“Es un grave error. Si alguien quiere ver las consecuencias de esta medida en 2023, no tiene nada más que ver lo que ha sucedido este año desde que entró en vigor la limitación del 2%: subida de precios, menos oferta y más requisitos para los inquilinos para alquilar”, advierte José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA).

“Una decisión que el mercado ya descontaba, sobre todo al tratarse 2023 de un año electoral. Pero, no por eso, deja de ser una pésima noticia para el alquiler”, añade Francisco Iñareta, portavoz de Idealista. Y los efectos pueden ser devastadores. “La oferta se puede reducir entre un 5% y un 10%, y el incremento de precios puede estar entre el 5% y el 8%”, afirma Iñaki Unsain, personal shopper inmobiliario de referencia en Barcelona.

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Conviene recordar, a modo de ejemplo, que en Barcelona la oferta se redujo en más de un 20% después de que Cataluña aprobara su propia ley de vivienda. Posteriormente, el Tribunal Constitucional anuló los artículos que pusieron límite a los precios del alquiler en zonas tensionadas.

La prórroga no hará otra cosa que aumentar la preocupación entre los propietarios. Y es que el 75% son particulares con una o dos viviendas, que las destinan al alquiler de vivienda de uso habitual para completar sus ingresos o su pensión.

Sin compensación

Un desasosiego que viene sucediendo desde el mismo momento que se aprobó el tope al alquiler por primera vez a finales de marzo. Por aquel entonces, ya temían que la medida se alargase en el tiempo. Y si se prorrogaba por más meses (tal y como está sucediendo) estaría encubriendo la limitación de precios en las rentas del alquiler. De ahí que el Consejo General de los Coapi (Colegios Oficiales de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria) hable de "intervencionismo" del Gobierno.

"Consideramos inaceptable que se prorrogue una medida que supone la privación del derecho de propiedad a más dos millones propietarios de vivienda en alquiler en España y a los que no se ofrece ningún tipo de compensación. Esto va en contra de lo que prevé la Constitución Española", denuncian desde Asval (Asociación de Propietarios de Vivienda de Alquiler). Además, añaden que "se carga sobre ellos el problema social de la vivienda, que es responsabilidad de la Administración".

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Algo que, por ejemplo, no sucede en Portugal, donde el Gobierno sí les ofrece una compensación a cambio. “Al no haber sido compensados económica o fiscalmente, muchos de estos arrendadores están decidiendo, a la finalización de sus contratos, o no alquilar más las viviendas, o venderlas, y ahora el panorama para todo el año que viene seguirá la misma tendencia”, subraya José Ramón Zurdo. Y eso se traducirá en un agravamiento del problema por la falta de oferta que sufre el mercado.

Una caída de la oferta “que será especialmente grave en grandes capitales”, especifica Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. “Es en estos mercados donde hay una demanda que tensiona los precios más al alza y la oferta es cada vez más insuficiente”.

Acceso complicado

El portavoz de Idealista, por su parte, subraya que la medida “no solo ha provocado subidas de precio de doble dígito en los grandes mercados, sino que genera una enorme ansiedad entre las familias que necesitan acceder a una vivienda y que deben competir con decenas de familias para poder ser ‘seleccionadas’”.

Por eso, estos particulares procesos de selección, lejos de facilitar el acceso a los colectivos más desfavorecidos, lo complican aún más. “Dificultan el acceso a nuevos colectivos sin problemas económicos pero que ofrecen una menor seguridad a los propietarios, como autónomos o personas solas. El problema ya no es solo el precio, el problema es que no hay viviendas suficientes en alquiler”, añade Iñareta.

Por tanto, la medida viene a desequilibrar la balanza entre los inquilinos actuales y los futuros. Es decir, que beneficiará a quienes viven ya de alquiler, pero perjudica a quienes en estos momentos lo están buscando, o lo buscarán en los próximos meses.

“Esta medida es pan para hoy y hambre para mañana. Pan para hoy, por lo que se puedan ahorrar los inquilinos debido a la limitación. Y hambre para mañana por la subida de rentas que van aplicar los arrendadores a los nuevos arrendamientos para compensar la medida. La política social de vivienda de alquiler del Gobierno es inexistente, y toda la carga recae en los hombros de los arrendadores”, remarca el director general de ANA.

De ahí que, según Asval, lo que hará es "propiciar reclamaciones patrimoniales contra el Estado por parte de los propietarios". Por su parte, los sindicatos de inquilinos tachan la medida de "falsa limitación de los alquileres porque no se pone ningún límite a las subidas en las renovaciones o en los nuevos contratos".