Las bonificaciones y reducciones generales en las cotizaciones a la Seguridad Social en España han sido una de las apuestas de políticas activas de empleo de los mandatos presidenciales de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez -con una dotación presupuestaria anual de casi 4.000 millones de euros destinados a incentivar la contratación- en un contexto condicionado por las recomendaciones del Banco de España en el sentido de evaluar con detalle los diferentes programas de bonificaciones para analizar su efectividad y su coste para el erario público. 

Entre la distinta tipología de bonificaciones existentes se encuentran las recogidas en el Real Decreto (RD) 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador. Éstas tienen por objeto establecer una bonificación del 40% en las aportaciones empresariales a las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes respecto del personal investigador que se determina en el artículo 2 del citado RD, así como regular el procedimiento para su aplicación. 

Este incentivo de naturaleza no tributaria supone una reducción directa en el coste de contratación de personal investigador -es decir, implica una disminución inmediata en los costes empresariales- y es muy ventajoso para aquellas empresas que por carecer de suficiente cuota tributaria, no están habilitadas para acogerse a las deducciones por I+D+i. Además de las empresas, tanto fundaciones como centros tecnológicos y organismos de investigación pueden optar a tales bonificaciones.

Es reseñable constatar que el incentivo ha madurado de forma considerable en los últimos años y que se considera una de las vías más eficientes para promover la contratación de personal investigador y, por ende, para impulsar el desarrollo de la I+D+i en España. A pesar de tratarse de un incentivo con menor impacto sobre las arcas del Estado en comparación con el resto de bonificaciones, su efecto es muy beneficioso para el tejido empresarial industrial y tecnológico.

"Urge que Gobierno (el que salga del 28-A), partidos e instituciones ejerzan un debate responsable sobre un incentivo clave para las empresas y la competitividad de España"

El presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, refirió a finales del año 2018 que su Gobierno contemplaba lanzar un ambicioso plan de reformas que iniciaría con un vuelco a la legislación del mercado laboral, y avanzó medidas como la simplificación de tipos de contratos laborales y la reducción del número de bonificaciones y deducciones a la contratación. Pero, como saben, ocurrió que el pasado 13 de febrero el Congreso tumbó la propuesta gubernamental de Presupuestos Generales del Estado, abocando a unas nuevas elecciones generales, por lo que la mayor parte de las reformas previstas no podrán hacerse efectivas.

En este contexto el ámbito empresarial ve con justificada preocupación el futuro debate político sobre la legislación de las bonificaciones y, en consecuencia, de las bonificaciones de personal investigador. Ello es así porque una limitación a un incentivo que ya de por sí tiene ciertas complejidades en su aplicación conllevaría un impacto muy negativo en las inversiones privadas y en las contrataciones de personal dedicado a actividades de I+D+i en los próximos años. 

Por ahondar en esta situación, y poniendo énfasis en el hecho de que se trata de un incentivo de promoción de la I+D+i que forma parte de la doctrina de las medidas de los gobiernos europeos en materia de fomento de la innovación, cualquier limitación al respecto pondría en riesgo y en tela de juicio el grado real de compromiso de las instituciones gubernamentales españolas con la I+D+i. 

Por consiguiente, urge en nuestro país que Gobierno (cualquiera que salga de los comicios del 28 de abril), grupos políticos e instituciones competentes en la materia ejerzan un debate responsable sobre un incentivo fundamental para el tejido empresarial y la competitividad económica de España.

* Diego Gómez Ojeda, Project Leader de F. Iniciativas