El pleno del Parlament de Catalunya tiene previsto aprobar el 9 de septiembre la “Proposició de llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament”, el proyecto de ley para regular y controlar el precio del alquiler. Propietario y profesionales del sector han levantado la voz contra su tramitación.

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El pasado mes, el Consejo de Garantías Estatutarias ya dictaminó que algunos artículos de esta norma incumplen la Constitución y el propio Estatut. Además, este mismo órgano aseguró también que la Generalitat no tiene competencias para regular los precios del alquiler porque es una facultad del Estado.

Ahora, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya (AIC) y la Asociación de Propietarios de Viviendas en alquiler (Asval) han vuelto a alertar sobre la equivocación que supone sacar esta ley adelante.

Ilegal

Para empezar, la AIC denuncia que el derecho a una vivienda digna “tiene que ser garantizado por la administración pública con la implicación y colaboración del sector privado, pero con la aprobación de estas medidas el sector público está trasladando al sector privado la responsabilidad de dar respuesta a la problemática de la escasez de vivienda social, además de adoptar medidas que, por una parte, se muestran contrarias a la protección que la propiedad privada recibe explícitamente en el artículo 33 de la Constitución y que, por otra, superan claramente el marco competencial de l’Estatut de Catalunya vulnerando la Constitución Española”.

La clara inconstitucionalidad de buena parte del articulado del texto creará un tenso ambiente de inseguridad jurídica en el sector con efectos negativos en la oferta de vivienda”, expone el comunicado remitido por la AIC y firmado por el Consell Català de Col·legis d’Agents de la Propietat Immobiliària de Catalunya, la Associació d’Agents Immobiliaris de Catalunya, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida y el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida (CAFBL).

Desde Asval insisten en una nota remitida a los medios que “vulnera la Constitución española, atenta contra el derecho a la propiedad privada y fomentará la economía sumergida en el mercado del alquiler en Cataluña”.

Tanto es así que en caso de ser aprobada, Asval solicitará al Gobierno y a los partidos políticos con representación suficiente en el Congreso de los Diputados que impulsen un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional.

Más economía sumergida

Asval considera, además, que esta ley incentivaría la economía sumergida, “ya que muchos propietarios podrían verse tentados a compensar ilegalmente la diferencia entre el precio regulado y el de mercado”. “Esto generaría graves consecuencias para los inquilinos, la salud de la economía catalana, sus ingresos fiscales y para el grueso de los propietarios, ya que la mayoría actúa conforme a la ley”, señala.

Una casa en alquiler.

Los profesionales inmobiliarios catalanes inciden en que aquellos sectores de población más desfavorecidos o en situación de vulnerabilidad “no verán aumentadas sus opciones a acceder a una vivienda de alquiler como consecuencia de la aprobación de una normativa de estas características”. Al contrario, “la medida puede comportar una reducción de la oferta de alquiler”.

“Se corre el riesgo de volver a aquellos tiempos en los que la larga duración del arrendamiento y la imposibilidad de actualizar la renta (o su actualización de acuerdo con un IPC que no reflejaba la realidad), llevaron a una reducción y un deterioro más que constatable del parque de viviendas de alquiler", advierte la IAC.

Mayor oferta e incentivos

Ante el problema del alquiler en Cataluña, desde AIC consideran que “es indispensable adoptar medidas que actúen directamente contra el origen del aumento del precio de renta de la vivienda, que no es otro que la escasez de oferta: no hay vivienda suficiente para proveer la demanda”.

Reflexión en la que coincide Asval. “Consideramos que la mejor alternativa a este tipo de regulaciones pasa por aumentar la oferta de vivienda alquiler, especialmente asequible y social, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la colaboración público-privada”, asegura Beatriz Toribio, directora general de la asociación.

Invertia ha publicado este lunes que la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid (EMVS) ha logrado suelo para construir 570 pisos en régimen de alquiler asequible y trabaja para que el Ayuntamiento le ceda más terrenos. 

Ante el control de precios, Asval propone medidas que incentiven la oferta de vivienda en régimen de arrendamiento. Por una parte, desarrollar un parque de vivienda en alquiler a precios por debajo de mercado, para aquellas rentas más bajas, así como jóvenes que buscan emanciparse.

En este sentido, apunta la asociación de propietarios, el sector y la Administración deberán idear fórmulas de colaboración público-privada para desarrollar el parque de vivienda asequible que necesita nuestro país, así como una política de ayudas públicas para aquellos colectivos más vulnerables. Además, es de vital importancia reforzar un marco regulatorio estable y transparente que genere seguridad jurídica para el desarrollo del sector.