo combinado, el que acaba marcando el precio final. Y las centrales de ciclo combinado han tenido que pagar derechos de emisión cada vez más caros, además de un combustible que también está a precios cada vez más elevados. Esto hace que el coste de energía que paga el consumidor incluya costes de CO2 que realmente no se emiten.

Las subastas de CO2 suponen cada vez mayores ingresos para los Estados de la Unión Europea. Pero, tienen inconvenientes de cara a la transición energética

Esto tiene unas cuantas implicaciones evidentes, pero una de ellas es que dificulta la transición ecológica. Si la energía eléctrica es cada vez más cara, no habrá electrificación de algunas actividades. Pensemos que, por ejemplo, si sale más barato el consumo en una cocina de carbón o de leña que en una cocina eléctrica, muchos consumidores no la cambiarán.

Y todo esto no es precisamente anecdótico. Que esto, encima, suceda porque todo el consumo eléctrico paga derechos de CO2 cuando, a menudo, la producción de electricidad está libre de emisiones en un 70 u 80% indica que el mecanismo de derechos de emisión en la UE es perfeccionable.

Una solución, parcial, es que las tecnologías que no emiten CO2 vean reducida su retribución, reduciendo así el precio de la energía que paga el consumidor (propuesta de la CNMC) o los cargos regulados (propuesta del Gobierno).

Aquí, el problema es que necesitaremos más inversiones en producción (y distribución) de energía eléctrica si queremos electrificar la economía, como un paso necesario, para reducir contaminación, emisiones… Y estas inversiones se pueden resentir si la retribución de las inversiones ya realizadas no se mantiene. Incluso, una parte del sector eléctrico está dejando caer que podrían cerrar centrales nucleares, lo que elevaría el precio de la electricidad y obligaría a consumir más gas natural.

Además, el Gobierno ha suspendido el más importante de los cuatro impuestos directos que gravan la producción de energía eléctrica: el impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, introducido por la Ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Esta ley también introdujo dos impuestos sobre la producción y el almacenamiento de residuos nucleares y reguló también un canon por la utilización de agua para la producción hidroeléctrica, que de momento no se han tocado.

Formalmente, estos impuestos se destinan a financiar el gasto público, pero uno específico, los costes del sistema eléctrico. La Disposición Final Segunda de la ley de cambio climático dio nueva redacción a la Disposición Adicional Segunda de la ley 15/2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

Esto supuso un cambio, ya que los derechos de emisión de CO2 con el límite de 500 millones de euros al año se destinaban a financiar los costes regulados del sistema eléctrico. Ahora, estos ingresos van todos a Presupuestos. Pero, los cuatro impuestos directos regulados en la ley 15/2012 se siguen destinando a pagar los costes regulados del sistema eléctrico. De estos costes regulados, el más importante, con muchísima diferencia son las primas a las energías renovables. Durante este trimestre el Impuesto sobre el Valor de Producción de la Energía Eléctrica estará suspendido.

El origen de que se creasen estos impuestos en la ley 15/2012, es otro concepto que también resulta confuso y oscuro: el 'déficit de tarifa'. Es algo que tiene relación con el déficit público, pero que no es lo mismo.

El 'déficit de tarifa' se origina cuando lo que pagan los consumidores de electricidad no da para pagar todos los costes del sistema eléctrico. De alguna forma, lo que debemos por déficit público lo debemos como contribuyentes, mientras que lo que debemos por 'déficit de tarifa', lo debemos como consumidores.

En el futuro, habría que incrementar los precios de la electricidad para pagar lo que no hemos pagado con las tarifas pasadas de electricidad que no daban para cubrir los costes. Y, de hecho, éste es uno de los conceptos que cualquiera puede ver en su factura eléctrica: anualidad por el déficit de tarifa, es decir pago hoy porque en el pasado no se facturaron todos los costes.

Suspender el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no afecta a las cuentas públicas, pero supondrá más déficit de tarifa

En consecuencia, suspender el impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica no afecta a las cuentas públicas, pero supondrá más déficit de tarifa, es decir mayores precios de la electricidad en el futuro.

Nuevamente, si el precio de la electricidad se reduce en el futuro, esto es algo que habrá merecido la pena, pero si no es así, el problema en el futuro será mayor. Por supuesto, la solución a medio y a largo plazo pasa por inversiones y sobre todo tecnología.

Las inversiones son imprescindibles para aumentar la capacidad de producir y distribuir energía, ahora que ya las fuentes renovables tienen un coste competitivo. La tecnología nos debería permitir aumentar la capacidad de almacenamiento de las baterías, el punto crítico en aspectos como la movilidad sin emisiones en estos momentos.

Por eso, los nuevos concursos de capacidad para facilitar el acceso y la conexión a la red, aunque no den resultados en reducir la factura a muy corto plazo, son un paso en la dirección correcta.

La transición energética hacia fuentes de energía menos contaminantes no es optativa, tenemos que hacerla. Pero, no es una transición sin costes, como se puede ver con lo que está pasando con la tarifa eléctrica, donde ya tenemos costes crecientes tanto para los ciudadanos como para las Arcas Públicas.

Necesitamos un debate sobre esta cuestión que no tiene soluciones fáciles, ni mucho menos gratuitas. Para empezar, lo primero sería que la factura de la luz y sus impuestos no sean ininteligibles y oscuros, aunque sólo sea porque no se puede alcanzar conclusiones realistas más que sobre lo que los ciudadanos puedan entender. En este tema, el principio de cualquier solución pasa porque se haga la luz. Fiat Lux.

*** Francisco de la Torre Díaz. Economista e inspector de Hacienda.