La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, en una imagen de archivo. Europa Press.
Vivienda presume de reducir el número de pisos turísticos con una estadística del INE no comparable con años anteriores
El ministerio sostiene que se han reducido un 12,4% los pisos turísticos en el último año, basándose en una medición experimental que no permite saber si en idéntico periodo de otros años hubo más o menos caída.
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El Ministerio de Vivienda lleva 24 horas presumiendo de haber logrado una reducción histórica de pisos turísticos que está levantando ampollas por la forma en la que se han recabado esos mismos datos.
Las cifras han llegado a través de una estadística experimental del INE que ha modificado los meses que analiza; o sea, lo recogido –y celebrado– ahora por el Ministerio de Vivienda no tiene parangón porque lo que se medía antes era un periodo diferente.
La medición de viviendas turísticas realizada por el ente se ha hecho tradicionalmente en dos momentos: febrero y agosto. Este análisis del INE hace un seguimiento aproximado de cuántos de estos pisos se anuncian en plataformas, y permite dar por tanto una idea de los inmuebles destinados a este fin.
En verano de 2024, sin embargo, el periodo a medir cambió. Pasó a ser mayo y noviembre, según explican a este periódico desde el INE, con la lógica de que muchas de las reservas para verano se realizan con meses de antelación y, por ello, se podría ver mejor cómo está la oferta.
Así las cosas, el primer año completo en el que se ha analizado qué pasa con los pisos turísticos de noviembre a noviembre ha sido, justamente, este último. Y los datos son especialmente favorables a la gestión de Moncloa, han destacado desde Vivienda, que en este tiempo ha puesto en marcha novedades para ponerles coto.
Caída 'histórica'
El ministerio emitió este lunes una nota de prensa en la que recogía que, según el INE, a noviembre de 2025 se comercializaban en plataformas como Airbnb o Booking 329.764 viviendas.
Son 52.000 viviendas menos que un año antes, o sea, "la mayor caída interanual de la serie histórica, con una reducción del 12,4% de la oferta con respecto a los datos publicados en noviembre de 2024".
Gráfica sobre la evolución de pisos turísticos compartida en redes por Vivienda en la que se observan los diferentes meses de medición. Red social X.
"De esta forma, la estadística que registra la oferta de viviendas turísticas en España alcanza el nivel más bajo de los últimos tres años", celebraba.
Pero es una afirmación que ha levantado polvareda por dos motivos. El primero, porque es la primera vez que se mide qué pasa de noviembre a noviembre; o sea, aunque la reducción sea real en el último año, no es posible saber si lo ocurrido en esos doce meses es más o menos pronunciado que lo ocurrido en idénticos periodos de otros años.
Es algo relevante, porque la demanda –y oferta– de pisos turísticos no es igual en febrero que en mayo, agosto o noviembre. Así, por ejemplo, no se puede observar si existe una tendencia de bajada en la oferta de vivienda turística en esos meses o lo conocido ahora es, verdaderamente, relevante.
El segundo punto polémico es consecuencia de esta situación. Porque el ministerio obvia que se apoya en datos de periodos diferentes para reivindicar que lo sucedido desde noviembre de 2024 a noviembre de 2025 es consecuencia directa de las políticas del Gobierno.
"El número de viviendas turísticas registra su mayor caída de la serie histórica gracias a las medidas del Gobierno de España", rezaba el comunicado.
Lo cierto es que el nuevo periodo analizado por el INE coincide con nuevas iniciativas de Vivienda, como el despliegue del Registro Único de Arrendamientos, que empezó a ser obligatorio para los propietarios el 1 de julio de 2025, y la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), "que empodera a los vecinos para poder vetar este tipo de viviendas".
A ellas se remite. Con los datos del INE, sostiene el departamento que dirige Isabel Rodríguez, "se evidencia que el Registro Único de Arrendamientos y la reforma de la LPH es una vía que preserva la función social de la vivienda y combate la ilegalidad con la que opera actualmente un gran número de alojamientos con estas características".
Algo relevante porque, agrega, estos alquileres provocan "una subida exagerada de los precios y la expulsión de muchas familias de sus barrios, así como una mayor gentrificación y pérdida de identidad en los mismos".
