Cada vez que un político independentista se enfrenta a la gestión política de un conflicto recurre, de manera automática, al comodín del "España nos roba" u otros mantras; maltrato, ahogo, expolio, déficit fiscal, etc. Ese victimismo lo vemos a diario y, además de ser la excusa perfecta para no gobernar, para no asumir ningún tipo de responsabilidad y excusarse de manera infantil al echarle la culpa a otro de todos tus males, está pensado como una suerte de lluvia fina que ha de ir calando en la ciudadanía, generando un estado de opinión basado en la ficción de que hay una conjura para perjudicar a una región española tan plural y diversa como es Cataluña. El objetivo final de esta estrategia es seguir alimentando su relato nacionalista.

Evidentemente los temas económicos no suelen ser el centro del debate ante unos políticos que han vulnerado nuestros derechos y libertades intentando levantar una frontera en pleno siglo XXI, pero es necesario su análisis para desenmascarar sus mentiras.

Los españoles, como lo hacen los ciudadanos de todas las democracias modernas, contribuimos al sostenimiento de nuestro Estado del Bienestar con nuestra capacidad económica, y el gasto público es el que tiene que realizar una asignación equitativa de los recursos. Es decir, que estamos hablando de igualdad y solidaridad. Es obvio que quien paga los impuestos son los ciudadanos, no los territorios. Y es obvio que, en Cataluña, como en todas las comunidades autónomas, los catalanes aportan a las arcas públicas en función de la renta que obtienen y reciben recursos en función de la población, y es así, precisamente, para que se puedan garantizar los servicios públicos.

La consecuencia lógica de este principio es que los territorios con una renta media más alta son contribuyentes netos de recursos al conjunto de la comunidad. Y llegaríamos a esa misma conclusión independientemente del territorio analizado, ya sean comunidades autónomas, provincias, comarcas, ciudades e incluso barrios, ya que en todas las divisiones administrativas de un país que analicemos los que más renta perciben deben aportar más. Así son los sistemas tributarios de las democracias modernas y defender lo contrario es, sencillamente, un acto egoísta que pretende poner fronteras a la solidaridad entre conciudadanos.

Es, sencillamente, un acto egoísta que pretende poner fronteras a la solidaridad entre conciudadanos

A pesar de ser perfectamente conscientes de esta realidad, los políticos independentistas se aferran al cálculo de las llamadas balanzas fiscales o cuentas territorializadas, es decir, intentan calcular la diferencia entre lo que aporta Cataluña a las arcas públicas vía impuestos y lo que recibe vía gasto.

Es un cálculo muy complejo y que, para ser riguroso, tiene que incluir partidas presupuestarias que son compartidas, por ejemplo los ministerios, las embajadas, los controladores aéreos o los gastos de defensa. Pero como lo que persiguen no es el rigor metodológico, sino barrer para casa, acostumbran a utilizar el llamado método del flujo monetario, que solo tiene en cuenta el gasto que se realiza dentro de Cataluña dejando fuera todos esos gastos necesarios para el funcionamiento del país y que son comunes.

El rigor les da igual porque saben perfectamente que las balanzas fiscales, aunque son un buen ejercicio de transparencia, no tienen utilidad para la toma de decisiones políticas, reduce todo a un solo dato; el superávit o el déficit de esos cálculos. Ellos buscan una coartada económica que tape su egoísmo y crispe a parte de una ciudadanía que pasa a sentirse agraviada.

Los políticos independentistas no persiguen el rigor metodológico, sino barrer para casa

Esa poca utilidad hace que la Generalitat no haya calculado nunca las balanzas fiscales de su casa, las que afectan al uso que hace del presupuesto de la Comunidad Autónoma, y no las calculan porque son perfectamente conocedores de que el resultado presentaría un gran desequilibrio.

La mayor parte de los impuestos que se recaudan en Cataluña proceden de los ciudadanos de la provincia de Barcelona, concretamente más del 80%, y si lo analizamos por comarcas es el Barcelonés la que más contribuye a las arcas públicas, por encima del 37%. Por lo tanto, es evidente que en Cataluña el gasto público también se redistribuye para que todos sus habitantes, vivan donde vivan, tengan garantizados los servicios públicos.

Además, los políticos independentistas no ven útil calcularlas porque ya han limitado el perímetro de los que consideran los suyos; los suyos son los que viven en Cataluña y su objetivo es convertir al resto de españoles en extranjeros, rompiendo los lazos que nos unen como ciudadanos libres e iguales guiándose por la insolidaridad y los intereses particulares.

*** José María Cano es diputado de C's y portavoz de la Comisión de Economía en el Parlamento de Cataluña.