El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dado un paso más en su apuesta por la vivienda al anunciar en el Congreso de los Diputados la financiación de 43.000 viviendas destinadas al alquiler a precios asequibles. Viviendas, tanto de nueva construcción como de rehabilitación, que serán financiadas gracias a una línea del Instituto de Crédito Oficial (ICO) de 4.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos.

De esta manera, y en menos de una semana, el presidente del Gobierno ha ‘movilizado’ 93.000 viviendas si se suman las 50.000 procedentes de la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria).

Sánchez no ha sido mucho más explícito en la cuestión. Sólo ha añadido que las viviendas deberán cumplir en materia de eficiencia energética, y que deben ser de alquiler social o cesión de uso de, al menos, 50 años.

El doble de viviendas

Estos mismos requisitos ya estaban contemplados en el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, incluido en el componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Y ahí se indican, entre otras cuestiones, las condiciones y las cuantías de las ayudas.

El programa antes señalado lo que pretende es incrementar el parque público de viviendas en alquiler destinadas al alquiler social o a precio asequible. Eso sí, con altos estándares de eficiencia energética, sobre terrenos de titularidad pública, y para nueva construcción o rehabilitación.

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Eso sí, este plan inicial (anterior al anunciado ahora por Pedro Sánchez) estaba dotado con 1.000 millones de euros de los fondos Next Generation EU (el presidente ha multiplicado esa cantidad por cuatro).

Y pretendía alcanzar “en el segundo trimestre de 2026 la construcción de 20.000 viviendas para alquiler social o a precios asequibles”.

¿Quiénes optarían al alquiler?

En este tipo de viviendas anunciadas por Pedro Sánchez, con financiación de los fondos europeos, y según el plan antes citado, sólo podrán ser alquiladas para domicilio habitual y permanente. Y se recalca que “priorizando siempre el criterio social”.

Por tanto, y en líneas generales, para optar a un alquiler social, los beneficiarios deberán cumplir una serie de criterios. ¿Cuáles? Nivel de ingresos, edad, situación y composición de la unidad familiar…

¿Quién habilitará las viviendas?

Las actuaciones para habilitar estas viviendas en alquiler social, según el plan indicado, apuntan a que podrán ser financiadas en su totalidad por promotores públicos. Aunque, matiza, podrán promoverse fórmulas de colaboración público-privada “que optimicen la utilización de los fondos públicos”. Y advierte que, en todo caso, deben finalizar “antes del 30 de junio de 2026.

Los destinatarios de estas ayudas serían las administraciones, empresas y organismos públicos, entidades público-privadas y sociedades mercantiles participadas mayoritariamente por administraciones públicas.

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También empresas o entidades privadas que resulten adjudicatarias del derecho de superficie, de la concesión administrativa, o del negocio jurídico análogo del que se trate, en el marco del procedimiento legalmente establecido.

Los promotores de estas viviendas públicas recibirán una ayuda proporcional a la superficie útil de cada vivienda “de hasta un máximo de 700 euros por metro cuadrado”. Y no podrá superar la cuantía máxima de la subvención los 50.000 euros por vivienda. “En ningún caso puede exceder el coste de las actuaciones subvencionables”, especifica el programa.

¿Cuál será el reparto por comunidades autónomas?

Aunque no se conoce todavía cómo se repartirán esos 4.000 millones anunciados por Pedro Sánchez, una buena guía de por dónde irán los tiros la encontramos en el Programa de construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes. Recordemos: transferencia a las comunidades autónomas de 1.000 millones entre 2022 y 2023 para habilitar 20.000 viviendas nuevas en alquiler social.

Andalucía, en dicho programa, es la más beneficiada, con 173,3 millones de euros (3.474 viviendas nuevas). A continuación, Cataluña, con 161,6 millones (3.234 viviendas) y Madrid, con 140,1 millones (2.801 viviendas).

Le siguen la Comunidad Valenciana, con 108,1 millones (2.164 viviendas); Galicia, con 58,5 millones (1.169 viviendas); Castilla y León, con 54,4 millones (1.088 viviendas); País Vasco, con 48,6 millones (972 viviendas); Canarias, con 45,9 millones (918 viviendas); y Castilla-La Mancha, con 42,1 millones (842 viviendas).

Ya por debajo de esas cifras estarían en Murcia, con 29,4 millones (588 viviendas); Aragón, con 29 millones (579 viviendas); Baleares, con 24,6 millones (492 viviendas); Asturias, con 24,3 millones (486 viviendas); Extremadura, con 23,1 millones (461 viviendas); Navarra, con 13,8 millones (276 viviendas); Cantabria, con 13 millones (259 viviendas); y La Rioja, con 7 millones (140 viviendas).

Haciendo la cuenta de la vieja, y multiplicando por cuatro estas cantidades, se puede obtener una cifra aproximada de cuál podría ser el reparto entre las diferentes comunidades autónomas de las viviendas de alquiler anunciadas por el presidente Pedro Sánchez.