En medio de la recesión mayor de nuestra historia, cuando todos los países de nuestro entorno apuestan por bajadas tributarias o por lo menos por no subirlos, aquí en los próximos Presupuestos Generales del Estado se plantean múltiples subidas tributarias que, además recaen en su gran mayoría sobre las empresas: cuatro quintas partes del total de recaudación estimada.

Estas nuevas cargas agravan la desventaja de partida de que nuestras empresas ya soportan una presión fiscal recaudatoria en relación al PIB un 15% superior a la media de la UE y que la crisis está siendo especialmente grave en España.

Este planteamiento se argumenta en la denominada "justicia fiscal" que prioriza la ideología en el diseño del sistema fiscal por encima de cualquier otra consideración técnica o práctica.

El gran problema económico de esta tributación selectiva a las empresas es que olvida las fuertes interrelaciones existentes entre los distintos actores que operan en las economías de mercado. Así, el flujo de nuevas inversiones se resiente ante las mayores cargas tributarias empresariales lo que a su vez contrae el empleo y el flujo de rentas del trabajo de la economía. Es más, la mayor parte de la desigualdad se explica por el desempleo y el mismo es directo a los efectos de la penalización fiscal de la inversión empresarial.  

La actividad empresarial es un proceso especialmente positivo que beneficia al conjunto de la sociedad, a través del empleo y la satisfacción de necesidades, por lo que los que piensan que para luchar contra la pobreza hay que atacar la riqueza y a la empresa, no pueden estar más equivocados.

La palanca para favorecer nuestra recaudación tributaria pasa previamente por normalizar la actividad pérdida. Pero si penalizamos fiscalmente a las empresas lo que vamos a provocar es lo opuesto: una contracción añadida sobre la actividad y el empleo.

Los que piensan que para luchar contra la pobreza hay que atacar la riqueza y a la empresa, no pueden estar más equivocados

Paradójicamente en los PGE presentados solo se explicitan los multiplicadores expansivos de gasto público pero no los contractivos de los impuestos, que son de mucho mayor magnitud. Como consecuencia se plantean subidas de impuestos sin aparentemente ningún tipo de evaluación previa de sus efectos.

Sin este tipo de consideraciones es imposible diseñar un sistema fiscal a la altura de la gravedad de nuestra situación. Basta recordar que se por cada punto porcentual que aumenta la recaudación en relación al PIB se pierden en el medio y largo plazo dos puntos de actividad y empleo, siendo normalmente la variable peor parada la de la inversión empresarial.

En la imposición patrimonial, España ya  es el segundo país de la OCDE con mayores impuestos patrimoniales (Patrimonio y Sucesiones), pero por "justicia fiscal" aún se quieren elevar más, incluso planteando que las regiones pierdan corresponsabilidad fiscal en este ámbito, lo que sin duda supondría una pérdida estructural añadida de actividad y empleo.

A título ilustrativo se puede citar que el prestigioso IFO alemán ha evaluado que si se reintrodujera en Alemania el Impuesto sobre Patrimonio a un tipo del 1%  a largo plazo se perdería hasta un 5% de la renta nacional, lo que a la postre implicaba una pérdida neta de ingresos tributarios.

Por cada punto porcentual que aumenta la recaudación en relación al PIB se pierden en el medio y largo plazo dos puntos de actividad y empleo

De partida, nuestra presión fiscal normativa ya es un 10% mayor que la de la UE según el último informe de competitividad fiscal 2020 de la Tax Foundation presentado en España por el IEE.  El diseño del sistema tributario debe tener en cuenta su interacción con las principales determinantes que inciden sobre el nivel de recaudación.

En este sentido, el esfuerzo fiscal que soportan nuestros contribuyentes ya es un 7% superior a la media de la UE, si tenemos en cuenta nuestra menor renta. Además, nuestro mayor nivel de desempleo condiciona a la baja el total de ingresos.  Por su parte, la presión fiscal efectiva, esto es, ajustada de la incidencia de la economía sumergida ya es similar en España a la media de la UE.

Todas estas circunstancias se obvian por parte de aquellos que bajo el argumento descontextualizado, y por lo tanto obligadamente erróneo, de que nuestra presión fiscal recaudatoria es inferior a la de la UE pretenden justificar continuas y persistentes subidas impositivas.

Todo vale para relegar la cada vez más necesaria mejora de la eficiencia del gasto público como  vía de sostenibilidad de nuestras finanzas públicas. En vez de castigar de nuevo a nuestras empresas con "la justicia fiscal", lo verdaderamente razonable y justo sería configurar un clima favorable a las mismas para acelerar nuestra convergencia en renta y empleo con Europa, porqué en el fondo el mayor gasto público que se pretende, solo es viable y sostenible a futuro con un tejido empresarial competitivo que lo financie.  

*** Gregorio Izquierdo LLanes es director General del IEE.