Justo el día que el pleno del Parlamento de Cataluña firma la aprobación de la ley para regular y controlar el precio de los alquileres y el Gobierno central lo mantiene como un compromiso programático, el director de Vivienda de la Comunidad de Madrid, José María García, ha afirmado este miércoles que “anunciar que se pueden topar los precios del alquiler es impresentable”.
El director de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha aseverado que “allí donde intervienes un mercado generando una distorsión provocas efectos perniciosos” y lo que logras es un “efecto expulsión, una reducción de la oferta” y finalmente que los precios que estaban por debajo de esos topes suban mientras los que estaban por encima o bien se van al mercado de compraventa o bien a la economía sumergida para mantener sus niveles de ingreso”.
José María García ha participado esta mañana en una mesa redonda virtual organizada por ESCP Business School y BNP Paribas Real Estate bajo el título “Build-to-Rent: Tendencias del Mercado y Activos”. En una de sus exposiciones, ha lamentado que “hay una parte del Gobierno de España que sigue pensando que la panacea de la solución del mercado en alquiler es topar los precios”. “Lo que no se puede hacer es generar inseguridad jurídica”, ha declarado.
Le parece “razonable” que exista un índice de precios al alquiler en la medida que “puede dar un dato oficial, aunque sea de hace dos años”. Sin embargo, el director de Vivienda de la Comunidad de Madrid ha recordado que “tener tres regímenes distintos de ley de arrendamiento urbano como tuvimos el año pasado en apenas seis meses es impresentable”.
De hecho, ha recordado el reciente informe del Banco de España donde pedía un aumento de la oferta e ilustraba que este modelo de regulación en ciudades como Berlín reduce la oferta un 25% e incrementa los precios.
Madrid aumenta la oferta
José María García ha apuntado que el camino que debe tomar la administración pública pasa por “generar seguridad jurídica, poner en servicio su materia prima como es el suelo y no introducir factores distorsionadores que provocan la reducción del mercado”.
“Incluso el propio Gobierno vive en la contradicción, porque recientemente anunció que está trabajando en la movilización de suelo público en colaboración público-privada mediante fórmulas de gestión patrimonial o de dominio público a través de la fórmula de concesión o derechos de superficie en plazos de hasta 80 años con cánones cercanos a cero”, ha dicho.
En el caso de Madrid, el director de Vivienda del gobierno regional ha indicado que su compromiso electoral es utilizar los suelos procedentes de cesiones obligatorias de nuevos planeamientos urbanísticos que tenían como destino la vivienda pública social para ponerlos en servicio de la colaboración público-privada. El objetivo, que fueran explotados por concesionarios privados con un fin público como es movilizar ese suelo, generar muchas viviendas y que las rentas sean asequibles, es decir, a un precio inferior al del mercado.
La Comunidad de Madrid tiene ahora mismo más de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo residencial para estos fines y lo que está haciendo es definir las concesiones y cómo podrían ser atractivos esos suelos para las promotoras. Por ejemplo, las parcelas seleccionadas deben tener una edificabilidad mínima para 50 viviendas y ubicadas en zonas bien comunicadas.
“Actualmente tenemos 72 parcelas seleccionadas para construir al menos 10.000 viviendas”, ha afirmado José María García. No obstante, en virtud del Plan Vive la Comunidad de Madrid aspira a construir unas 25.000 viviendas de alquiler asequible en toda la región.