La 'vicepresidente' tercera del Gobierno y 'ministro de Desempleo' ha dado un paso hacia adelante en el proceso de desmantelamiento fáctico de la Reforma Laboral de 2012 al restaurar-aumentar las rigideces que han hecho del mercado español de trabajo una fábrica de parados.

Ahora pretende extender a las empresas receptoras de bonificaciones a la contratación la prohibición de acudir al despido por causas económicas, veto que ya se introdujo con la entrada en vigor de los ERTE al inicio de la pandemia. En paralelo, los incentivos para contratar se concentrarán, casi en exclusiva, en la incorporación de los parados a la actividad productiva vedando esa opción a la transformación de la ingente masa de empleos temporales en fijos.

España se encamina con firme ademán hacia una situación en la que las empresas no tendrán capacidad de restructurar sus plantillas para adaptarlas a la evolución del ciclo económico, a los cambios experimentados por sus mercados, a sus necesidades organizativas y de producción o a todas esas cosas a la vez.

La paulatina restricción normativa a la eventualidad de rescindir la relación laboral limita en la práctica el uso de esa opción a los llamados despidos improcedentes cuyas indemnizaciones tanto en el caso de los antiguos contratos fijos como en los nuevos son las mayores de la UE y de la OCDE.

España se encamina con firme ademán hacia una situación en la que las empresas no tendrán capacidad de restructurar sus plantillas

El Gobierno con un desconocimiento profundo del funcionamiento de la oferta y de la demanda del factor trabajo, con una demagogia acendrada o con ambas cosas a la vez cree que proscribir por ukase ministerial el despido es una forma de crear-mantener puestos de trabajo. Esto constituye un error de manual.

Ante la incapacidad de ajustar su fuerza laboral, las compañías optarán por reducir su demanda de mano de obra o realizarán despidos antes de que la nueva normativa entre en vigor. La materialización de esa hipótesis crece de manera exponencial en un escenario de crisis económica como el actual. En el escenario dibujado por la Sra. Díaz las firmas incapaces de sustentar sus niveles de empleo o pagar los despidos cerrarán.

Pero ahí no termina la historia. En sus Recomendaciones del Semestre Europeo 2019, la Comisión exigía al Gobierno español adoptar medidas para combatir la dualidad existente en el mercado de trabajo, reflejada en la persistencia de una elevada temporalidad y en  una reducida tasa de transformación de temporales en fijos.

La causa de ello ha sido siempre la disparidad entre el coste de rescindir la relación laboral en los antiguos contratos fijos y el resto de las modalidades contractuales. Lejos de corregir esa deficiencia, señalada una y otra vez por la teoría económica y por la evidencia, la 'ministro de Desempleo' la acentúa al vedar que los contratos temporales sean receptores de las bonificaciones en el caso de que se transformen en indefinidos.

Las consecuencias de la propuesta gubernamental son más perversas si se tiene en cuenta que la alta temporalidad vigente en España afecta de manera especial a los jóvenes que se han beneficiado menos de los ERTE que otros colectivos y además son los que experimentan las menores tasas de reentrada al empleo entre los trabajadores acogidos a ese instrumento, el 17%.

En este contexto, la propuesta realizada por la 'vicepresidente' tercera del Gobierno produce dos efectos: primero, la experiencia laboral acumulada por los jóvenes con contratos temporales se desperdicia al tiempo que se les veda el acceso a empleos fijos y, de este modo, la posibilidad de desarrollar su carrera profesional; segundo, se condena a muchos de ellos al paro.

En otras palabras, el desempleo o, como le gusta decir a la izquierda patria, la precariedad laboral de la juventud española es la válvula de ajuste de la política laboral del Gabinete.

Desde el 'Ministerio de Desempleo' se está desplegando una estrategia absolutamente incompatible con la creación de puestos de trabajo y con su estabilidad.

Una ideología ajena a cualquier criterio de racionalidad y cuajada, sin duda, de un encomiable deseo de proteger a los trabajadores está recreando un marco laboral absolutamente ajeno a las necesidades y desafíos de la economía española.

Las víctimas de la actuación gubernamental son aquellos a quienes se pretende beneficiar, los trabajadores. Una vez más se cumple el viejo axioma clásico conforme al cual el infierno está lleno de buenas intenciones.