Mónica García, ministra de Sanidad, durante la presentación de la campaña de interrupción voluntaria del embarazo.
Los cambios de Sanidad en el aborto: se informará de forma previa al proceso del impacto clínico, no del efecto psicológico
Los datos obligatorios no podrán incluir sesgos o juicios de valor.
García ha convocado un Interterritorial extraordinario para debatir esta norma.
Más información: Sanidad convoca un interterritorial extraordinario para acelerar la aprobación del real decreto del aborto
Este miércoles, Sanidad y las comunidades autónomas debatirán el nuevo Real Decreto (RD) que regula la información previa al consentimiento al aborto. Así, el departamento de Mónica García ha convocado un Consejo Interterritorial extraordinario (CISNS) de forma telemática para acelerar su aprobación.
La norma -que ejecuta lo acordado en la Ley del Aborto de 2023- introduce varios cambios relevantes sobre qué datos previos deben aportarse a la mujer antes de someterse a una interrupción voluntaria del embarazo (IVE).
Entre ellos, destaca la modificación de la información obligatoria: se eliminarán las referencias a las consecuencias psicológicas y sociales (que se incluían en la normativa de 2010) para ofrecer datos puramente asistenciales y clínicos.
De esta manera, "se prevé que la información deberá respetar la dignidad, la autonomía y la voluntad de la mujer y sustentarse en el conocimiento científico disponible, y que su contenido no podrá incorporar sesgos, elementos estigmatizantes o juicios de valor ni orientarse a persuadir a la mujer para continuar o interrumpir el embarazo".
Así lo señala el borrador del RD que fue aprobado en el Consejo de Ministros de hace una semana y que ahora inicia su tramitación urgente para que vea la luz antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
Cabe destacar que en la Ley de 2010 -impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero- se introdujo la obligación de entregar un sobre cerrado con información sobre ayudas a la maternidad, beneficios fiscales y consecuencias médicas y sociales.
Además, se imponía un periodo de reflexión obligatorio de 3 días entre la entrega del sobre y la intervención.
![La ministra de Sanidad, Mónica García, interviene durante un acto sobre el aborto.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11364193.jpg?p=w:320\/h:240&h=BGnvpvF9"])
El debate sobre qué información se le entrega a la mujer antes de someterse al aborto lleva más de una década en el debate político y social. Por este motivo, el Gobierno modificó este proceso en la Ley Orgánica 1/2023 y ahora lo pone en la práctica a través de este Real Decreto.
Así, las novedades se centran en diferenciar entre la información obligatoria y la voluntaria que reciben las mujeres.
Adiós al sobre cerrado: todos los datos sobre ayudas públicas, derechos laborales, medidas anticonceptivas y de sexo seguro, así como el asesoramiento antes y después de la IVE, pasarán a ser información voluntaria. Sólo se proporcionará a aquellas mujeres que lo reclamen y será sobre todas las cuestiones que marca la ley.
La recepción de la información voluntaria nunca será requisito para acceder al aborto.
![Una joven marcha junto al Sindicato de Estudiantes en la manifestación por el 8M de 2025 en Madrid.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11372279.jpg?p=w:320\/h:240&h=pnBhpI2S"])
Dentro de la información obligatoria se contemplará la naturaleza de la intervención, los distintos métodos, centros sanitarios públicos y privados acreditados, trámites necesarios, derechos de las mujeres durante el proceso asistencial, etc.
Por otro lado, se sumarán datos sobre los métodos quirúrgico y farmacológico. Antes se hacía referencia únicamente a los distintos métodos de IVE, sin especificar cuáles eran.
La información no incluirá en ningún caso referencias al coste económico de la prestación para el servicio público de salud.
Cuando la interrupción voluntaria del embarazo esté cubierta a través de la sanidad pública, no se entregarán, exhibirán ni comunicarán a la mujer, verbal o documentalmente, facturas, presupuestos, tarifas, estimaciones de coste ni documentos análogos relativos a la prestación, salvo que esta información sea solicitada expresamente por ella.
Con la regulación de 2010, se solía entregar una carpeta informativa que contenía presupuestos, costes y folletos de ayudas públicas.
Además, el proyecto de Real Decreto pretende dotar de seguridad jurídica al funcionamiento de los comités clínicos, de acuerdo con la ley orgánica.
Se ha incorporado el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres en su composición, tanto de titulares como suplentes, salvo por razones fundadas y objetivas. Y no podrán formar parte del comité quienes estén inscritos en el registro de objetores, ni quienes lo hayan estado en los últimos tres años.
La mujer gestante también tendrá el derecho a elegir a una de las personas especialistas del Comité, que comunicará a las autoridades competentes de la comunidad autónoma su designación.
Interterritorial
Con todo, el Ministerio de Sanidad informará este miércoles a las comunidades autónomas por correo electrónico del contenido de dicha norma. Al mismo tiempo, las consejerías podrán hacer comentarios por la misma vía si lo consideran oportuno.
El departamento ha convocado este nuevo CISNS extraordinario tras cancelar el que estaba previsto para el pasado viernes, en el que se iba a abordar el real decreto para dotar de más transparencia a las listas de espera y otros asuntos como la distribución de fondos a las comunidades autónomas.
![Mónica García, ministra de Sanidad.](["https:\/\/s3.elespanol.com\/k\/imgp\/cms\/elespanol\/11359632.jpg?p=w:320\/h:240&h=dT2-EXDR"])
Finalmente, todos estos temas se debatirán en el próximo interterritorial ordinario previsto para el 23 de octubre.
Un movimiento que ha levantado el malestar entre las comunidades.
Según ha podido saber este diario, varias regiones han pedido al Ministerio que este asunto se debata en la convocatoria ordinaria del 23 de octubre ya que no es un "tema urgente".
