Cartel de alquiler sobre vivienda
El Gobierno admite que los inquilinos que recurrieran al decreto del alquiler derogado quedan en un limbo legal
Los juristas dan por hecho que la litigiosidad se va a disparar.
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Como se esperaba, el Congreso ha derogado el Real Decreto-Ley 8/2026 para prorrogar hasta dos años los alquileres de vivienda que caducaran antes del 31 de diciembre. Sin embargo, la norma ha estado en vigor durante cerca de un mes y la incertidumbre se ha desatado en miles de inquilinos. ¿Se pueden beneficiar de esta medida pese a haberla tumbado el Congreso?
Depende. Fuentes del Gobierno admiten el limbo legal que abre la derogación del decreto. La propia ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, admitía que España entra "en un terreno inexplorado en lo jurídico".
También que, ante el vacío legal al que se enfrentan ahora inquilinos y propietarios, los tribunales tendrán que sentenciar en muchos casos. Y que "hay opiniones jurídicas para todos los gustos”.
Para empezar... ¿Qué inquilinos se podrían acoger a la prórroga ahora derogada? Aquellos que, durante el periodo de vigencia del decreto-ley, solicitaran a sus caseros la correspondiente prolongación del alquiler. Siempre a través de alguna vía legalmente constatable. Preferiblemente el burofax.
Si el inquilino ha llevado a cabo esta acción, la pelota queda en el tejado del propietario de la vivienda. Puede aceptar la prórroga... o negarse, dado que la norma que la amparaba ha decaído.
Todo apunta que hay miles de casos así que van a acabar en los tribunales. Y que serán los jueces los que decidan sobre la aplicación de la prórroga o no.
Los juristas especializados en vivienda alertan de que la interpretación al respecto está abierta. Y de que la litigiosidad se va a disparar.
![El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy](["https:\/\/s3.elespanol.com\/2026\/04\/01\/actualidad\/1003744192288_262242134_320x180.jpg"])
Arantxa Goenaga, abogada y socia de AF Legis, avisa de los problemas que el decreto ya tenía en su articulado. "Los propios juristas y especialistas no se ponen de acuerdo en qué se ha querido regular, por lo que es evidente el conflicto que va a generar. Mi valoración es totalmente negativa", añadía.
Mientras, la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) asegura que la suspensión del decreto "no impedirá que miles de inquilinos hayan podido blindar sus contratos frente a la subida de precios" del alquiler.
"Hasta hoy, y en el periodo que ha transcurrido desde su aprobación, sus efectos se han extendido a todos los contratos vivos, es decir, los vigentes hasta diciembre de 2027. Y quienes han comunicado a sus caseros la intención de acogerse a la prórroga de condiciones, tienen derecho a la misma", añaden.
Desde la Asociación que había recomendado "pedir dicha prórroga de una forma fehaciente, a ser posible mediante un burofax, mientras estuviese vivo el decreto, ya que si hay discrepancias a posteriori, un juez podrá dirimirlas sólo si hay una petición previa".
Dudas
En cambio, la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI) sí que contempla un vacío legal y reclama al Gobierno que aclare "con urgencia y por escrito" los efectos jurídicos para aquellos inquilinos que hayan solicitado la prórroga extraordinaria.
La FAI considera "imprescindible" despejar cualquier "duda interpretativa" para evitar conflictos e inseguridad entre propietarios e inquilinos, garantizando que ambas partes conozcan con claridad cuál es la situación normativa aplicable ahora.
