Por desgracia, no son los protagonistas de una nueva versión de la Escopeta Nacional, sino de un akelarre desestabilizador, impropio de un país desarrollado y muy negativo para la imagen de España y de sus compañías.

De acuerdo con la documentación en manos de la justicia, el señor Del Rivero acusa a los señores Brufau y Fainé de haber cometido un delito al contratar a la empresa de un policía en activo para espiarle.

Resulta sorprendente que los presidentes de dos gigantescas sociedades supiesen hace 10 años que el señor Villarejo era socio de la agencia de inteligencia Cenyt y el Ministerio del Interior, que era su empleador, lo ignorase.

En puridad, esto supone una chocante asimetría: exigir a dos empresarios privados responsabilidad por una decisión adoptada por sus empleados y eximir de ella a los superiores jerárquicos de los actos perpetrados por un alto funcionario de la seguridad del Estado a sus órdenes; Quis custodiet ipsos custodes?

Se produce además el hecho extraordinario de encausar una contratación que, conforme consta en autos, pasó todos los filtros y procedimientos éticos y legales de la Caixa y de Repsol.

Por añadidura, el recurso a agencias de inteligencia externas para obtener información relevante es un práctica lícita y normal en todas las grandes empresas del mundo. Eso sí, esa actividad ha de desarrollarse dentro de la ley y parece inverosímil que un contrato formalizado por corporaciones cotizadas y sometidas a rigurosos controles internos y externos no pasase el test de legalidad. Los móviles reales de esta singular parodia son otros.

El recurso a agencias de inteligencia externas para obtener información relevante es un práctica lícita y normal en todas las grandes empresas del mundo

Tras su fracasado asalto al BBVA, el señor Del Rivero intentó hacer lo mismo con Repsol, cuyos principales accionistas eran Sacyr y la Caixa. Para obtener el control de la petrolera, se alió con estatal azteca Pemex. Era su última esperanza para salvar a su constructora de la bancarrota precipitada por la Gran Recesión.

Su patriótica iniciativa, que hubiese dado el dominio fáctico de Repsol al Estado mejicano, provocó una reacción lógica: los departamentos de seguridad de Repsol y de la Caixa encargaron a Cenyt que investigase los movimientos de la entente Sacyr-Pemex para defender a la energética española de una acción hostil, ajena a las buenas prácticas del mercado y con peligrosas derivadas de índole geopolítica.

La ofensiva lanzada por el señor Del Rivero se saldó con un rotundo fracaso y su castillo de naipes se derrumbó. El Consejo de Administración de Sacyr le destituyó de la presidencia, hecho inédito en la historia del Ibex, al sentirse engañado. Había asegurado a sus consejeros el control de Repsol. Abortada esta operación, Sacyr estaba al borde de la quiebra.

Así terminaron los sueños de grandeza de un audaz aventurero que construyó a ritmo vertiginoso, a golpe de deuda y de contratas públicas, un imperio cuyos pies eran de barro. Los altos directivos de Pemex que acompañaron al constructor en su fallido golpe de mano están hoy en prisión o perseguidos por la justicia.  

Defenestrado en Sacyr, el señor Del Rivero ha vagado como alma en pena en busca de venganza. Lo ha logrado al sentar en el banquillo con lo que podría ser una demanda temeraria a quienes considera culpables de su caída, los señores Brufau y Fainé.

El momento es perfecto: un país en estado de shock tras una pandemia, en medio de una crisis económica y en un clima de creciente deterioro social e institucional. En una España donde el populismo goza de una excelente salud, poner en la picota dos símbolos del mundo empresarial tiene un morbo extraordinario.  

Cuando se haga justicia, es muy probable que los señores Fainé y Brufau salgan exculpados. Entre tanto, el vengador hará todo lo posible para dañar tanto la reputación de aquellos como la de Repsol y Caixa Bank. Este sórdido y efímero consuelo será lo único que logrará el señor Del Rivero, el hombre que quiso y no pudo reinar.