España podría volver a tener este año cerca de cinco millones de parados, según el escenario más crudo de los dibujados este lunes por el Banco de España sobre los efectos del coronavirus. En cuestión de pocos meses, casi de un plumazo, el país perderá hasta un 13,6% de su PIB y dejará corta la destrucción de riqueza de nueve puntos y medio que sufrió de manera paulatina entre 2008 y 2013.
Esa crisis económica fue el caldo de cultivo perfecto para el nacimiento de los movimientos populistas en España y su avance en otros países de Occidente. Con esos partidos ya en el Parlamento y en el Gobierno, las consecuencias sociales del parón económico pueden ser el río revuelto idóneo para que las ideas populistas den un paso más en la toma de poder.
El mundo de la empresa es consciente de que los efectos del Covid-19 en el mercado laboral son un polvorín social que requiere de una intervención ambiciosa del Gobierno.
Con perspectiva histórica, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, defendía el pasado 16 de abril, en una entrevista en el Financial Times, impulsar cualquier tipo de ayuda -llámese Plan Marshall o 'helicóptero monetario'- para demostrar que hemos aprendido del pasado.
No hablaba de la crisis financiera sino del error histórico de Francia y sus aliados de obligar a pagar a Alemania la factura de la Gran Guerra. Un castigo que permitió el avance del nazismo y desembocó en la II Guerra Mundial.
Aprender esa lección y el dinero del Plan Marshall permitió a Europa salir adelante y sentar los pilares de la construcción de una Unión Europea de la que ahora se esperan soluciones ambiciosas a esta crisis.
Sin embargo, esa solidaridad que se reclama a la UE también debe tener un espejo en España, donde se espera que los poderes públicos aporten soluciones a los millones de españoles que de la noche a la mañana se han quedado sin empleo, encerrados en casa y sin ingresos.
Es en este contexto, en el que algunos presidentes del Ibex 35 han pedido a Antonio Garamendi que la CEOE abandere la renta básica. Eso sí, con carácter temporal y ligada a la empleabilidad.
Presidentes del Ibex 35 han pedido a Antonio Garamendi que la CEOE abandere una renta básica temporal y ligada a la empleabilidad
Se trata de defender una renta básica que no desincentive la búsqueda de un empleo e incluso fomente la formación para el reciclaje de trabajadores de sectores que no volverán a tener la misma actividad que en el pasado durante mucho tiempo.
Una fórmula alejada al ingreso mínimo vital permanente en el que trabaja el Gobierno en un momento en el que no hay recursos públicos para financiar esa idea. Según publicó El País el pasado domingo, el diseño actual de ese subsidio permanente podría tener un coste de 5.500 millones de euros, que se irá rebajando después al suprimir subsidios autonómicos.
La CEOE ha respaldado con cautela en público una renta básica con esos matices, al tiempo que ha recordado que en España ya hay otras rentas básicas con un presupuesto anual de 17.000 millones de euros. Pero en la gran empresa se considera que su discurso debe ir más allá en el enfoque social.
Frente a las recetas mágicas, Garamendi debe abanderar una propuesta responsable y a la vez solidaria que permita a los empresarios presentarse como parte de la solución a los problemas de los ciudadanos y de los colectivos más vulnerables. Un discurso que rompa con la imagen con la que Unidas Podemos trata de caricaturizar al empresariado.
Aplicar una renta básica temporal en España no es una idea novedosa. De hecho, con diferentes formulaciones, se han aprobado ayudas similares en varios países europeos -entre ellos, Francia- y en Estados Unidos.
Esta crisis ha roto con muchos tabúes. Como reconocía Macron, la intervención del Estado en la economía está alcanzando cotas inimaginables hace tan solo dos meses. El presidente galo ponía un ejemplo claro: que el Estado se haga cargo de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es una forma de nacionalización temporal del trabajo.
