El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha saludado la iniciativa del Sindicato de Inquilinos que se ha convertido en ley en el Parlamento de Cataluña, la cual para el líder de Podemos tiene que ser "una referencia para regular los alquileres en España".

Pablo Iglesias ha leído el artículo 47 de la Constitución Española para asegurar a continuación que "el Ejecutivo va a trabajar por que la Carta Magna se cumpla". Quizá, durante su intervención en el Pleno del Congreso, ha olvidado que el proyecto de ley aprobada el pasado 9 de septiembre salió adelante a pesar de ser considerado contrario a la Constitución y al Estatut.

Ya en agosto el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), institución de la propia Generalitat que vela por la adecuación de las normas con rango de ley del Gobierno y el Parlamento en el Estatuto y la Constitución, dejó claro que este proyecto chocaba con ambos.

De camino al Constitucional

En concreto, el Consejo de Garantías Estatutarias dictaminó de manera unánime que 11 de los 15 artículos de la proposición, cuatro de las siete disposiciones adicionales, dos de las tres disposiciones transitorias y una disposición final de las cuatro que incluye, “no se adecuan ni en la Constitución ni en el Estatut”.

En el pleno del Parlament, incluso antes de que se aprobara la proposición de ley, el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, anunció que su partido la recurrirá al Tribunal Constitucional (TC). “Llevaremos esto al TC en breve, que me temo que es lo que están deseando", afirmó en su intervención durante el debate en la Cámara catalana. Asimismo, se mostró confiado en que la norma acabe suspendida por el TC.

La Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) también anunció que solicitará al Gobierno y a los principales partidos políticos que defiendan la Constitución e interpongan de inmediato un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.

El problema no es la okupación

El vicepresidente segundo del Gobierno, a pesar de los múltiples ejemplos publicados EL ESPAÑOL, ha afirmado en el Congreso de los Diputados que el problema de la vivienda en España "no es la 'okupación'" sino el precio del alquiler y la especulación.

"Y es que en España, como consecuencia de su acción de gobierno (en referencia a Partido Popular), los fondos buitres son el principal casero", ha sentenciado. Palabras que contrastan contra todas las estadísticas del sector que atribuyen la propiedad del parque español en alquiler en el 75-80% de los casos a particulares.

Esta ha sido la respuesta de Pablo Iglesias al secretario general de los 'populares', Teodoro García Egea, quien ha denunciado que desde que Iglesias "ocupa" un sillón en el Gobierno los españoles "no pueden ni irse de vacaciones tranquilos" ante el miedo a que su casa sea 'okupada'.

También se da la cirscuntancia de que Cataluña, la comunidad que ha aprobado esta dudosa ley para regular el alquiler. es el paraíso de la okupación en España y Barcelona, su epicentro.

Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y junio de este año se okuparon 3.611 viviendas en Cataluña, 421 más que en todo el año 2019. Las okupaciones catalanas triplican las andaluzas (1.183) y sextuplican las de la Comunidad de Madrid (657).