Los organismos internacionales y españoles están presentando sus temidas previsiones del impacto que la crisis va a tener en nuestra economía, coincidiendo en que supondrá una caída sin precedentes del PIB, un alarmante aumento del desempleo y una preocupante expansión del déficit y deuda pública. La dimensión final de ese impacto dependerá de la tardanza en culminar la batalla sanitaria y, con ello, del momento en que el sistema productivo podrá recuperar su actividad habitual.

El Gobierno ha respondido, como los de nuestro entorno, con duras medidas de confinamiento de la población y de restricción temporal de actividades no esenciales, que están logrando contener el ritmo de contagios a la vez que generan un efecto enormemente contractivo sobre el funcionamiento del sistema económico.

Para contrarrestarlo, el Gobierno ha aprobado medidas tendentes a preservar en lo posible la integridad del aparato productivo, el empleo y las rentas de los ciudadanos durante las semanas más duras de la crisis. La concesión de avales públicos para que empresas y autónomos reciban líneas de liquidez de la banca, el aplazamiento del pago de impuestos y cuotas, la agilización de la aprobación de los ERTEs, o las transferencias a los grupos de población más vulnerables forman parte de ese paquete de actuaciones.

Algunas de estas medidas se han tomado en el marco del diálogo social, otras de manera unilateral, y aún está por ver si serán suficientes para contener suficientemente los cuantiosos daños que va a sufrir la estructura productiva. De no ser así, el Gobierno deberá ampliar las medidas y aplicar otras nuevas más ambiciosas, ya que es en momentos como éste cuando más se justifica la intervención del sector público para proteger a sus empresas y ciudadanos.

Es en momentos como éste cuando más se justifica la intervención del sector público para proteger a sus empresas y ciudadanos

Una vez concluido el proceso de 'hibernación' de los sectores no esenciales, y el próximo levantamiento progresivo del confinamiento de la población, las empresas deben ir reincorporando a los trabajadores a sus empleos. Pero solo asegurando los máximos niveles de seguridad sanitaria, para lo que precisan disponer de equipos de protección y tests de contagio.

La falta de disponibilidad de estos productos, como consecuencia de la distorsión del mercado internacional, errores de coordinación y la falta de previsión, tiene dos efectos: por un lado, el riesgo de que los trabajadores puedan reincorporarse a sus puestos sin las debidas garantías de seguridad y se prolongue la crisis sanitaria; por otro, el retraso en la reincorporación por esa misma razón, que repercute en la necesaria recuperación de la actividad económica. El Gobierno, que ha asumido la responsabilidad del suministro, debe procurar los equipos y materiales necesarios a la mayor brevedad posible.

En paralelo, el Gobierno debe definir, consensuar y poner en marcha una estrategia de recuperación de la actividad que permita acelerar su inicio y asegurar su vigor y sostenibilidad. El consenso necesario no se limita ya a las distintas sensibilidades dentro del propio Gobierno ni a la concertación con otros grupos políticos en el Parlamento, sino que debe incorporar la representación de los trabajadores y, por supuesto, de los empresarios.

La recuperación solo podrá materializarse con el concurso y compromiso de los empresarios, con un entorno que promueva el dinamismo de un sector privado que emplea a cinco de cada seis trabajadores y ha demostrado ya en la pasada crisis su capacidad de afrontar grandes desafíos y salir adelante con esfuerzo, sacrificios, innovación e internacionalización.

La recuperación solo podrá materializarse con el concurso y compromiso de los empresarios

Los empresarios podrán conseguirlo de nuevo con estrategias adecuadas a nivel general combinadas con otras adaptadas a la realidad de los sectores productivos en función del impacto que hayan sufrido y del tamaño empresarial.

La estrategia de recuperación deberá, pues, asegurar un escenario favorable al emprendimiento y desarrollo empresarial que resulte de la aplicación de medidas de apoyo ortodoxas, probadas con éxito en el pasado y en otras geografías, y alejadas de postulados extremistas y populistas.

Más aún en un entorno internacional en que todos los Gobiernos van a aplicar medidas de estímulo y apoyo para sus sectores productivos que van a alterar la competitividad relativa en el mercado europeo y global. Es preciso un enfoque de salida de la crisis que no constriña la flexibilidad que los empresarios necesitan para afrontar las dificultades, sino que les ofrezca margen de actuación.

Porque una estrategia que haga recaer gran parte del esfuerzo para contener el déficit público sobre las empresas, a través de aumento de impuestos directos o cotizaciones sociales, no solo retrasaría la recuperación del crecimiento y del empleo sino que socavaría la competitividad de nuestra oferta exportable de bienes y servicios gripando el motor del sector exterior en el medio plazo.

Es momento de grandes pactos, de conseguir que el proceso de recuperación se convierta en un proyecto-país en que todos nos sintamos representados y comprometidos, construido en base a principios de amplio consenso. Solo así lograremos consolidar una expansión que nos permita asegurar elevados niveles de crecimiento y de creación de empleo y que, con el esfuerzo de todos, y que asegurando la sostenibilidad medioambiental, nos permita restañar las heridas de la crisis con una comprometida acción social en favor de los colectivos más afectados y vulnerables.

*** Alfredo Bonet es secretario general del Círculo de Empresarios