El cierre de las plantas de Nissan en la zona franca de Barcelona es para la economía, sin paliativos, la peor noticia en el peor momento. La decisión se produce cuando el hundimiento en caída libre del PIB acaba de tocar fondo por los efectos del confinamiento y será, sin duda, una enorme piedra en el camino de la recuperación.

No solo por el altísimo volumen de empleos que se van a destruir (3.000 puestos de trabajo directos y se estima que unos 20.000 indirectos) sino porque esta decisión es el colofón de una emergencia olvidada en España, la del impulso a la industria.

Un descuido que se suma al abandono que ha sentido en los últimos tiempos el sector de la automoción, uno de los que genera empleo de más alto valor añadido y en el que este país debería jugar un papel relevante a nivel global por la calidad de los componentes que se fabrican en distintos puntos de España.

La decisión no ha sido una sorpresa. Las empresas no improvisan y este cierre llevaba cuatro años sobre la mesa, un tiempo en el que Cataluña ha estado más pendiente de las peripecias de Carles Puigdemont -quien precisamente, llegó al Palau de la Generalitat en 2016- que de su economía.

Basta con recordar el daño que sufrieron las fábricas de coches, entre otros sectores, por los cortes de carreteras que provocaron las protestas por la sentencia del procés hace poco más de medio año, cuando los trabajadores de Nissan ya vivían con la agonía de no saber si mantendrían su empleo en 2021.

La política industrial nacional de estos años tampoco ha sido la más acertada. Lejos de crecer para alcanzar la meta europea de representar un 20% del PIB español en el año 2020, la industria ha perdido peso en el PIB español en los últimos 10 años.

El resultado, en este caso concreto, es que perderemos peso en la automoción para que lo gane Francia, que será probablemente el destino de una buena parte de la producción que Nissan cierra en España y que, como todo apunta, se llevará Renault.

Lo ocurrido no ha sido una sorpresa. Como contó la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto en este periódico, el Gobierno presentó un plan industrial a Nissan para tratar de retener las plantas y se reunió con la ejecutiva de la empresa en Japón. Pero fue en vano.

España perderá peso en la industria de la automoción para que lo gane Francia

La decisión de cerrar una planta o deslocalizar la producción no puede explicarse por un solo motivo. Sin embargo, está claro que España no está a la altura de la defensa de sus intereses estratégicos.

La amenaza del cierre de la planta no fue tomada en serio en un principio por la Generalitat, que prefirió seguir avanzando en la huida hacia adelante del procés antes que centrar el foco en lo verdaderamente importante: el empleo de los catalanes. 

Algo parecido ocurre con el Gobierno español que, de un lado, presenta un plan industrial a Nissan para que se quede, y de otro lanza mensajes erráticos a las empresas, como el de la derogación total de la reforma laboral.

El Gobierno presenta un plan industrial a Nissan para que se quede mientras lanza mensajes erráticos sobre reforma laboral

Ese debate "absurdo", en palabras de quien ostenta el poder económico en el Gobierno, supone generar dudas sobre la continuidad de figuras como los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) que, por cierto, la propia Nissan ha aplicado en varias ocasiones.

Por no hablar de la inseguridad jurídica que genera el continuo debate sobre las subidas de impuestos y cotizaciones a las grandes empresas.

Nissan mantendrá su planta de Sunderland (Reino Unido) y cederá la producción de coches dentro del territorio de la Unión Europea a su aliado Renault. En un momento en el que el coronavirus también ha dañado a la economía francesa, el movimiento del fabricante japonés será un revulsivo para nuestro país vecino que, por cierto, acaba de anunciar un plan de ayudas al sector del automóvil de 8.000 millones de euros. Lo peor es que, aquí, nadie parece tomar nota.