A dos días de su aprobación en el Congreso, y a las puertas de unas elecciones autonómicas y municipales, la Ley de Vivienda se ha convertido en un caballo de batalla entre Gobierno y oposición. Sobre todo a raíz de una enmienda transaccional a dicha norma acordada entre PSOE, Unidas Podemos, ERC, Más País, Compromís, la CUP, el BNG y el PDeCAT.

La reacción por parte del PP a dicha enmienda fue que la Ley de Vivienda es un “chollo” para los ‘okupas’. Desde el Gobierno, se asegura que es “un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje para buscar una solución habitacional a las personas vulnerables”.

Ya cuando el texto se aprobó en Consejo de Ministros, en febrero de 2022, recogía que los servicios sociales se coordinarían con los jueces para ofrecer soluciones habitacionales en los desahucios en situaciones de vulnerabilidad. Una alternativa que sería una vivienda, como tal, y no un albergue, como venía sucediendo en algunas comunidades autónomas.

¿Qué sucede con la enmienda?

La enmienda, en materia de desahucios, modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para incluir un nuevo procedimiento de mediación y arbitraje. Eso sí, sólo para los grandes tenedores de vivienda cuando hay vulnerables económicos.

Serán las comunidades autónomas las que tengan que mediar con aquellos ‘okupas’ en situación de vulnerabilidad. Si esa interlocución no funciona, las autonomías tendrán que aportar una solución habitacional para esas personas. La meta no es otra que las administraciones tengan más tiempo para encontrar dicha solución.

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Otro requisito es que, previamente, no se ha tenido que iniciar un procedimiento de mediación y arbitraje sobre dicho inmueble. Tampoco tiene que haber un procedimiento judicial en marcha.

¿Qué se busca?

Dicha intermediación, por tanto, sólo podrá llevarse a cabo cuando haya personas que hayan sido acreditadas como vulnerables por los servicios sociales y estén en riesgo de exclusión social. Lo que se busca es impedir los desahucios de familias vulnerables. Algo que se aprobó para hacer frente a los efectos de la pandemia, pero cuya fecha de finalización es el próximo 1 de julio.

La nueva ley pretende que se puedan prorrogar los lanzamientos de inquilinos vulnerables hasta los dos años. Por tanto, aumentará la inseguridad jurídica a la hora de que un arrendador tenga que recuperar su vivienda por un impago de su inquilino.

¿Cómo serán los procesos de desocupación?

Según la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), la ley va a fomentar que los procedimientos de desocupación de los ‘okupas’ sean más lentos, con mayores trámites y más costes para los arrendadores.

Porque, a partir de ahora, el propietario que inicie trámites para recuperar su propiedad deberá “certificar” si es un gran tenedor. También si los ocupantes emplean o no el inmueble como vivienda habitual.

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Ester certificado supondrá un nuevo coste y más tiempo de tramitación. “Va a provocar la salida del mercado de muchos arrendadores privados e institucionales hacia otro tipo de inversiones inmobiliarias”, asegura José Ramón Zurdo, director general de ANA. Y añade: “También un endurecimiento muy importante de las condiciones que van a exigir los arrendadores a los nuevos candidatos a inquilinos”.

Según la Plataforma de Afectados por la Ocupación (PAO), la norma “ignora y hunde” a los afectados por la ‘okupación’ y la ‘inquiokupación’. Estos últimos son aquellos que firman un contrato, pagan los primeros meses, para luego no hacerlo.

Por eso, no dudan en afirmar que la “inacción y tolerancia” sobre estos delitos han creado un nuevo grupo social vulnerable: los afectados por este fenómeno. “La ley favorece a quienes cometen el delito y generan el problema”, subrayan.

En definitiva, y según un estudio elaborado por el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria, la nueva Ley de Vivienda hace más complejos los procesos de desahucio a la par que el texto no lucha contra la ‘okupación’.