La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dirige a la sede de la Asociación Gremial de Auto Taxi, en Madrid (España).

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se dirige a la sede de la Asociación Gremial de Auto Taxi, en Madrid (España). J. Hellín. POOL / Europa Press

La tribuna

Los madrileños también quieren libertad en la movilidad

15 mayo, 2021 13:10

El pueblo de Madrid ha hablado y una vez más, como tantas en la historia, ha gritado Libertad, frente al totalitarismo y el sectarismo. Que las grandes urbes son espacios de libertad y respeto es algo que parece incuestionable a lo largo de todo el mundo, incluso en lugares sometidos a tiranos o nacionalistas. Madrid es un buen ejemplo de ello, y, desde el motín de Esquilache al 4-M, el “foro” ha ido dando ejemplos para nuestra nación.

Este alineamiento con la libertad a toda costa se traslada también a la libertad de elección de bienes y servicios que el madrileño no quiere que se le sustraiga en modo alguno. Desde hace más de veinte años, la libertad de apertura de establecimientos y sus horarios (sin sentido arrebatada por un castrense toque de queda) es parte de la Comunidad de Madrid, como la gran metrópoli interconectada que es, y que la llevó a ser la ciudad que “menos duerme” del continente.

Y, lógicamente, este mismo espíritu se manifiesta en lo que respecta a la movilidad y, en particular a dos de sus modalidades con más conflicto reciente, taxis y VTC.

Es obvio que los madrileños no quieren conflictos, y, por tanto, convendría hacerles caso para erradicar el que aún, en cierto modo y en menor intensidad que hace unos años, mantienen taxis y VTC.

Ello a la luz de una reciente encuesta de opinión en la Comunidad de Madrid en la que un amplio 73% de los encuestados consideran que las autoridades deberían crear un nuevo marco regulatorio para que tanto el taxi como los VTC puedan prestar servicio en las mismas condiciones, interiorizando la máxima liberal de “mismo servicio, mismas reglas, misma protección”, de lo que se deduce que la sociedad madrileña mayoritariamente considera que la regulación actual de estas actividades debe de cambiar para cumplir con dicha premisa.

En este caso sólo una minoría del 15% opina que la regulación debería restringir a las VTC para que se parezcan más a los taxis, mientras que el dominante en un 52% quienes consideran que la regulación se debería flexibilizar para que los taxis se parezcan más a las VTC.

Está última línea, con diversos matices, es la que han promovido en el pasado tanto las organizaciones gremiales de taxistas más abiertas a los cambios, como las plataformas digitales y las autoridades regionales, lo que se ha ido demostrando un caso de éxito, puesto que en Madrid existe una amplia oferta de servicios y una buena competencia entre todos, que redunda en indiscutible beneficio de los usuarios, que entre otras cosas han visto como se elevaba la calidad del servicio de taxi en los últimos años.

En Madrid existe una amplia oferta de servicios y una buena competencia entre todos, que redunda en indiscutible beneficio de los usuarios

También, cuando se ha preguntado a los usuarios, la mayoría (70%) prefiere un precio cerrado para los taxis, junto a algún tipo de descuento, mostrándose favorable un 36% a que el taxi tenga libertad total de fijar el precio en viajes solicitados vía plataformas digitales (como Uber y Cabify) y un 34% que se conforman con que el taxi pueda ofrecer precio cerrado con descuentos.

La posibilidad de hacer descuentos en este tipo de servicios públicos “impropios” -que no se prestan en régimen de contrato público-, sino por particulares como los taxistas titulares de licencias, no es ajena a otros servicios como las farmacias o estancos, e incluso puntualmente la de los tenderos como carniceros, lecheros o panaderos y otros vendedores al por menor de alimentos de carácter esencial o de primera necesidad, también sujetos a normas que - aunque ya no existan precios reglados-, les impiden la manipulación de sus precios hasta el punto de crear desabastecimientos o fraudes.

Esto porque todas son actividades privadas que se sitúan entre la actividad pública y el simple comercio privado, lo que les atribuye características singulares. Lo hemos visto recientemente cuando el Gobierno ha asignado, hasta por dos veces, un precio máximo a las mascarillas para evitar abusos en un producto declarado de interés general por las circunstancias epidémicas, lo que no impide su venta con descuentos por debajo del mismo.

La sociedad se encuentra mayoritariamente situada con un 62% a favor de apostar por la inmediatez y el valor añadido que conlleva el uso de plataformas de movilidad

Con relación a determinadas funcionalidades de las aplicaciones digitales para proveerse de este tipo de servicios de taxi o VTC, la sociedad se encuentra mayoritariamente situada con un 62% a favor de apostar por la inmediatez y el valor añadido que conlleva el uso de plataformas de movilidad.

Pero como si de un calco de la fragmentación política partidista se tratara, un 29% de los encuestados prefieren que se imponga un tiempo de espera a los VTC entre la contratación y el inicio del viaje, cuyo único beneficiario es el atraso de la técnica y la cronificación de sistemas obsoletos en las emisoras tradicionales de taxistas.

Resulta sin duda sorprendente este concreto resultado del sondeo, que podría atribuirse a que en una situación ideal se pueda preferir que “otro” espere 15 minutos por un servicio que tiene en la puerta de casa, mientras que cuando la situación es real y “uno mismo” es el interesado, a buen seguro no está dispuesto a esperar. Pero esto son siempre matices que se escapan a las estadísticas.

Sea como fuere, en este renovado ambiente de libertad, es de esperar que el nuevo gobierno regional, y -en consonancia-, también el del Consistorio, actúen consecuentemente con sus principios liberales y, escuchando al pueblo de Madrid con relación a este asunto de taxis y VTC, se ponga de inmediato a regular un marco de mayor libertad, flexibilidad en las condiciones de prestación de los servicios y descuentos en sus precios, asegurando así una sana competencia y un mayor crecimiento económico, en especial de los sectores afectados, redundando en una mejora en calidad de vida para todos los usuarios de la movilidad madrileña. El ciudadano sin duda está por la labor.

*** Emilio Domínguez del Valle es abogado experto en movilidad y transportes.

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