El precio del alquiler en España se ha disparado un 6,4% entre agosto de 2021 y 2022. Un último año en el que ese porcentaje se ha elevado por encima del 10% en muchas capitales. A la cabeza, Cuenca (22,8%). Le siguen Alicante (20,5%), Barcelona (20,2%), Valencia (16%), Málaga (14,8%), Palma de Mallorca (13%), Gerona (12,2%), Almería (12%), Santa Cruz de Tenerife (11,9%) y Madrid (10,3%).

Son datos recogidos por el marketplace inmobiliario Idealista que también ponen de manifiesto que 22 capitales de provincia han alcanzado su máximo histórico en el precio del alquiler durante agosto de este año. Algunos ejemplos son Cádiz, Zaragoza, Santander, León, Valladolid, Albacete, Toledo, Badajoz, Logroño, Murcia o Pamplona.

Uno de los objetivos de la Ley de Vivienda, que fue aprobada como proyecto de ley en Consejo de Ministros el pasado mes de febrero, era regular el precio de la vivienda en alquiler en lo que se vino a denominar como zonas tensionadas. Es decir, aquellas en las que el coste de la hipoteca o el alquiler superase el 30% de los ingresos medios de los hogares en ese ámbito; o donde el alquiler haya subido un 5% sobre el IPC en los últimos cinco años. Otra meta de la ley era reducir el precio gracias a una serie de bonificaciones fiscales para los propietarios.

Plazos

Han pasado algo más de seis meses desde entonces, y el bálsamo de PSOE y Unidas Podemos para desinflar el precio del alquiler está en vía muerta. Y eso que el Consejo de Ministros acordó su tramitación por el procedimiento de urgencia.

“La previsión de que la nueva ley sea efectiva durante el último trimestre de 2022 va a ser complicada de llevar a cabo”, advierte Ferran Font, director de Estudios de pisos.com. Y añade: “Nos podemos ir a 2023 porque los cambios en la regulación de precios, por ejemplo, y su afectación en los pequeños propietarios, son decisiones que tienen que tomarse con las cifras encima de la mesa. Durante toda la tramitación se ha echado de menos más datos de los pros y contras que conlleva esta ley”.

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En el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) son más optimistas: “Mantenemos la previsión de que la ley pueda estar aprobada en las próximas semanas en el Congreso, de acuerdo con la previsión de que esté aprobada definitivamente antes de que acabe el año”.

Una confianza que tiene una contrapartida, como relata José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA): “Si el socio mayoritario del Gobierno [PSOE] quiere tener los presupuestos aprobados este ejercicio, entendemos que se aprobará. Unidas Podemos ya ha dicho que, si es necesario, vinculará su apoyo a los presupuestos generales a la aprobación de la Ley de Vivienda antes de que acabe el año”.

Centenares de enmiendas

Las razones por las que la ley sigue atascada en el Congreso se pueden resumir en dos. Por un lado, la presentación de más de 800 enmiendas de todos los grupos parlamentarios. “Es un trámite que necesita tiempo, trabajo y diálogo”, remarcan desde el Mitma. Por otro, un problema político e ideológico entre los dos socios del Gobierno.

“El PSOE está intentando, porque no cree en ella, dilatar la aprobación de la ley o dejarla en un cajón”, afirma José Ramón Zurdo. Asimismo, la imposición del real decreto ley que congela las actualizaciones de las rentas del alquiler al 2% está provocando un incremento de los precios y una disminución de la oferta al desplazarse muchas viviendas a la compraventa.

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“Los inquilinos tienen ahora menos viviendas donde poder vivir de alquiler y, además, más caras. Justamente lo contrario de lo que se pretendía conseguir”, resalta el director general de ANA. Con este panorama, aprobar la ley “perjudicaría aún más a los propietarios que son los que tienen que sacar vivienda en alquiler para aumentar la oferta y mantendría la escalada de precios”.

Ejemplo de este desencuentro son las tres medidas que Unidas Podemos considera esenciales pero que su socio de Gobierno se resiste a darles el empujón definitivo (aunque el resto de socios parlamentarios si está por la labor).

Carteles de vivienda en alquiler. Invertia

Una, que la regulación de los precios de alquiler en las zonas de mercado tensionado afecte a grandes tenedores y pequeños propietarios. Conviene recordar que, de los más de 2,6 millones de viviendas que hay en alquiler, más del 90% está en manos de pequeños propietarios.

Dos, que no se pueda desahuciar a familias que estén en situación de vulnerabilidad sin que exista una alternativa habitacional. Y, tres, que SAREB forme parte del parque público de alquiler. “Son cambios sustanciales que, lógicamente, no son de fácil manejo y gestión. Si estas tres solicitudes se convierten en exigencias harán más lenta la tramitación definitiva de la ley”, relata Ferran Font.

‘Carne’ de Tribunal Constitucional

Los expertos consultados por este periódico no dudan en resaltar que finalmente acabará viendo la luz. Aunque también, como señala Arantxa Goenaga, abogada y socia del despacho Círculo Legal Barcelona, “tiene asegurado su paso por el Tribunal Constitucional por los problemas que se van a generar con el derecho a la propiedad y las limitaciones que parece imponer”.

Para José Ramón Zurdo, “la ley que se está tramitando en el Congreso podría nacer viciada”. De ahí las críticas que ha recibido “por invadir competencias reservadas constitucionalmente a las comunidades autónomas y por contar con informes desfavorables de altas instituciones del Estado”. El dictamen del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue demoledor al respecto.

Además, el PP ha dicho que en las comunidades en las que gobierna no se va a implementar. “El impacto final que pueda tener en los bolsillos de los propietarios no sólo es heterogéneo territorialmente sino que, además, tiene un punto de misterio al no saber hoy cuáles serán los precios de alquiler de referencia”, sostiene Ferran Font.

Y Arantxa Goenaga concluye: “Existe una injerencia en el derecho de la propiedad al imponer limitaciones que conllevan a que los particulares parezca que tienen que suplir las obligaciones de la Administración de garantizar una vivienda a todos los ciudadanos”.