Esta es la secuencia.
Martes, 31 de marzo de 2020. El vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, comparece tras el Consejo de Ministros y aprovecha la pregunta de un periodista para hacer un gran anuncio: los trabajos avanzados del Gobierno para activar el ingreso mínimo vital estiman que "más de cinco millones de conciudadanos" se beneficiarán de esa ayuda.
Miércoles, 1 de abril de 2020. La vicepresidenta Económica, Nadia Calviño, nos pone los pies en la tierra en una entrevista en Onda Cero. "Esta situación es excepcional pero eso no significa que no necesitemos ingresos", afirma.
No menciona la renta básica, pero sí recuerda que la gran mayoría de las medidas que se están implementando tienen un coste para las arcas públicas y los recursos no son ilimitados.
Jueves, 2 de abril de 2020. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, que tiene la competencia para liderar la articulación de la renta básica 'anunciada' por Iglesias comparece tras los datos del paro. Preguntado sobre el tema, deja claro que su equipo trabaja por implementarla, pero que es pronto para decir cómo será y a cuántas personas afectará.
"La renta mínima es un compromiso del Gobierno, que se pretende poner en marcha lo antes posible. Pero eso requiere trabajos técnicos porque es compleja, hay prestaciones anteriores que hay que suprimir, hablar con las comunidades autónomas... y cuando esos trabajos culminen podremos hacer los anuncios", explica Escrivá.
El expresidente de la AIReF es consciente de que en España son muchos los hogares que no cuentan con los ingresos necesarios para vivir con dignidad y en una situación como la actual, su vulnerabilidad es aún más acusada. Pero como economista también sabe que las medidas sociales hay que pagarlas y antes de vender la piel del oso, hay que saber cómo cazarlo.
La renta básica que ideó la AIReF con Escrivá al frente contemplaba dar ayudas a 1,8 millones de hogares. Para llegar a ese número, tomó como referencia el esquema presentado por la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para aprobarla. En ella, se hablaba de 1,1 millones de hogares y AIReF amplió la cifra con 700.000 hogares más para darle más alcance.
En tiempos de bonanza económica, asumir el coste de ese ingreso mínimo vital suponía habilitar una partida presupuestaria de 5.500 millones de euros, a los que después había que restar otros 2.000 millones de euros por la eliminación de otros subsidios que ya dan las comunidades autónomas. En total, 3.500 millones de euros para proteger a esos 1,8 millones de hogares.
Teniendo en cuenta que Iglesias habló de "conciudadanos" y no de "hogares", ha multiplicado casi por dos las ayudas contempladas por los estudios del equipo de Escrivá que están sirviendo como base para la renta mínima que ahora se va a aprobar con urgencia. Esto podría explicarse porque el Covid-19 haya dejado a más hogares en situación de vulnerabilidad.
Iglesias estaría comprometiendo un presupuesto de más de 7.000 millones de euros, superior, por tanto, a los 5.000 millones de euros de gasto público que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reservado para subsidios con los que hacer frente a la pandemia en los dos grandes planes de choque aprobados hasta la fecha.
El ingreso mínimo vital que promete Iglesias multiplica casi por dos el presupuesto que manejaba Escrivá para esta ayuda
Pese a que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se insiste en que España no acudirá al fondo de rescate europeo (MEDE) si existe una condicionalidad, lo cierto es que los números para afrontar una crisis como la que ha desatado el Covid-19 no salen. Ni siquiera con la prima de riesgo controlada como lo está gracias a la ayuda del BCE de Christine Lagarde.
En ese contexto, el alma de Unidas Podemos trata de imponer su discurso: si no hay recursos públicos para crear el prometido "escudo social" contra el coronavirus, que sean las empresas las que paguen buena parte de la factura con medidas que van desde los aplazamientos en los pagos de alquileres e hipotecas al retraso en el pago de los precios de la luz.
Apelar a la responsabilidad del sector privado está más que justificado en estos momentos. Pero traspasarle las cargas del sector público es una vía peligrosa y de difícil encaje en Europa. Las empresas también son hoy vulnerables y deben conservar el fuelle para que la normalidad vuelva a nuestra economía.
